El contrato de concesión para la operación de los cuatro cementerios distritales de Bogotá y que derivó en la renuncia de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, Luz Amanda Camacho Sánchez y que conllevó a la suspensión por parte de la Personería de la subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, Ingrid Lisbeth Ramírez Moreno tiene varias aristas, así como antecedentes de disputas judiciales entre los involucrados.
La historia no es de ahora. Data del 20 de diciembre de 2013 cuando el Distrito entregó la administración, operación, mantenimiento, explotación, gestión y conservación de los cementerios a la Sociedad Inversiones Monte Sacro Ltda, inicialmente por un periodo de cinco años.
El acuerdo que debería finalizar en el año 2018 se prorrogó en cuatro ocasiones. Desde el 23 de diciembre de 2018 hasta el 23 de marzo de 2020. Luego hasta el 22 de septiembre de ese mismo año. Una tercera hasta el 30 de enero de 2021 y la final hasta el 30 de abril de 2021.
Para ese momento el país y la ciudad vivían la incertidumbre y los efectos de la pandemia. Al 25 de abril de 2021 se habían realizado en la ciudad 10.979 cremaciones de personas fallecidas por Covid-19 y el Distrito había dispuesto ocho contenedores refrigerados para conservar 320 cuerpos.
En este interregno la Uaesp había adelantado la licitación LP-02-2020 cuyo propósito era la prestación mediante la modalidad de concesión del servicio de destino final y atención funeraria, así como la administración, operación, mantenimiento, explotación, gestión y conservación de los cementerios distritales.
Como no hubo oferentes, el 27 de noviembre de 2020 se declaró desierta. Un mes después se intentó mediante la modalidad de selección abreviada, pero este tampoco interesó a los contratistas de los servicios funerarios y fue declarado desierto el 5 de febrero de 2022.
La Uaesp, como se encontraba dentro del término de los cuatro meses establecidos en la ley de contratación, desde que se declaró desierta la licitación para iniciar un proceso de selección abreviada, la licitación volvió a ser publicada con algunas modificaciones más favorables para incentivar la participación de los oferentes en el mercado.
Dividió entonces los servicios sujeto a tarifa por parte de la entidad en los cementerios del Norte, Sur, Serafin y Central. Estos corresponden, dependiendo del cementerio, a inhumación en bóvedas públicas y privadas de cadáveres de adultos y párvulos, de restos y cenizas en osarios y cenizarios, tanto públicos como privados.
Asimismo, la exhumación de bóvedas públicas y privadas, osarios públicos y cenizarios públicos y privados. También la cremación de cadáveres de adultos y párvulos, así como de restos y otros servicios de transporte de restos, certificación de inhumación para jardines, utilización de servicio sanitario, capilla y prórrogas de exhumación de restos de adultos y párvulos.
Otros servicios fueron ofertados a aprobación de tarifa por parte de la entidad contratante la Uaesp como los servicios comerciales, trámites legales y forenses, laboratorio de tanatopraxia y conexos y el suministro de cajas fúnebres como ataúdes, cofres y accesorios.
En este ítem también se incluyeron salas de velación, servicios religiosos, transporte de acompañantes y cadáveres, cortejos fúnebres, otros servicios de atención funeraria que propusiera el concesionario y, la administración también de los servicios de parqueadero.
Una última estipulación fue el de los servicios que debían ser asumidos por el concesionario, sin que éste tuviera costo alguno para la administración en los cuatro cementerios.
Estos son la inhumación de cadáveres de personas NN o nomen nescio, es decir, de las que se desconoce su identidad y que son remitidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como todo lo referente a estos mismos casos en cuanto exhumación de cadaveres y restos. También de aquellos casos en que si están identificados pero cuyos restos o cenizas no son reclamadas por sus dolientes.
El negocio del destino final de los restos no es un tema menor. Según un informe de la Corporación Renacer de 2020 en Colombia existen más de 2000 funerarias. Asimismo hay constituidas tres agremiaciones que propenden por los intereses de estas empresas, Fenalco, Corporación Nacional e Internacional de Empresas de Servicios Funerarios, Remanso fundada en 1997 y la Asociación Colombiana de Parques Cementerios, Asocolparques constituida en 2010.
Una encuesta realizada ese mismo año por Fenalco estableció que el 80% de los encuestados contaba con seguro exequial, el 20% de los consultados no ha contemplado el tema y el 64% manifestó que pagaba esta previsión exequial para algún familiar.
