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Imputan a expresidente de la Nueva EPS por presunto desfalco de $70.500 millones a IPS

La Fiscalía acusa a José Fernando Cardona Uribe y a tres exdirectivos de ocultar 14 millones de facturas para mostrar finanzas ficticias y evitar intervención estatal. Ninguno aceptó cargos.

José Fernando Cardona Uribe Nueva EPS
Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 10/04/2025 - 12:55 Créditos: Imagen tomada de Nueva EPS

Este 10 de abril, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y a otros tres exdirectivos de la entidad, señalándolos de haber desviado recursos por más de $70.500 millones mediante el presunto ocultamiento de facturas emitidas por Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Según el ente acusador, entre 2019 y 2023 no se habrían procesado cerca de 14 millones de documentos contables, lo que permitió maquillar la situación financiera de la EPS y evitar la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

“El ocultamiento sistemático de estas facturas permitió presentar estados financieros falsos que mostraban utilidades inexistentes, ocultando pérdidas millonarias que hubieran obligado a una intervención estatal mucho antes de 2024”, afirmó la Fiscalía 44 durante la audiencia.

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José Fernando Cardona, quien lideró la EPS durante 15 años, fue imputado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación. Por su parte, Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas) enfrentan cargos por falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos públicos.

El fiscal encargado fue enfático al señalar que Cardona Uribe, como representante legal y ordenador del gasto, tenía la responsabilidad de informar a la junta directiva y a la asamblea sobre la verdadera situación económica de la entidad, pero en cambio habría utilizado su cargo para ocultarla y favorecer intereses particulares.

Pese a la gravedad de los hechos, la juez del caso negó la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que no se evidenció riesgo de obstrucción a la justicia ni peligro para la comunidad. Los implicados no aceptaron los cargos.

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