Gobierno anuncia fumigación con glifosato en zonas donde grupos armados obligan a sembrar coca

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno nacional ordenará fumigaciones con glifosato en zonas del país donde grupos armados ilegales obliguen a la población civil a sembrar cultivos de uso ilícito, especialmente hoja de coca.

La declaración se produjo tras un consejo de seguridad realizado en la Casa de Nariño, en medio de un escenario de recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país.

Según explicó el ministro, la medida busca enfrentar la coacción ejercida por organizaciones criminales sobre comunidades rurales, que son forzadas a participar en economías ilegales bajo amenaza.

Benedetti sostuvo que el Estado no puede permitir que los grupos armados sigan consolidando su control territorial a través del narcotráfico y aseguró que la fumigación será aplicada de manera focalizada, únicamente en aquellos lugares donde se compruebe la imposición violenta de los cultivos.

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El anuncio representa un giro significativo en la política antidrogas del actual Gobierno, que durante la campaña presidencial y en los primeros meses de mandato había rechazado el uso del glifosato y priorizado la erradicación manual y los programas de sustitución voluntaria.

No obstante, en semanas recientes el presidente Gustavo Petro había dejado abierta la posibilidad de recurrir nuevamente a esta herramienta en contextos excepcionales, especialmente ante el aumento de ataques contra la Fuerza Pública y el deterioro del orden público en zonas como el Cauca, el Catatumbo y el departamento del Cesar.

Benedetti señaló que la fumigación hará parte de una estrategia más amplia que incluye el refuerzo del pie de fuerza, el uso de tecnología para el control territorial y una mayor presencia institucional en las regiones afectadas.

De acuerdo con el ministro, el objetivo es debilitar las economías ilegales que financian a los grupos armados y recuperar el control del Estado en áreas donde la violencia ha impedido la implementación de otras políticas.

El uso del glifosato en Colombia ha sido históricamente polémico. Durante años fue una de las principales herramientas para la erradicación de cultivos ilícitos, pero generó fuertes críticas por sus posibles efectos sobre la salud humana y el medio ambiente.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, adscrita a la Organización Mundial de la Salud, clasificó esta sustancia como “probablemente carcinógena”, lo que alimentó el debate y llevó a restricciones y suspensiones de su uso, respaldadas además por fallos de la Corte Constitucional.

Aunque el ministro no detalló cuándo ni cómo se implementarán las fumigaciones, el anuncio ya ha generado reacciones encontradas.

Mientras algunos sectores consideran que la decisión es necesaria para enfrentar con mayor contundencia a los grupos armados y al narcotráfico, organizaciones sociales y ambientales han advertido sobre los riesgos de retomar una política que, aseguran, afecta de manera desproporcionada a comunidades campesinas e indígenas y no resuelve de fondo el problema de las economías ilegales.

Por ahora, el Gobierno insiste en que se trata de una medida excepcional y focalizada, enmarcada en la necesidad de responder a la violencia y a la presión ejercida por estructuras criminales.

Sin embargo, el debate sobre el regreso del glifosato vuelve a instalarse en la agenda pública, en un momento clave para la política de seguridad y de drogas en Colombia.

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