Esperanza Gómez Vs Meta: Corte Constitucional ordena reglas claras en moderación de contenidos

La Corte Constitucional se pronunció por primera vez sobre la moderación de contenidos en redes sociales, al fallar a favor de la influenciadora digital Esperanza Gómez, cuya cuenta de Instagram —con más de cinco millones de seguidores— fue eliminada por Meta sin una justificación clara ni un trato equitativo frente a otros perfiles con publicaciones semejantes.

El Alto Tribunal analizó una acción de tutela presentada por Gómez Silva, quien alegó violación de sus derechos a la libertad de expresión, igualdad, debido proceso, trabajo y libre escogencia de profesión, tras el cierre de su cuenta. La demandante sostuvo que la decisión de Meta estuvo motivada por su pasado en la industria pornográfica.

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La Corte abordó asuntos novedosos, como la competencia de jueces colombianos en conflictos digitales con empresas extranjeras, concluyendo que el carácter transnacional de Internet no excluye la obligación del Estado de proteger los derechos fundamentales cuando los efectos recaen en Colombia. También precisó que, si bien las plataformas deben moderar contenidos para garantizar seguridad en línea, esa facultad no puede ejercerse sin transparencia, proporcionalidad ni debido proceso.

En su fallo, el tribunal consideró que el cierre de la cuenta fue arbitrario y discriminatorio, pues Meta aplicó de forma inconsistente sus políticas sobre desnudez y servicios sexuales, manteniendo activas otras cuentas con contenidos similares. Aunque ya no es posible restablecer el perfil eliminado, la Corte habilitó a la demandante para acudir a la justicia ordinaria en busca de reparación.

Además, impartió varias órdenes a Meta: crear un canal electrónico visible para notificaciones judiciales en Colombia, garantizar que sus políticas estén disponibles en español, revisar las condiciones de uso de Instagram y precisar las reglas sobre contenidos sexuales implícitos. 

También instó a su Consejo Asesor a emitir un dictamen consultivo sobre la moderación de desnudos y actividades sexuales de adultos, especialmente frente al uso de conductas offline como criterio de sanción.

Con esta decisión, la Corte sentó un precedente histórico en la protección de los derechos fundamentales de los influenciadores y en la regulación de la moderación de contenidos en el país.

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