Contraloría revela irregularidades por $78.400 millones en el sistema penitenciario

Una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General de la República reveló graves fallas en la gestión fiscal del sistema penitenciario colombiano. En el informe, que evaluó el accionar del ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec frente al cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional sobre el Estado de Cosas Inconstitucionales, se identificaron 119 hallazgos, de los cuales 15 tienen presunta incidencia fiscal por un valor de $78.400 millones.

Uno de los aspectos más críticos se relaciona con la infraestructura carcelaria. La Corte había ordenado la entrega de proyectos antes del 21 de abril de 2024; sin embargo, obras en Espinal, Itagüí, Barranquilla, Ipiales, Buga, Pereira y Sábanas de San Ángel no han sido finalizadas ni entregadas a satisfacción. Esto mantiene inhabilitados 4.783 cupos penitenciarios. La Contraloría reportó hallazgos fiscales por fallas en mantenimiento de calderas, estaciones de bombeo, impermeabilizaciones y obras complementarias en varias cárceles.

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En el componente de alimentación, se detectó un detrimento de $331 millones por equipos sin uso en El Barne. Además, los ranchos y centros de producción presentan serias deficiencias sanitarias, de seguridad y diseño, lo que representa un riesgo de contaminación para los alimentos suministrados a las personas privadas de la libertad.

En cuanto a la salud, se evidenciaron tres hallazgos fiscales por $64 millones debido a equipos biomédicos inactivos en las cárceles La Modelo, La Picota y Buen Pastor. Se documentaron retrasos en consultas médicas y procedimientos, con 2.199 exámenes diagnósticos pendientes y 4.124 órdenes de medicamentos sin entregar, además de deficiencias en el manejo de fármacos vencidos y deterioro en unidades de sanidad.

Respecto a los Centros de Detención Transitoria (CDT), la Contraloría concluyó que persiste una violación estructural de derechos. El 100% de los CDT visitados presenta hacinamiento extremo, con ciudades como Quibdó, Barranquilla y Bucaramanga alcanzando sobrepoblaciones del 500%. Se identificaron 21.000 personas detenidas en estaciones de policía, muchas de ellas condenadas, pese a la orden judicial de traslado a centros penitenciarios.

Adicionalmente, se encontraron falencias graves en el acceso a la justicia: falta de conectividad en salas de audiencia, equipos insuficientes y dificultades para identificar a capturados extranjeros dentro de los tiempos legales, lo que pone en riesgo su judicialización.

Finalmente, la Contraloría alertó sobre la ausencia de programas de resocialización eficaces. Solo el 2% del presupuesto del sistema penitenciario se destina a acciones de reintegración, y la tasa de reincidencia entre los capturados supera el 20%, sin que existan indicadores que midan el impacto de los programas actualmente implementados.

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