Procurador alerta grave crisis de la niñez indígena y advierte sanciones a funcionarios

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, calificó como “doloroso” el deterioro de la situación de la niñez indígena en Colombia, pese a los esfuerzos de la Corte Constitucional y del Ministerio Público. “El diagnóstico pone en relieve la profunda victimización de la niñez indígena en el marco del conflicto armado”, aseguró durante el foro “La Primera Infancia Indígena”, realizado en la Contraloría General de la República en Bogotá.

El jefe del Ministerio Público reiteró que la prevención es su principal prioridad, pero advirtió que se aplicarán sanciones severas si los agentes del Estado no cumplen con su deber de proteger a estas comunidades. “Si los funcionarios no actúan para proteger las vidas de estas comunidades vulnerables, vamos a sancionar de manera ejemplar a los responsables”, enfatizó.

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Eljach señaló que, cinco años después de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la crisis humanitaria del pueblo Wayúu, las respuestas estatales siguen siendo insuficientes. Según indicó, la Procuraduría ha emitido exhortos y pronunciamientos ante la Sala Especial de Seguimiento y las entidades del Estado vinculadas al ECI, con el fin de exigir resultados concretos.

El Procurador también reveló cifras alarmantes sobre el reclutamiento infantil: “En 2024, de 578 casos reportados, 277 correspondieron a menores indígenas, y la tendencia continuó en el primer semestre de 2025 con 25 de 55 casos”. Además, precisó que existen 644.433 menores de 15 años pertenecientes a comunidades indígenas, lo que representa el 33,8 % de esa población, y que las brechas en sus oportunidades se deben a graves fallas estructurales de gobernanza.

De acuerdo con el ente de control, los planes de acción territorial no se elaboran en coordinación con las autoridades indígenas, lo que genera programas alejados de sus verdaderas necesidades. Eljach añadió que las comunidades enfrentan “barreras insuperables” para el goce efectivo de sus derechos, como la falta de infraestructura, la deficiente atención en salud y educación, la escasez alimentaria y la dispersión geográfica de los resguardos.

Finalmente, el Procurador fue contundente al señalar que este fracaso estatal está vinculado a la incapacidad para superar el conflicto armado interno y aplicar un enfoque diferencial real. “No podemos admitir, como representantes de la sociedad, que los burócratas sigan condenando al olvido a las etnias mientras sus niños mueren”, concluyó.

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