De la misma manera se evidenció que el 65% se inclinaba por la cremación como destino final y el 15% la inhumación; el 44% aseguró que le gustaría que las cenizas fueran dispuestas en un cenizario, mientras que el otro 56% prefirió otros destinos.
En cuanto a la velación, el 75% aseguró que prefería una funeraria, el 9% una iglesia y el 16% que no fueran velados o velarlos en la casa.
Evidentemente el negocio de la muerte depende del comportamiento de las defunciones. En el caso de Bogotá estas han venido en aumento desde el año 2015 cuando se produjeron 35.606 decesos, en 2016, 36.897; 36.116 en 2017; 37.907 en 2018; 37.883 en 2019 y en el año de la pandemia cuando Bogotá registró 8.3 millones de habitantes, las defunciones fueron 48.883, es decir una tasa de mortalidad del 0,58%.
Ese mismo año, es decir en 2020, la inhumación o cremación en cementerios distritales fue de 15.587 frente a 8.916 del año 2019 y 13.603 de 2018.
Con respecto a los precios del mercado realizados por la Uaesp en el año 2018 tomando como referencia los cinco parques cementerios de Bogotá, cuatro de Barranquilla, dos de Medellín y cuatro de Cali, estableció que en promedio una inhumación costaba alrededor de $1.5 millones, una exhumación entre $500.000 y $700.000; la cremación de un cadáver adulto un millón, $700.000 de párvulos y la cremación de restos, era a $500.000.
Según un informe sectorial del Dane correspondiente al año 2019, en el país hay 56 empresas líderes del sector que aportar 7.222 empleos directos y en ventas representaron una participación del PIB del 0,1% del PIB Nacional.
En este contexto a ese proceso de selección abreviada en su segundo intento, se presentaron dos proponentes: el Consorcio Uumena integrado por Inversiones Industriales y Comerciales Kumbre SAS con un 50% de participación, Ingevesi IC SAS con el 20%, Ajge SCS 20%, Exequiales Escobar SAS 4% Inversiones y Desarrollo del Tolima SA 4%, y XIE S.A él 2%.
Este consorcio en su oferta se comprometió a entregar una retribución mínima fija a la Uaesp de $2.000 millones y el 5% como retribución variable.
De otro lado, se presentó la Unión Temporal Cementerios del Distrito integrada por el Consorcio Global Fundesco con el 49.5%, A&M Grupo Empresarial S.A.S e Inversiones, Proyectos y Obras Civiles SAS con el 5%.
Curiosamente en la oferta que presentaron un día después del consorcio Uumena, es decir el 27 de abril de 2021, ofrecieron también $2.000 millones de retribución mínima.
Frente a la experiencia en el formato 11, aseguraron que la empresa Fomento e Inversión Social SAS, suscribió el primero de abril de 2013, el contrato 61 de 2013 con uno de los integrantes el Consorcio Global Fundesco en el que realizaron 2.600 servicios de cremación en cementerios distritales, privados y municipales, 2.374 inhumaciones en lotes y tumbas y 2790 exhumación de restos, para un total de 7.764 servicios.
También aseguraron que firmaron el primero de marzo de 2013, el contrato 035 de 2013 con la empresa Salud de Todos Ltda en el que se realizaron 1.200 cremaciones, 5.126 inhumaciones en lotes y tumbas y 1869 exhumaciones de restos para un total de 8186 servicios.
Igualmente, informaron que habían realizado 2.365 servicios de velación y de traslado en carrozas de lujo a exequias y campos santos, y entregado 2.380 libros de oraciones o tarjetas con la foto del fallecido.
Y para Salud de Todos Ltda, 5.135 servicios de sala de velación el mismo número de traslados en carrozas y 3.310 recordatorios.
El otro integrante del Consorcio Unión Temporal Cementerios del Distrito que acreditó experiencia, fue Inversiones Proyectos y Obras Civiles que aseguró que el 11 de febrero de 2020 suscribió el contrato 005 de 2020, con curiosamente su socio en dicha Unión Temporal, Consorcio Global Fundesco en el que realizaron 1.285 traslados de cuerpos y 939 recordatorios.
Con un hecho particular. Tanto Global Fundesco como Salud de Todos son empresas domiciliadas en Panama y de aquí se desprenden extrañas coincidencias.
