Director de AeroBoyacá confirma que no hubo control previo al vuelo de Yeison Jiménez

Juan José Navia, director del Servicio Aéreo de Boyacá (AeroBoyacá), aseguró que en el caso del accidente aéreo en el que falleció el cantante Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026 no se aplicó el control operacional obligatorio previo al despegue de la aeronave involucrada.

Navia señaló irregularidades en la ejecución de procedimientos de seguridad en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa.

Navia explicó que el denominado control operacional corresponde a un conjunto de verificaciones que deben realizarse antes de cada vuelo, y que su ausencia constituye una falla grave dentro de los estándares exigidos por la normatividad aeronáutica.

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El directivo hizo énfasis en que esta verificación es de cumplimiento obligatorio, al tratarse de un mecanismo esencial para garantizar que las condiciones de vuelo, incluidas las relacionadas con peso, combustible, documentación, condiciones meteorológicas y estado técnico del aparato, sean seguras.

En su intervención, el director de AeroBoyacá atribuyó parte de la responsabilidad al manejo administrativo del aeropuerto, al advertir que existen deficiencias en la supervisión de operaciones y obstáculos burocráticos que afectan el desarrollo regular de las actividades aéreas.

Indicó que, a pesar de los pagos realizados por concepto de arriendos, las autoridades locales no han facilitado la correcta implementación de operaciones aeronáuticas. “Cobran el arriendo, pero no permiten trabajar”, expresó Navia, quien añadió que ha sostenido conversaciones con anteriores y actuales responsables del terminal aéreo, alertando sobre falencias estructurales. Señaló también que el accidente pone en evidencia un primer evento de riesgo advertido previamente.

Uno de los aspectos técnicos que serán objeto de análisis por parte de la Aeronáutica Civil es el comportamiento de la aeronave durante el despegue.

Según explicó Navia, la altitud en la que opera el aeropuerto de Paipa impone exigencias adicionales a los aparatos, al simular condiciones de vuelo cercanas a los 10.000 pies de altura.

En esas circunstancias, el rendimiento de los motores se ve afectado, lo que requiere una planificación precisa, especialmente en casos donde el avión va cargado con pasajeros y combustible a su capacidad máxima.

A esto se suma la configuración del terreno, que puede generar dificultades adicionales durante la fase de ascenso inicial.

De acuerdo con los primeros informes, el avión despegó rumbo al departamento de Antioquia, pero perdió sustentación poco después de abandonar la pista, estrellándose en las inmediaciones del terminal.

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Los análisis posteriores al accidente indicarían que no se alcanzó la velocidad mínima requerida antes de llegar al segundo tercio de la pista, punto a partir del cual resulta más riesgoso intentar detener la aeronave que forzar el despegue.

Navia recalcó que, una vez superado ese umbral sin velocidad suficiente, detenerse es una maniobra incorrecta y puede derivar en una catástrofe, como sucedió en este caso.

El directivo también cuestionó la contratación de una agencia de viajes sin certificación como operador aeronáutico, la cual habría estado encargada de la logística de vuelos de Satena en la zona.

En su opinión, esta decisión es reflejo de una administración que no cuenta con la preparación adecuada para gestionar operaciones comerciales de manera responsable. 

Señaló que esta situación es parte de una cadena de omisiones que, sumadas, configuran un escenario que amerita una revisión estructural. “Aquí se va a destapar la caja de Pandora”, advirtió, al señalar que se han mantenido prudentes hasta la presentación oficial de los resultados preliminares de la investigación.

Navia insistió en la necesidad de determinar si existió una falla sistemática en la aplicación de los protocolos previos al vuelo.

Afirmó que ni el control documental ni la revisión de condiciones técnicas del avión fueron realizados conforme a los procedimientos obligatorios. “Nadie hizo un control del avión antes de despegar”, manifestó.

Esta omisión —afirmó— obliga a indagar la actuación de las autoridades responsables de garantizar la seguridad operacional del aeropuerto y del operador aéreo.

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