Polémica por traslado de cabecillas criminales a evento con Petro en Medellín: Inpec responde

Una resolución del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmó que la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, solicitó el traslado temporal de nueve cabecillas criminales de Medellín para asistir a un acto público con el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio. El evento tuvo lugar en la plazoleta de La Alpujarra, en el centro administrativo de la capital antioqueña, en el marco de la estrategia de paz urbana impulsada por el Gobierno Nacional.

El documento fue firmado por el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, director (e) de Custodia y Vigilancia del Inpec, y señala que Zuleta, en su calidad de “coordinadora para la construcción de paz urbana – Medellín y Valle de Aburrá”, envió una solicitud oficial el 19 de junio para permitir la salida de prisión de los reclusos.

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Los presos que participaron en el evento con el jefe de Estado son:

• Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom
• Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo
• Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre
• Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias el Compa
• Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23
• Élder Darbry Zapata Rivera, alias Grande Pa
• José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas
• Dayron Alberto Muñoz Torres
• Walter Alonso Román Jiménez

La presencia de estos delincuentes condenados por concierto para delinquir y otros delitos generó un fuerte rechazo en la opinión pública y motivó una ola de críticas, así como el inicio de acciones judiciales contra la congresista Zuleta por presunta violación de la ley.

En respuesta a un derecho de petición, el Inpec defendió su actuación afirmando que no se requería autorización judicial para los traslados, basándose en el artículo 72 de la Ley 65 de 1993 y el Decreto 4151 de 2011, que le otorgan autonomía en el control y ubicación de las personas privadas de la libertad.

Además, la entidad justificó la medida citando el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución, señalando que la solicitud se realizó en articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y en calidad del presidente como suprema autoridad administrativa del Inpec.

El caso continúa generando debate sobre los límites de la política de "paz total" del Gobierno, así como el papel de los congresistas en procesos sensibles relacionados con estructuras criminales.

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