La empresa con la participación mayoritaria y que resultó ganadora del proceso de selección abreviada, el Consorcio Global Pharmaceutical y la Fundación para el Desarrollo Social, y la Gestión y el Control Publicó S.A, un extenso nombre que usa la sigla Consorcio Global Fundesco, se encuentra registrada desde el 21 de marzo de 2003 en Panamá con el folio 431156. Su única accionista es Liliana Mercado Lozano, el agente residente es Ebelgitto Emilio Barrios y la tesorera es Liliana Mercado Muñoz.
La sociedad fue constituida en la Notaría Octava de Panamá el 10 de marzo de 2003 mediante escritura 2568. El objeto social es la prestación de servicios, programas, administración de sistemas, auditorias, sociales, consultorías y proyectos, todo esto en el ramo de la salud. Así como negocios relacionados con agua potable y educación.
La otra empresa que integra la unión temporal ganadora es A&M Grupo Empresarial. Está constituida mediante documento privado el 31 de mayo de 2019 y su objeto social es las asesorías e interventoras en construcciones civiles, su representante legal es Eder Parada Carreño.
Pero las cosas no parecen ir muy bien entre estas empresas desde mucho antes de este escándalo. El 19 de abril de 2019, Liliana Mercado Lozano, la médico de profesión que funge como representante legal de la Unión Temporal, interpuso una acción de tutela que conoció el Juzgado 48 Civil Municipal en contra de Eder Parada Carreño en virtud del contrato con la Uaesp.
Lo propio había ocurrido el 4 de agosto de 2021 cuando Clark y Ronald Granger Quintana interpusieron una demanda civil en contra de Liliana Mercado Lozano y Dario Mora Valbuena, la misma persona señalada por Luis Alberto García Mendez el pasado 8 de noviembre en el despacho de la entonces directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho Sánchez, como quien entregó $500 millones a Marcel Esquivel Reina contratista de la Uaesp para que le fuera adjudicado este contrato.
Efectivamente, en el acta de la audiencia pública de apertura y revisión de la oferta económica y adjudicación, apareció como uno de los miembros del Comité Evaluador, Marcel Esquivel Reina.
Al Consorcio Uumena le rechazaron la capacidad organizacional, el factor técnico, la protección a la industria nacional y que no presentó ningún trabajador con discapacidad.
Con otro detalle significativo. Esquivel Reina ha firmado nueve contratos con el Estado desde el año 2018 que suman $957.071.638. El primero de ellos fue con la alcaldía de Berbeo, Boyacá por $28 millones y una duración de cuatro meses, para realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al mantenimiento de canchas múltiples para escuelas del municipio.
Luego, en 2019, suscribió el más oneroso. El 055 de 2019 para realizar el mejoramiento y caracterización de las vías terciarias del municipio de San Benito, Santander por $490 millones.
Al año siguiente, en marzo de 2020 suscribió un contrato con la Uaesp por $48 millones. Luego en septiembre firmó otro por $36.8 millones por cuatro meses. El 25 de marzo de 2021 firmó un tercero con la misma entidad por $107.4 millones y un cuarto por $125 millones. Este el 18 de enero de 2022, el cual finalizó el 17 de diciembre de 2022.
En 10 de noviembre de 2022, suscribió el contrato 966-2022 por $13 millones por un mes con la Contraloría General de la Republica en cabeza del recién posesionado Carlos Hernan Rodríguez Becerra
Sin embargo, el 30 de noviembre de 2022, luego de las denuncias presentadas por la Uaesp ante la Fiscalía por la información entregada por García Méndez, incluidos audios, solicitó la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo.
Aunque Esquivel Reina nació en Bogotá, desde 1998 ha tenido fuertes vínculos con Santander. De hecho, su cédula fue expedida en Barbosa y varios contratos los ha desarrollado en ese departamento.
Paradójicamente, una de las empresas que integra el consorcio tiene su domicilio en ese lugar. De hecho, la póliza de cumplimiento suscrita con Seguros del Estado señaló como domicilio de dicha unión temporal la ciudad de Bucaramanga en la carrera 21 # 152-30.
En su hoja de vida se establece que es arquitecto de la Universidad Santo Tomas con especialización en contratación estatal del Politécnico Grancolombiano. En su experiencia, además del municipio de Berbeo, registró haber sido contratista en el Ministerio de Agricultura entre junio y noviembre de 2017, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC, entre septiembre y diciembre de 2016, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU entre abril de 2015 y marzo de 2016 y en el periodo de febrero y octubre de 2014.
