Procuraduría inhabilitó a exsecretaria de Infraestructura de Daniel Quintero, por ampliación irregular de contrato

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia con destitución e inhabilidad por nueve años a Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura Física de Medellín, y a Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques. La medida se adoptó tras comprobarse la ampliación sin justificación legal de un contrato millonario para la conservación de zonas verdes en la ciudad.

De acuerdo con el fallo, el contrato fue firmado el 3 de noviembre de 2020 por un valor de $5.226 millones, con un plazo de ejecución de tres meses, hasta el 3 de febrero de 2021. Sin embargo, se extendió hasta el 10 de junio de ese año bajo el argumento de medidas adoptadas para mitigar los efectos del covid-19, sin que existiera un soporte legal suficiente.

La Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1 concluyó que la ampliación desconoció los principios de economía y eficacia de la función administrativa, y evidenció un ánimo de favorecer intereses ajenos a los fines del Estado. El Ministerio Público calificó la conducta como falta gravísima cometida con culpa gravísima.

El caso hace parte de una investigación más amplia iniciada por la Fiscalía General de la Nación en noviembre de 2023 sobre presuntas irregularidades contractuales durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. En ese proceso se han vinculado a más de 20 personas, entre exfuncionarios y contratistas, por contratos suscritos en entidades como Metroparques, Inder, Buen Comienzo y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La Fiscalía señaló que, en el contrato de zonas verdes, Metroparques convocó a tres empresas pertenecientes al mismo núcleo familiar mediante invitación privada, y seleccionó a una de ellas para ejecutar el proyecto, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. También se imputaron delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

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Otros contratos de la época, como uno firmado en septiembre de 2020 para apoyo logístico en eventos recreativos y deportivos, también fueron objeto de adiciones presupuestales y prórrogas que aumentaron su valor a $24.205 millones y extendieron su ejecución hasta julio de 2022. En este proceso la Fiscalía imputó cargos a la exdirectora del Inder, Diana Paola Toro Zuleta, y al representante legal de la empresa contratista CYAN.

El fallo disciplinario contra Urrego y Liévano es apelable y, mientras avanza el trámite judicial, la investigación continúa bajo la lupa de los entes de control, que advierten sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y transparencia en la contratación pública.

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