Han pasado más de dos años desde que una noticia estremeció al país. Yuliana Samboní, una pequeña de apenas seis años de edad, había sido secuestrada, violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años perteneciente a una de las familias más pudientes, reconocida en el ámbito de la construcción y el derecho.
Confesó haber cometido el crimen en la primera audiencia que se realizó en su contra ante un juez de control de garantías. Su destino se definió pocos meses después, pasará, según lo dispuso la justicia, los próximos 58 años de su vida en una prisión. Con su delito, no solo acabó con la vida de la niña. También destruyó la de la familia de la pequeña, los Samboní quienes no superan la pérdida y la de su propia familia los Uribe Noguera.
Hoy, el destino de sus hermanos, Rafael y Catalina Uribe Noguera, se debate en los estrados. Se inició el juicio en su contra. La Fiscalía los acusa de encubrir a su hermano y de haber ocultado y destruido pruebas determinantes para el esclarecimiento de los hechos que desencadenaron en la muerte de la menor, el 4 de diciembre de 2016.
Esta semana se cumplió el segundo día de juicio en contra de los hermanos Uribe Noguera con la presentación de varios testigos. La Fiscalía, para demostrar su teoría del caso, inicialmente solicitó que se escuchara en los estrados judiciales a 99 testigos. En esencia, se trata de todos aquellos que tuvieron relación con el proceso desde el momento en que a través de la línea de emergencia 123 se alertó del secuestro de la menor Yuliana Samboní, ocurrido sobre las 9 y 15 am en el barrio Bosque Calderón Tejada, al norte de Bogotá.
Pero, el juez 46 penal solo aceptó la comparecencia de cerca de 40 testigos y la Fiscalía utilizará el testimonio de 25. Los demás fueron descartados porque la intención del juicio no era demostrar el responsable del crimen, ni ahondar en los detalles del mismo, porque estos ya habían sido resueltos con la aceptación de cargos y confesión de Rafael Uribe Noguera. En otras palabras, lo que el funcionario judicial consideró es que no eran pertinentes ni útiles los testimonios de algo que ya estaba demostrado.
Así las cosas, la fiscal del caso, María Lorenza del Castillo Montero, adscrita al despacho de la vicefiscal Maria Paulina Riveros, afronta uno de los retos profesionales más importantes de su vida, como quiera que es el primer proceso que lleva a juicio en un caso de alta sensibilidad. Con un grupo reducido de testigos deberá demostrar que los hermanos Uribe Noguera encubrieron a su hermano y eliminaron pruebas.
Del otro lado, la defensa de los procesados afirma tener todos los elementos de prueba para demostrar la inocencia de los acusados, incluso advierte que se evidenciará la colaboración que los hermanos Noguera brindaron con las autoridades desde el primer momento. Una ayuda, que afirman, fue determinante para lograr la captura, el esclarecimiento de los hechos y la condena a 58 años de prisión, que hoy purga en la cárcel más temida del país, La Tramacúa, en Valledupar, su hermano Rafael Uribe Noguera.
Los hechos en que se basa el ente acusador para endilgarle responsabilidad a los hermanos Uribe Noguera, se inician desde el momento en que el intendente de la policía, Álvaro Rincón Devia, al revisar una cámara de seguridad de una panadería del sector identificó la camioneta que se usó para secuestrar la niña. Un vehículo Nissan X-Trail, color gris de placas DBO 960, cuya propietaria es Laura Arboleda Wartenberg con quien lograron comunicarse hacia la 1:30 pm del 4 de diciembre de 2016.
Al describirle la situación, Arboleda confundida, pasó el teléfono a su esposo Francisco José Uribe Noguera, quien se mostró incrédulo con la historia. A los pocos minutos recibió otra llamada, esta vez del capitán Gabriel Alejandro Niño Silva, del Gaula. El oficial le propuso a Noguera encontrarse en el CAI de la carrera séptima con calle 72, con el propósito de verificar la información y que se trataba de la policía.
En adelante, el destino de los hermanos Noguera comenzó a enredarse. Sólo a las 2pm Francisco Uribe se reunió con los agentes del Gaula en el CAI. Allí, el capitán Niño, le manifestó la necesidad urgente de ubicar el vehículo pero Francisco Noguera, según la Fiscalía, le informó que la camioneta había sido vendida y que aún aún no se legalizaba el traspaso. Por ello, estaba en poder de un familiar a quien no identificó.