Lo cierto, es que luego de la audiencia de adjudicación la Uaesp y la Unión Temporal Cementerios del Distrito suscribieron el contrato 415. Ello, el 26 de mayo de 2021 con el propósito administrar los cuatro cementerios distritales por un término de cinco años y por un valor estimado de $41.301 millones. Pero, extrañamente, un mes después se autorizó la cesión del contrato a Jardines de Luz y Paz SAS, una sociedad creada para la ejecución del contrato con la Uaesp.
Esta sociedad fue constituida por documento privado el 24 de mayo de 2021 por parte de Liliana Maria Mercado Lozano como representante legal del Consorcio Global Pharmaceutical y la Fundación para el Desarrollo Social la Gestión y el Control Público; Jorge Andrés Parada Barrera como representante de la empresa con Domicilio en Floridablanca, Santander A&M Grupo Empresarial SAS y Sergio Luis Melendez Arias de Inversiones, Proyectos y Obras Civiles SAS domiciliada en Cartagena. La duración establecida fue de 66 meses, el capital autorizado es de $200 millones.
El 4 de marzo de 2022 mediante reunión de asamblea de accionistas Eder Parada Carreño pasó a ser el representante legal de la sociedad y Liliana María Mercado quien fue propuesta como suplente no aceptó. Así mismo, en el acta quedó consignado que Mercado Lozano manifestó no estar de acuerdo con la asamblea de accionistas por no existir la debida convocatoria.
Pero esta anotación apenas era el comienzo de una disputa en los estrados. Mediante autos 2441 del 23 de junio de 2022 y 6053 del 18 de agosto de 2022, la Superintendencia de Sociedades decretó una medida cautelar, la suspensión de las decisiones tomadas en la reunión de la asamblea general de accionistas de Jardines de Luz y Paz SAS.
Esto porque el 4 de mayo de 2022, el Consorcio Global Pharmaceutical y la Fundación para el Desarrollo Social, interpusieron una demanda argumentando que la sociedad Inversiones Proyectos y Obras Civiles SAS estuvo indebidamente representada en la asamblea de accionistas del 4 de marzo por Eder Parada quien terminó promoviendo la remoción como representante legal de Mercado.
Cuatro meses después, la revisora fiscal de Jardines dé Luz, Martha Liliana Uribe convocó a una asamblea extraordinaria, antes de iniciar la reunión solicitó autorización para grabar en audio y video.
Además de los apoderados de cada una de las empresas accionistas se encontraban Eder Parada Carreño, Andrés Felipe Sarmiento Osorio, Angie Castaño Poveda y Manuela Hernandez Valdivieso.
La revisora fiscal empezó su alocución advirtiendo que la empresa Jardines de Luz estaba incumpliendo de manera reiterada las obligaciones tributarias nacionales y territoriales.
Luego aseguró que la ejecución del contrato de concesión con la Uaesp estaba presentando serios inconvenientes. Así mismo, reiteró que en varias oportunidades había solicitado a Liliana Maria Mercado Lozano información y documentos relacionados con asuntos financieros, contables y legales de la empresa pero que ella le había negado el acceso a los mismos.
De inmediato lanzó otro dardo. La Fiscalía había realizado una inspección en las instalaciones de la empresa. Dispuso el señalamiento de las oficinas, incautó computadores y equipos VDR y dejó sin servicio 12 cámaras de seguridad.
También aseguró que se adeudaba a proveedores y que el primero de septiembre de 2022, Liliana Mercado Lozano había reasumido la representación legal sin que se hubiera hecho un empalme con la administración anterior.
Enseguida intervino Eder Parada Carreño quien expuso que Liliana Mercado había ejercido como representante legal hasta el 4 de marzo de 2022, pero que reasumió el 1 de septiembre, gracias a una decisión de la Superintendencia de Sociedades.
Asimismo señaló que mientras Mercado fungió como representante de la compañía hubo actuaciones indebidas que, “(…) acarrean no solo graves implicaciones para la compañía y los inversionistas, sino también que el objeto de la concesión no se cumpla a cabalidad”.
Pero los señalamientos no pararon ahí. Parada Carreño aseguró que una de las irregularidades de Mercado es que delegó la administración de la empresa en Dairo Mora Valbuena que entre otros, "procedió a contratar personal poco idóneo en nombre de la compañía, lo cual afectó gravemente la operación de esta".
