Caso pasaportes en Colombia: así fue la polémica licitación en el gobierno Petro y la renuncia de Laura Sarabia

Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, la contratación para la elaboración de pasaportes ha sido fuente constante de polémicas, decisiones cuestionadas y enfrentamientos institucionales.

El proceso comenzó a generar controversia en mayo de 2023, cuando la Cancillería abrió una licitación por cerca de $600.000 millones para la impresión y suministro de pasaportes.

Siete empresas se retiraron anticipadamente del proceso, argumentando que los requisitos establecidos favorecían únicamente a Thomas Greg & Sons, firma que históricamente había estado a cargo de este servicio desde 2007.

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Ante este escenario, el entonces canciller Álvaro Leyva Durán decidió declarar desierta la licitación y activar la figura de urgencia manifiesta, lo cual permitió prorrogar de manera directa el contrato con Thomas Greg.

Esta medida fue considerada irregular por distintos sectores, incluyendo a los entes de control. La Procuraduría General de la Nación sancionó a Leyva con una inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos, argumentando que no existieron fundamentos técnicos suficientes para anular el proceso licitatorio y que se había vulnerado el principio de transparencia en la contratación estatal.

En respuesta, Thomas Greg & Sons interpuso una demanda contra el Estado colombiano por más de $117.000 millones, alegando que había sido perjudicada de forma injustificada y que cumplía con todos los requisitos exigidos por la convocatoria.

Mientras tanto, el servicio de expedición de pasaportes se mantuvo en manos de la empresa por cuenta de la prórroga ejecutada a través de la declaratoria de urgencia.

Con la salida de Álvaro Leyva del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno nombró como canciller encargado a Luis Gilberto Murillo, quien adoptó una estrategia distinta: firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Portugal en octubre de 2024, con el propósito de que la Casa de la Moneda Portuguesa apoyara tecnológicamente a Colombia en el diseño, impresión y emisión de pasaportes.

Esta iniciativa incluía una fase de transición técnica y operativa para capacitar a la Imprenta Nacional y transferir progresivamente las capacidades.

Aunque el presidente Petro respaldó públicamente esta alianza, la implementación fue lenta y no se concretó contrato formal alguno con el gobierno luso antes de la salida de Murillo de la Cancillería.

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Ante la imposibilidad inmediata de reemplazar a Thomas Greg, Murillo autorizó una nueva prórroga con dicha empresa, extendiendo el contrato hasta agosto de 2025.

Con la llegada de Laura Sarabia al Ministerio de Relaciones Exteriores en enero de 2025, el proceso dio un nuevo giro. Sarabia se negó rotundamente a contratar a la Imprenta Nacional de Colombia, alegando que no contaba con la experiencia ni con los estándares de calidad para asumir la producción de pasaportes.

Además, explicó que una contratación directa con esta entidad implicaría un riesgo jurídico y operativo para el país. Su decisión, sin embargo, no fue hacia la empresa privada, sino en línea con el modelo portugués, al que se refirió como una “opción internacional confiable y moderna”.

En medio de esta controversia, el presidente Petro expresó su rechazo a cualquier nueva prórroga con Thomas Greg, calificando el proceso licitatorio anulado como “fraudulento”.

Anunció que no permitiría más extensiones del contrato vigente y ordenó, a través del jefe de gabinete Alfredo Saade, que se avanzara con un contrato tripartito entre la República de Colombia, la Imprenta Nacional y el gobierno portugués.

No obstante, a pesar de las declaraciones públicas del presidente, la Cancillería liderada por Sarabia tramitó una nueva extensión del contrato con Thomas Greg, lo que generó una tensión evidente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República.

A lo largo de estos meses, la situación ha generado incertidumbre sobre la continuidad del servicio y ha puesto en entredicho la viabilidad técnica del modelo impulsado por el Ejecutivo.

La Imprenta Nacional ha sido señalada por no contar con la infraestructura, ni la certificación internacional, ni la experiencia necesaria para asumir una tarea tan especializada. Incluso, estudios internos advertían que asumir la producción de pasaportes sin el respaldo de Portugal podría traducirse en pérdidas económicas significativas para la entidad estatal.

En respuesta, Thomas Greg & Sons anunció su disposición para retirar la demanda contra el Estado, como gesto de buena voluntad, siempre y cuando no se le excluyera de futuros procesos contractuales, un acto interpretado por algunos como presión para garantizar su permanencia en el negocio.

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