Ante la insistencia de la Policía, Francisco informó que el familiar era Rafael Uribe Noguera. Entonces, a petición de los funcionarios, los llevó al sitio de residencia de su hermano, el edificio Equus 64, ubicado en la calle 64ª No. 1-84, sector de chapinero alto en Bogotá. A este lugar llegaron, además, con la teniente Carolina Correa y el patrullero William Caballero, pero el vigilante, les informó que Rafael Uribe había salido en la camioneta hacia las 9 am.
De inmediato, solicitaron ver las cámaras de seguridad del edificio, pero el guarda de seguridad les advirtió que no tenía la clave. Ante el hecho, se la solicitaron a Francisco, quien indicó que iba a desplazar a donde su madre, a pocas cuadras de allí, para establecer si ella la tenía.
Media hora después, apareció Catalina Uribe Noguera. Según la investigación, salió de la casa de sus padres a pocas cuadras del edificio Equus 64 y se encontró con su hermano Francisco, diagonal donde estaban reunidos los funcionarios del Gaula. De allí, se dirigió hacia otro edificio, Equus 66, ubicado en la carrera 4ª No. 66-14, pues el apartamento 603, hasta hace pocos días había sido habitado por su hermano Rafael Uribe Noguera.
En ese lugar, según las autoridades, estaba estacionada la camioneta Nissan y el reproche que hace la Fiscalía, es que supuestamente Catalina, al enterarse que el Gaula estaba buscando a una niña secuestrada en el vehículo que usaba permanente su hermano Rafael y a quien ella llamó hacía las 2:08pm para indagar donde estaba, este le dijo que estaba en el Equus 66.
A las 3:40pm, Catalina llegó al apartamento 603. En cuanto a Francisco Uribe Noguera, señalan los investigadores, que esperó unos minutos y apenas observó que el capitán Niño junto con el patrullero Caballero y la teniente Correo se habían dirigido hacia la Zona G, se trasladó hasta el edificio Equus 66, al que llegaría diez minutos después que su hermana. Ingresó por la porteria, fue hasta el sótano por las escaleras a fin de verificar si allí se encontraba la camioneta y al ver que una de las puestas estaba sin seguro la abrió y vio un zapato blanco de una niña.
Acto seguido, Francisco subió hasta la terraza, escaló un muro, que separa la terraza con el apartamento 603, e ingresó al inmueble. Allí encontró a Rafael y los tres estuvieron en el lugar entre las 4pm y las 5 y 30pm, en el inmueble en donde Rafael en una de las habitaciones, horas antes, había bañado el cuerpo de la niña Yuliana en aceite de cocina, la violó y posteriormente la asfixió hasta asesinarla. Frente a este hecho, los hermanos Francisco y Catalina afirman que sólo se enteraron del macabro crimen hacia las 9pm cuando Rafael se lo confesó a ella.
El ente acusador también cuestiona las más de 40 llamadas que hicieron los hermanos Noguera, particularmente las de Francisco, al abogado penalista Juan David Riveros. La defensa de los hermanos Noguera, los abogados, Pedro Aguilar y Wilson Andrés Cadena, afirman que se está demostrando que Francisco desde el primer momento que fue contactado por el Gaula prestó toda la colaboración a fin de ubicar la camioneta y a su hermano.
También argumentan en cuanto a las llamadas, que evidentemente se hicieron y que por eso uno de los testigos en el juicio será el abogado Riveros. Además, niega la defensa, que de mala fe se hubiera aprovechado la ausencia de los policías para encubrir la situación porque lo que sucedió es que el capitán Niño recibió información que en la Zona G, habían visto un vehículo con las características del que estaban buscando, a donde se desplazaron.
Los investigadores señalan que a las 5 y 30pm, los tres hermanos Noguera bajaron hasta la portería del edificio Equus 66. En el momento en que iban a salir Catalina fue hasta el garaje y asegura la camioneta y salió del lugar para alcanzar a sus hermanos que iban caminando hacia la carrera séptima. Quince minutos después tomaron un taxi de placa VFA 585, de propiedad de Ricardo Melo y quien era conducido por Carlos Cristancho Lara. Entonces Catalina se bajó del vehículo en la calle 72. Rafael y Francisco continuaron su recorrido hasta la clínica Montserrat. El conductor fue convocado por la Fiscalía al juicio pero este afirmó que iba escuchando música, atento a la vía y que no le prestó atención al diálogo.
