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Carrotanques de La Guajira: Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal a exdirectivos de la UNGRD
La investigación ha revelado una serie de irregularidades que han llevado a un sobrecosto de $7.760 millones.
En un reciente comunicado, la Contraloría General de la República (CGR) se refirió al caso de la adquisición de 40 carrotanques destinados a la distribución de agua potable en el departamento de La Guajira. La investigación ha revelado una serie de irregularidades que han llevado a un sobrecosto significativo, generando dudas sobre la transparencia del proceso.
Sobrecosto millonario y responsabilidad fiscal
La CGR ha identificado un sobrecosto alarmante de $7.760 millones en la compra de estos carrotanques. Como respuesta a estas irregularidades, se ha iniciado un proceso de responsabilidad fiscal contra exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y representantes legales de las empresas involucradas.
Por el presunto sobrecosto de $7.760 millones en la adquisición de los 40 carrotanques para distribuir agua potable en La Guajira, la CGR abre proceso de responsabilidad fiscal a exdirectivos de la @UNGRD y otros, y decreta embargos en su contra.https://t.co/DjiBEi0HmI
— Contraloría General (@CGR_Colombia) March 12, 2024
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La investigación ha puesto al descubierto fallas procesales y de transparencia en el proceso de adquisición. La falta de presentación de estudios previos, estudios de mercado y un plan de acción específico por parte de la UNGRD agrava las sospechas de irregularidades en la gestión de los recursos destinados a mitigar la crisis hídrica en La Guajira.
Irregularidades descubiertas por la CGR
La CGR ha descubierto vínculos entre las empresas cotizantes, especialmente la adjudicataria Impoamericana Roger SAS, cuyo objeto social no incluía la venta de carrotanques. Además, la empresa adjudicataria era la de menor capacidad entre las tres cotizantes, planteando interrogantes sobre la selección y adjudicación de proveedores.
Nueve carrotanques fueron entregados y pagados a pesar de tener una capacidad inferior a la contratada, lo que constituye un presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas. Sorprendentemente, estos vehículos, destinados a abordar una crisis hídrica, solo comenzaron a utilizarse tres meses después de su recepción y dos meses después de su pago, según la UNGRD.
La falta de presentación de la certificación de la debida desinfección de los tanques de acero inoxidable ha levantado preocupaciones adicionales. La gravedad de estas irregularidades ha llevado a la Contraloría a calificar el caso como de "impacto nacional.
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