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Juez bloquea intento de Trump de usar ley de guerra de 1798 para deportar a venezolanos

El fallo representa un revés legal significativo al uso de poderes presidenciales extraordinarios para expulsar presuntos pandilleros.

deportaciones eeuu
Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 01/05/2025 - 18:33 Créditos: Imagen tomada de X: @PressSec

Un juez federal en Texas dictaminó que el presidente Donald Trump invocó de manera indebida la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos pandilleros venezolanos, en una decisión que podría escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. La proclamación presidencial, emitida el pasado 15 de marzo, había provocado arrestos masivos y una ola de litigios legales.

El juez Fernando Rodríguez Jr., designado por el propio Trump, concluyó que las condiciones legales para aplicar esta ley no se cumplían, pues Estados Unidos no se encuentra en una guerra ni enfrenta una invasión extranjera. Por lo tanto, consideró que la expulsión de inmigrantes sin el debido proceso legal violaba el estatuto.

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Este es el primer fallo sustantivo que cuestiona el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) para deportaciones y establece una prohibición permanente de estas prácticas en el sur de Texas. Aunque la decisión no impide al gobierno usar otras herramientas legales, como la Ley de Inmigración y Nacionalidad, sí limita el alcance de la proclamación de Trump.

El caso gira principalmente en torno a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados al grupo delictivo Tren de Aragua, que, según el gobierno, representan una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, muchos de los afectados han negado cualquier vínculo con la pandilla y aseguran que fueron detenidos sin pruebas suficientes.

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai calificó el fallo como “impactante” y señaló que va en contra del mandato otorgado por millones de votantes a Trump para hacer cumplir las leyes migratorias. Mientras tanto, organizaciones defensoras de inmigrantes celebran la decisión como un freno a medidas consideradas arbitrarias y excesivas.

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