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Incautan 14 túneles usados para minería ilegal del Clan del Golfo en Antioquia
Petro calificó la operación como el mayor golpe contra la extracción ilícita de oro en la historia del país.

El presidente Gustavo Petro confirmó la incautación de 14 túneles y bienes utilizados por el Clan del Golfo para la extracción ilegal de oro en Buriticá, occidente de Antioquia. Según el mandatario, el material incautado representaba una operación criminal valorada en cerca de tres billones de pesos anuales.
“Este es el golpe más grande en la historia del país contra la minería ilegal”, afirmó Petro en su cuenta de X, destacando que la operación representa un avance estratégico en la lucha contra las economías ilícitas que financian la violencia en el departamento.
De acuerdo con el jefe de Estado, el oro extraído por el Clan del Golfo era utilizado para la compra de armas y la financiación de sus actividades criminales. “Sin economía ilícita deja de existir la mafia armada”, agregó, insistiendo en que la minería ilegal se ha convertido en uno de los principales motores del conflicto en el país.
El mandatario anunció que los túneles y bienes incautados serán entregados a cooperativas de pequeños mineros con tradición en Buriticá, en un proceso de formalización que busca reemplazar las economías ilegales por actividades mineras legales y sostenibles. El Estado, según explicó, comprará el oro a precios cercanos al mercado internacional, destinando un porcentaje como regalía local.
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Petro también ordenó fortalecer la presencia institucional en el municipio, con la entrada en operación de la Nueva EPS, la modernización del hospital local y la llegada de la universidad pública. “Queremos transformar Buriticá en un modelo de minería legal y desarrollo social”, señaló.
El presidente reiteró que la Agencia Nacional Minera deberá priorizar la titulación de los pequeños mineros para garantizar seguridad jurídica y condiciones laborales dignas. “La titulación debe ser la actividad diaria, 24/7, de la ANM”, enfatizó.
Finalmente, advirtió que las regiones con vocación agraria o minera tradicional no deben ser convertidas en territorios de especulación, sino en ejemplos de desarrollo sostenible y equitativo bajo la vigilancia del Estado.
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