Ministro de Defensa no asistió al funeral de Miguel Uribe por pedido de la familia del senador

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó que no asistirá al funeral del exsenador Miguel Uribe Turbay, asesinado en un atentado que ha conmocionado al país. 

A través de un mensaje en la red social X, Sánchez expresó: “Respetando el deseo de la familia del senador Miguel Uribe Turbay (Q. E. P. D.), nuestras oraciones se unen, desde la distancia, a la ceremonia religiosa que honra su memoria y lo despide en su viaje eterno. Este momento doloroso nos invita también a la reflexión, a unirnos como país y a mantener el respeto, incluso en medio de las diferencias. Paz en su tumba y fortaleza a su familia ante la irreparable ausencia”.

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Para el Gobierno nacional, el narcotráfico y organizaciones armadas financiadas por esa actividad ilícita estarían vinculados con el atentado. Entre los señalados, el ministro mencionó a la Segunda Marquetalia, el grupo terrorista Eln y el cartel de alias "Mordisco". 

“Lo que se percibe en el mensaje ya transmitido por el señor presidente de la República es lo que se ha dicho, que organizaciones que viven del narcotráfico podrían estar relacionadas muy seguramente con el asesinato de nuestro senador Miguel Uribe. Dentro de esos está la Segunda Marquetalia, pero también el cartel del Eln, también el cartel de alias Mordisco”, afirmó Sánchez, subrayando que son hipótesis y que la Fiscalía deberá confirmar quién estuvo detrás del crimen.

Sánchez explicó que la disputa entre el cartel del Eln y la Segunda Marquetalia, disidencia de las extintas Farc, podría estar en el origen del asesinato. Como ejemplo, citó la muerte en Venezuela de alias Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia y uno de los presuntos cerebros del atentado, quien habría sido emboscado por el ELN cerca de la frontera colombo-venezolana. 

“Pudimos confirmar que, efectivamente, sí se trató del asesinato, por parte del Eln, al Zarco Aldinever (...) ¿Las razones? las de todo cartel, la pelea por el narcotráfico”, sostuvo el ministro.

La Fiscalía General de la Nación anunció que el caso será tipificado como magnicidio, lo que implica un homicidio de alto impacto político o social, y que pedirá una nueva audiencia de imputación de cargos contra los procesados, a quienes acusará de homicidio agravado. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, indicó que “el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio ya responden ante la justicia” y que continúa la búsqueda de los determinadores sin descartar ninguna hipótesis. Entre los seis capturados están un adolescente de 15 años, detenido en el lugar de los hechos con el arma homicida, y Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, señalado como coordinador del ataque.

A finales de julio, un joven de 17 años que presuntamente participó en las reuniones de planificación y que estaba bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en un centro de protección, escapó. El menor había firmado un compromiso para ampliar su declaración ante la Fiscalía, pero abandonó la medida de protección.

El ministro Sánchez precisó que las investigaciones avanzan en dos frentes: el judicial, liderado por la Fiscalía, y el de inteligencia, coordinado por el Ministerio de Defensa con apoyo de la comunidad de inteligencia nacional e internacional. En este último participan países como Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes y varias naciones europeas para intercambiar información que permita fortalecer la investigación.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, coincidió en señalar al Eln como posible responsable del crimen y descartó, por ahora, un móvil político. Durante la ceremonia de ascenso de generales del Ejército Nacional en la Escuela General Francisco de Paula Santander, afirmó: “No hay ninguna evidencia que indique, por ahora –y lo dejo en puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada– que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay”.

Petro aseguró que las acusaciones contra su Gobierno son infundadas. “Ni la UNP, que no tenía el cuidado del senador sino que complementaba, ni la Policía Nacional son responsables. 

Los responsables apuntan hacia otro lado y, por tanto, he decidido defenderme porque un presidente no debe admitir el delito, un delito que, además, está buscando más crímenes por odios ahí sí”, concluyó.

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