DEA vincula al hermano de Piedad Córdoba con el Cartel de los Soles y las disidencias de las Farc

El presidente Gustavo Petro, se refirió el pasado 7 de enero a la extradición de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora Piedad Córdoba, en un contexto marcado por la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El mandatario colombiano afirmó públicamente haber firmado la entrega del procesado, quien figura como uno de los protagonistas de una operación encubierta de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), desplegada desde Bogotá y orientada por su sede central en Washington.

El expediente judicial contra Córdoba Ruiz, contiene más de 80 actuaciones procesales registradas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se consolidó el caso en su contra.

La acusación, formulada por la Fiscalía Federal estadounidense, está sustentada en más de un año de investigaciones encubiertas y cientos de grabaciones entre los acusados y agentes infiltrados.

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Estas grabaciones reflejan la existencia de una supuesta alianza entre disidencias de las extintas Farc, el Cartel de los Soles y estructuras operativas en Venezuela para transportar droga hacia Estados Unidos a través de corredores en Centroamérica y México.

La figura de Córdoba Ruiz fue introducida por Libia Amanda Palacio Mena, otra de las personas procesadas y condenada a 14 años de prisión.

Palacio Mena se presentó inicialmente como intermediaria y aseguró tener vínculos con actores políticos en Colombia y con miembros de las disidencias.

Durante varias comunicaciones con fuentes encubiertas de la DEA, presentó a Córdoba como un contacto con capacidad logística y política para facilitar una operación transnacional de narcotráfico.

El 17 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una reunión clave entre Córdoba, Palacio y un informante del Gobierno estadounidense.

Durante ese encuentro, los involucrados ofrecieron una muestra de cinco kilogramos de cocaína, entregada por emisarios del grupo, como prueba de calidad del producto.

La DEA documentó que Córdoba participó directamente en esta negociación y ofreció acceso a contactos estratégicos, rutas, garantías de seguridad y capacidad de suministro.

Otro implicado central fue Alberto Alonso Jaramillo Ramírez, condenado a 12 años y 5 meses por conspiración para importar droga a Estados Unidos.

Según el expediente, Jaramillo fue presentado por Córdoba como exintegrante de la Policía Antinarcóticos y operador con contactos directos con organizaciones criminales, incluidos miembros del Cartel de los Soles.

En una reunión de septiembre de 2021, Jaramillo mencionó a “su gente” como parte de esta red, lo cual fue interpretado por las autoridades como una afirmación de conexión directa con dicha estructura.

El fiscal federal Damian Williams señaló que Córdoba y Jaramillo mantenían una relación previa basada en encargos y colaboración logística en otras actividades ilícitas.

Córdoba, según el fiscal, manifestó ante las fuentes encubiertas que contaba con el respaldo de su hermana Piedad Córdoba, quien para ese momento era reconocida como figura influyente en el ámbito político colombiano.

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El expediente revela que Córdoba Ruiz presentó a las fuentes a su hermana, afirmando que ella podía ofrecer apoyo logístico y político a cambio de respaldo financiero para su actividad electoral.

En una conversación grabada, Córdoba Ruiz facilitó una comunicación entre Piedad Córdoba y uno de los agentes encubiertos, a quien la exsenadora invitó a una convención política. 

Estas interacciones, documentadas por la DEA y reseñadas en el memorando de sentencia del caso, refuerzan la tesis de que Córdoba no era un actor secundario sino un facilitador estratégico.

El fiscal Williams aseguró que Córdoba cumplió su promesa de conectar a los supuestos integrantes del cartel mexicano —en realidad, agentes encubiertos— con contactos capaces de suministrar droga y brindar protección durante las operaciones.

La defensa de Córdoba argumentó que se trató de una inducción al delito por parte de las autoridades, pero el juez Lewis J. Liman rechazó esa posición. Como consecuencia de la negativa a anular las pruebas, Córdoba se declaró culpable el 2 de enero de 2024 por el delito de conspiración para importar narcóticos.

No obstante, tras esa admisión de responsabilidad, Córdoba activó una estrategia jurídica para revisar su condena. El 17 de noviembre de 2024 presentó un recurso de habeas corpus, solicitando que se considere una eventual nulidad o corrección del fallo.

La Corte ordenó a la Fiscalía emitir una respuesta en un plazo de 60 días, al considerar que los argumentos presentados no carecen completamente de fundamento legal.

El episodio judicial que rodea a Córdoba Ruiz volvió a adquirir relevancia luego de la declaración de Petro, quien lo mencionó en un acto público tras sostener una conversación telefónica con el expresidente Donald Trump.

Petro afirmó haber firmado la extradición de 700 personas relacionadas con el narcotráfico, incluyendo al hermano de Piedad Córdoba, quien falleció el 21 de enero de 2024.

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La declaración del presidente colombiano coincidió con el momento en que se desarrollaban operativos contra altos funcionarios venezolanos por su presunta relación con el Cartel de los Soles.

El Gobierno de Estados Unidos considera a esta red como una estructura de poder ilícito integrada por militares, agentes de inteligencia y funcionarios judiciales que facilitan el envío de grandes volúmenes de droga a territorio estadounidense.

La operación encubierta que permitió la captura de Córdoba fue desarrollada con tres informantes identificados como CS-1, CS-2 y CS-3, quienes representaban roles jerárquicos dentro de una supuesta organización criminal mexicana. “CS-3” contactó inicialmente a Palacio Mena, sirviendo de enlace con otros presuntos miembros del cartel.

“CS-1” actuó como líder de la organización ficticia y fue quien estableció una relación más estrecha con Córdoba Ruiz, incluso manteniendo comunicación con Piedad Córdoba.

En cuanto a “CS-2”, fue el informante con mayor cercanía operacional. Coordinó con Córdoba los detalles de protección en Colombia y trabajó directamente con Jaramillo en los aspectos logísticos.

También participó en la entrega de la muestra de cinco kilogramos de cocaína, trasladada desde una finca ubicada a las afueras de Medellín.

Durante ese procedimiento, una de las fuentes encubiertas entregó 15.000 dólares en efectivo, suministrados por un oficial de policía infiltrado, como pago simulado por el alijo de droga.

El operativo incluyó grabaciones de audio y video, registros de llamadas y documentación de reuniones. 

La Fiscalía de Estados Unidos usó estos elementos para sustentar su acusación, argumentando que los involucrados ofrecieron acceso a redes de tráfico, rutas, cargamentos y respaldo político para facilitar las operaciones criminales.

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