Juan Carlos López Castrillón, alcalde de Popayán desde el primero de enero de 2020, es un viejo conocido del fútbol. Desde septiembre de 2004 y hasta 2010 fue presidente de Millonarios.
Caminó en el sendero del descenso, pagó nóminas costosas y contrató técnicos de renombre, todo esto a pesar de que el equipo estaba en ley 550 o ley de quiebras.
Cómo político en campaña prometió un estadio propio para el equipo en las afueras de Bogotá. En el 2010, luego de una deuda de 36.000 millones de pesos, y un pasivo de prestaciones de ley de empleados y jugadores, el gobierno intervino el equipo y López salió con tarjeta roja.
Hoy, once años después López Castrillón se volvió a acordar del fútbol y vuelve a generar debate. El hombre que en el pasado prometía un estadio de fútbol propio a Millonarios como presidente de club, esta vez como alcalde inició una serie de maniobras para despojar a la Liga Fútbol del Cauca de su territorio y de su estadio, poniendo en riesgo la formación deportiva de cientos de niños y jóvenes del occidente del país.
Un pleito que tiene origen en la adquisición de la Liga Caucana de Fútbol que el 3 de febrero de 1960 adquirió un lote de terreno de varias hectáreas, ubicado entre las calles 22 N y 25 N y carreras 5 y 6 de Popayán, ahí se edificó el estadio Ciro E López.
Paradójicamente, con el paso del tiempo, entidades oficiales invadieron el terreno, el Bienestar Familiar, la Secretaria de Salud, la Secretaría de Educación y hasta las Juntas de Acción Comunal, poco a poco se fueron apoderando de segmentos del predio y edificaron desde jardines infantiles hasta colegios.
Pero el peor envión vino por parte de la alcaldía de López Castrillón pues el pasado 14 de abril presentó al Concejo Municipal de Popayán un proyecto de acuerdo para declarar de utilidad pública e interés general los terrenos de la Liga Caucana de Fútbol.
Aunque la ley establece que para poder declarar un terreno de utilidad pública se requiere presentar previamente el proyecto que demuestre la necesidad y un interés legítimo.
En este caso no ocurrió. A un derecho de petición elevado por la liga, el alcalde López Castrillón respondió que, “los proyectos se encuentran en etapas de estructuración y al respecto no hay documentos definitivos a la presente fecha”.
Al tiempo que se aprobó el acuerdo en el Concejo paralelamente se inició un proceso de cobro coactivo en contra de la liga por mora en el pago de impuestos.
Un día antes de iniciarse el trámite ante el concejo, al estadio y al terreno llegó Eugenia Urbano de la oficina de cobro del municipio, María Fernanda Correa la personera, presidentes de juntas de acción comunal de dos barrios y Claudia del Pilar Vivas Narváez una auxiliar de la justicia nombrada como secuestre.
Por estos hechos, el alcalde Juan Carlos López Castrillón fue denunciado ante la Fiscalía y al proceso de cobro coactivo fue solicitada la vinculación de las entidades del Estado que invadieron y no pagaron impuestos.
Pese a lo que asegura el alcalde, en la región insisten que constructores estarían interesados en el terreno de la Liga Caucana de Fútbol y que serían ellos los que estarían moviendo los hilos de este despojo deportivo.
Entre tanto, una de las regiones del país en donde el conflicto es más agudo con enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública por el narcotráfico y en medio de la pobreza, busca en el deporte un paliativo a sus dificultades, pero ni su estadio de fútbol está en paz. La justicia tiene la última palabra.
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