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HRW advierte que recortes a la Defensoría del Pueblo ponen en riesgo la protección de DD.HH en Colombia
La organización internacional alertó que la reducción presupuestal limitaría el monitoreo de violencia electoral y la protección de comunidades vulnerables en medio de un aumento de la violencia.
Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que los recortes presupuestales propuestos por el Gobierno de Gustavo Petro para la Defensoría del Pueblo representan una amenaza grave para la protección de los derechos humanos en Colombia.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 contempla una reducción del 3% en la financiación de la entidad, lo que equivaldría a un déficit de 32,3 millones de dólares. Según HRW, este ajuste dejaría a la Defensoría con un 9,7% menos de los recursos necesarios para su operación. Además, los fondos de inversión sufrirían un recorte del 30%, limitando su capacidad para ampliar operaciones y fortalecer el monitoreo en territorios afectados por la violencia.
La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, advirtió que “en medio del aumento de la violencia de los grupos armados, los recortes en la asistencia internacional y con unas elecciones cruciales el próximo año, es fundamental que la Defensoría cuente con los recursos que necesita”.
De acuerdo con datos de la OCHA, durante el primer semestre de 2025 la violencia afectó a 1,45 millones de personas en el país, mientras que los desplazamientos forzados superaron los 70.200 casos. Los homicidios crecieron un 3,1 % y los secuestros un 53%, lo que refleja un deterioro de la situación humanitaria.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín, también expresó su preocupación, señalando que los recortes afectarían el funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y limitarían el monitoreo de las elecciones de 2026.
HRW recordó que, en paralelo, la cooperación internacional también se ha reducido. En junio, la ONU cerró tres oficinas en regiones críticas y despidió a casi la mitad de su personal en el país, mientras que USAID suspendió programas de prevención de violaciones de derechos humanos.
La organización instó al Gobierno y al Congreso a reconsiderar los ajustes presupuestales, advirtiendo que debilitar la Defensoría en este momento crítico “socavaría las herramientas necesarias para proteger a la población frente a violaciones de derechos humanos”.
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