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CIDH condena atentado contra periodista en Guaviare y pide fortalecer protección de la UNP
El organismo internacional alertó sobre fallas en las medidas de protección del periodista Gustavo Chicangana, víctima de un atentado junto a su esposa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron el atentado del que fueron víctimas el periodista Gustavo Chicangana Álvarez y su esposa Ana Milena Torres, en San José del Guaviare. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de julio frente a su residencia, pese a que el comunicador contaba con medidas de protección desde 2013.
Chicangana, director de la emisora Guaviare Estéreo, había denunciado amenazas recientes por parte de grupos armados ilegales y había solicitado reforzar su esquema de seguridad. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han señalado posibles fallas en la respuesta estatal, lo que, según la CIDH, evidencia debilidades en la evaluación del riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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Tras el ataque, el Estado colombiano trasladó al periodista a Bogotá para recibir atención médica urgente, activó rutas de protección adicionales e inició acciones para salvaguardar al resto del equipo periodístico de Guaviare Estéreo.
Las autoridades también informaron sobre la captura de dos personas presuntamente vinculadas al atentado, imputadas por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
Pese a estos avances, la CIDH y su Relatoría manifestaron su preocupación por la limitada capacidad de la UNP para prevenir este tipo de ataques, especialmente en un contexto de violencia creciente en el Guaviare, donde operan grupos armados en confrontación. En ese sentido, instaron al Estado a realizar una revisión técnica urgente de sus protocolos de protección.
Finalmente, los organismos internacionales hicieron un llamado al gobierno colombiano para garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo, particularmente en zonas de conflicto y de negociación con actores armados ilegales, donde la labor informativa enfrenta graves obstáculos como censura, autocensura y desplazamientos forzados.
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