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Informe de la ONU: afectaciones en los niños por conflicto en el Catatumbo
Más de 46 mil menores sin clases por el conflicto armado, según la ONU
La región del Catatumbo, Norte de Santander, atraviesa una grave crisis humanitaria derivada de la intensificación de la violencia.
En este contexto, cerca de 46 mil menores de edad han visto interrumpido su acceso a la educación debido a la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos).
La situación, catalogada como alarmante por el organismo internacional, constituye una seria violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Los enfrentamientos entre grupos armados han provocado asesinatos, desplazamientos masivos, confinamientos y otras formas de violencia que afectan principalmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Entre los pueblos más afectados se encuentran los Bari y los Yukpa, integrados en 23 comunidades que han sufrido las consecuencias directas del conflicto.
Consecuencias del conflicto
El Catatumbo ha sido escenario de múltiples hechos de violencia en las últimas semanas. Fuentes oficiales reportan al menos 80 homicidios, el desplazamiento de más de 18 mil personas y el confinamiento de más de mil habitantes en zonas rurales.
Además, se ha registrado el asesinato de dos defensores de derechos humanos, Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero, quienes eran líderes sociales destacados en la región.
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El temor generado por las amenazas ha obligado a líderes sociales y sus familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en municipios como Ocaña y Cúcuta.
La situación de seguridad ha deteriorado aún más la vida de quienes permanecen en la zona, en un entorno marcado por el temor constante y la falta de garantías para sus derechos fundamentales.
Responsabilidad de los actores armados
La ONU ha señalado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como uno de los principales responsables de la escalada de violencia en el Catatumbo. No obstante, el organismo ha reiterado su llamado a todos los grupos armados que operan en el territorio para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y cesen las acciones que afectan a la población civil.
En paralelo, la ONU ha exhortado al Gobierno Nacional a fortalecer las medidas de protección para las comunidades vulnerables y a intensificar la asistencia humanitaria destinada a los desplazados y confinados.
Políticas públicas y desafíos
El organismo internacional ha reconocido los esfuerzos del Estado colombiano a través de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana – Garantías para la vida y la paz 2022-2026. Sin embargo, ha insistido en la necesidad de implementar estrategias más efectivas para desarticular las organizaciones armadas ilegales que perpetúan la violencia en la región.
También ha subrayado la importancia de poner en marcha la Política Pública de Desmantelamiento de organizaciones criminales, como un paso fundamental para abordar las causas estructurales del conflicto y promover la estabilidad territorial.
Protección a líderes sociales
El papel de los líderes sociales y defensores de derechos humanos ha sido destacado por la ONU, debido a su relevancia en la protección de las comunidades afectadas. El organismo ha instado a las autoridades a garantizar la seguridad de estos actores y a implementar medidas que permitan su trabajo sin riesgos ni amenazas.
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