De otra parte, en el edificio Equus 64 hacia las 6 y 30 pm, la teniente Correa contactó nuevamente a Laura Arboleda, esposa de Francisco, quien le manifestó que su marido ya se encontraba con Rafael y les suministró el numero de celular. Hacia las 7pm, señala el ente acusador, después de múltiples intentos, que el capitán Niño logró contactar a Francisco Uribe de quien las autoridades no sabían nada desde las 3 y 30 pm. El funcionario policial afirma que este le contestó con evasivas y negó estar con Rafael, a pesar de que, según registros de la investigación, los dos llegaron a la clínica Monserrat sobre las 6 y 15 pm.
Al respecto, Francisco Noguera, afirmó que en ese momento Rafael estaba en crisis y primero necesitaba estabilizar a su hermano. “Primero se preocupó por la vida de su hermano y luego llamó a la autoridad”. Esta versión coincide con la de la Fiscalía que señaló que Rafael presentó síntomas que generaron sospecha en el equipo mèdico de que estuviera presentando un evento coronario, por tal motivo fue necesario trasladarlo a una institución con la capacidad de diagnosticar y atender problemas cardiacos.
A las 7 y 30pm, Francisco Noguera se comunicó con el capitán Niño, para informarle que estaba trasladando a su hermano a la clínica Monserrat. Veinte minutos despuès, los funcionarios del Gaula llegaron a esta institución donde pidieron hablar con Rafael Noguera, pero este ya estaba en cuidado médico.
“Después de consultarlo con el abogado penalista Juan David Riveros, quien se encontraba en la clínica, el señor Francisco Uribe Noguera, les informó que su hermano Rafael raptó a la niña en la camioneta y en medio del forcejero; que al intentar acallar sus gritos, la ahogó causándole la muerte; y que posteriormente llevó el cuerpo al apartamento 603 del edificio Equus 66 y lo escondió debajo del jacuzzi. A fin de corroborar dicha información, el señor Francisco se dirigió a mencionado apartamento, junto con el Gaula en donde efectivamente fue hallado sin vida el cuerpo de la menor”, señala un relato oficial del proceso, en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
En el entretanto, Rafael Uribe, fue trasladado a la clínica Navarra en donde recibió atención médica a las 9 y 50pm por posible síndrome coronario agudo. En este lugar, ya estaba el Gaula y Catalina Uribe quien firmó como acudiente. Con un detalle particular, al ser informada por el cuerpo médico de la necesidad de trasladar a su hermano a una clínica de mayor complejidad, esta ordenó que se suspendiera el tratamiento médico, desautorizó el traslado y se rehusó a firmar la salida voluntaria hasta que no llegaran sus padres y un abogado. Frente a la situación Catalina Uribe afirmó que lo hizo porque su hermano le acababa de confesar su crimen.
El 6 de diciembre de 2016, Rafael Uribe Noguera, fue dado de alta. De inmediato, fue judicializado por el secuestro, violación y muerte de la menor Yuliana Samboní. Sin embargo, la Fiscalía señala que en los días siguientes Francisco y Catalina manipularon la información de sus tres teléfonos celulares, incluido el de Rafael, que sólo entregaron el 14 de diciembre de 2016.
La investigación indica que alteraron y destruyeron evidencia relevante que estaba en dichos teléfonos móviles, así como la aplicación WhatsApp, antes, durante y posterior al crimen cometido por Rafael, el 4 de diciembre de 2016.
Frente a este hecho, los hermanos Noguera afirman que entregaron los celulares voluntariamente cuando fueron requeridos por las autoridades. Reiteran que de no haber sido por su colaboración, su hermano Rafael Uribe Noguera no hubiera sido condenado. Agregan además, que ellos por mandato constitucional tenían el derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, ni incriminar o atestiguar en contra de su hermano, sin embargo, lo hicieron.
Entre el 8 de mayo y el 6 de junio próximo, en ocho audiencias, se definirá la suerte de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera, procesados por los presuntos delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y de ocultamiento por favorecimiento, si son condenados tendrán una pena entre 5 y 18 años de prisión. Es el epílogo de un crimen repudiable, que conmocionó al país, de una humilde niña de la que sus padres vinieron a Bogotá a buscar un mejor futuro.
