Renuncian cuatro abogadas de la ANDJE en medio de polémica por firma Astrea

Cuatro abogadas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), adscritas a la Dirección de Defensa Internacional, presentaron su renuncia irrevocable en las últimas horas. La decisión se da en medio de la controversia por la vinculación de la firma Astrea S.A.S. en un millonario contrato de defensa internacional. Además, otros tres contratistas de la entidad también terminaron anticipadamente sus contratos.

El escándalo estalló tras la denuncia del exsenador Jorge Robledo, quien cuestionó la inclusión de Astrea S.A.S. como enlace en Colombia de la multinacional Hughes Hubbard & Reed (HHR). 

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La firma, constituida en noviembre de 2024 en Cúcuta por un joven de 25 años y una mujer de 32, no figura en los registros del Consejo Superior de la Judicatura, lo que ha generado dudas sobre su idoneidad y experiencia en litigios internacionales.

Según el diario El Tiempo, las abogadas renunciantes formaban parte del Grupo de Arbitrajes de Inversión de la ANDJE y fueron quienes alertaron sobre la aparición de Astrea en la propuesta presentada por HHR. Aunque el director de la entidad, César Palomino, no solicitó sus renuncias, fuentes indican que estas fueron presentadas como una forma de "protesta" ante la situación.

A pesar de que la firma Astrea aparece en la propuesta de HHR únicamente como "punto de contacto en Colombia" y no como aliada, su presencia ha levantado sospechas en la comunidad jurídica. Expertos cuestionan cómo una firma sin trayectoria ha sido incluida en un proceso de defensa clave para evitar que Colombia pierda $1,7 billones en un litigio internacional.

Santiago Ramón Capacho, oriundo de Pamplona, es el representante legal de Astrea, mientras que Ana Virginia Carrero, de Durania, figura como accionista. La falta de experiencia de ambos en arbitrajes de inversión sigue alimentando el debate sobre la transparencia en la adjudicación de este contrato.

El caso sigue en desarrollo, mientras se espera que la ANDJE y las autoridades competentes aclaren los criterios de selección de firmas en procesos de defensa internacional que comprometen recursos del Estado.

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