Dan luz verde a comité que busca referendo para derogar Acuerdo de Paz del 2016

La Registraduría Nacional del Estado Civil admitió la inscripción de un comité ciudadano que busca convocar a un referendo derogatorio del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre las Farc-EP y el Estado colombiano. La decisión, oficializada mediante la Resolución 9509 del 5 de agosto de 2025, abre el camino para que los promotores inicien la recolección de firmas, requisito indispensable para que la iniciativa avance hacia una eventual votación.

El comité quedó inscrito bajo el nombre “Referendo derogatorio del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de la Paz Total”. Según la Registraduría, el grupo deberá recolectar 2.056.780 rúbricas válidas, equivalentes al 5% del censo electoral vigente, compuesto por 41.135.609 personas.

El vocero designado del comité es el abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal, quien asumirá la representación legal, administrativa y financiera del proyecto. Rocha afirmó que se trata de una iniciativa ciudadana independiente: “Nuestra iniciativa es ciudadana. Yo no hago parte del Centro Democrático en la actualidad, fui miembro en 2016, cuando hicimos campaña por el ‘No’ al plebiscito. No tengo apoyo financiero ni económico de nadie. Respetaremos los topes de financiación y jugaremos bajo las reglas del Estado de derecho en democracia”.

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De lograr las firmas, el proceso pasará a la Corte Constitucional, que evaluará su viabilidad jurídica. Posteriormente, corresponderá al Congreso de la República decidir si convoca al electorado. El referendo, en caso de realizarse, solo será válido si logra la participación de al menos el 25% del censo, es decir, unos 10,28 millones de votantes.

El vocero del comité criticó la forma en que la comunidad internacional ha respaldado el Acuerdo de Paz: “Lamento que internacionalmente tengan tanto apoyo, porque internamente no lo tienen. La comunidad internacional tiene la posibilidad de copiar nuestros errores, pero el pueblo colombiano tiene la libertad y la capacidad de enmendarlos. A diferencia de lo que dicen, la implementación de los acuerdos fue un fracaso institucional y presupuestal”.

Con esta decisión, la Registraduría abre un nuevo capítulo en el debate sobre la vigencia del Acuerdo de Paz, que a casi una década de su firma sigue dividiendo a la opinión pública en Colombia.

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