Incluso coincidió en un señalamiento que dos meses después, en noviembre de 2022 le hizo García Méndez a la directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho, cuando advirtió que Dairo Mora había ordenado desactivar las cámaras de seguridad y le ordenó entregar declaraciones al programa Séptimo Día a cambio de entregarle una casa para su mamá. Un hecho que incumplió, según el delator, y que luego generó su despido y afúgias económicas
Parada Carreño en la asamblea aseguró que Dairo Mora había permitido la grabación de un programa para Los Informantes, en el que se registraron, según él, la profanación de tumbas por parte de terceros y aseguró que este hecho lo había denunciado ante la fiscalía.
En medio de la asamblea a las 10:50 am, integrantes de la Policía irrumpieron en el lugar y manifestaron que no podían estar en las instalaciones de la empresa.
De la misma manera ingresó Sandra Rojas Gallego, funcionaria del Cementerio Parque Serafin en el que reveló una comunicación de Liliana Maria Mercado quien manifestó no haber impartido esa instrucción y los uniformados se retiraron.
Para ese momento el representante de una de las empresas accionistas A&M interrumpió para dejar constancia de que se está entorpeciendo el normal desarrollo de la asamblea para intimidar a los intervinientes con el propósito de desconocer los accionistas y las decisiones que se adoptarán.
Parada Carreño tomó la palabra y continuó acusando a Mercado Lozano. Aseguró que durante su administración se había descuidado gravemente el mantenimiento de los cementerios derivando en reparaciones que generaron sobre costos y por lo tanto afectando el margen de utilidad.
También, advirtió que durante los cinco meses que él estuvo a cargo de la administración los ingresos mensuales eran de $600 millones mensuales pero que bajo la administración de Mercado a Lozano eran de $430 millones y recordó que al 31 de diciembre de 2021 no se había realizado el respectivo cierre financiero.
Eder Parado Carreño finalizó su intervención entregando un informe de 262 folios detallando las presuntas irregularidades de Dairo Mora Valbuena y Liliana Mercado. Sin embargo, el representante del Consorcio Global, a pesar de la gravedad aseguró que este informe solo se podía incorporar en una asamblea ordinaria.
Al mismo tiempo increpó a Parada por los libros de actas, si no comparecencia al empalme y denunció la ausencia de varios computadores. Este respondió que Liliana Mercado jamás abrió libro de actas y que fue él quien los inscribió en la Cámara de Comercio. Explicó que no compareció porque tenía información que Mercado había prohibido su ingreso a los cementerios y de los computadores. Recordó que el CTI de la Fiscalía se había llevado siete computadores del Cementerio Central.
Tanto Inverpro como A&M votaron por reiniciar acciones en contra de Liliana Mercado como representante legal y Dairo Mora Valbuena como integrante de la Junta Directiva.
Cómo si esto no fuera suficiente, se denunció que el Consorcio San Marcos 2021 a quien se le adjudicó la interventoría, medió para que este hecho se produjese la participación de un funcionario Esquivel, el mismo que denunció el delator y con la participación de Dairo Mora y quien, según Eder Parada Carreño, es el compañero sentimental de Liliana Mercado.
En una de las comunicaciones de Parada Carreño a la directora de la Uaesp le exige no tener en cuenta los informes presentados por la firma interventora, “toda vez que existen vicios que reflejan claramente la parcialización e ilícito actuar desde la etapa precontractual del contrato (…) y propiciar la posible caducidad o encaminar a la concesión a multas y sanciones que descafeinen el desequilibrio económico”.
En la misma comunicación reiteró que en varias oportunidades le había advertido a la Uaesp que existía un posible conflicto de intereses toda vez que Dairo Mora Valbuena era el jefe directo de la interventoría y "quien propició todo el carrusel de la etapa precontractual del mencionado contrato, requerimiento que nunca fue atendido por la Uaesp".
Aunado a lo anterior la Fiscalía investiga la verdadera identidad de la persona que afirmó públicamente que la directora de la Uaeps habría recibido $1.500 millones por la adjudicación del contrato, pues el número de cédula corresponde a Sergio Alexander Sierra Herrera y no a Sergio Venegas Herrera.
Lo evidente es que tras la renuncia de la directora de la Uaesp, hay un conflicto interno entre contratistas llevado a la Fiscalía, la Superintendencia de Sociedades, la propia Alcaldía de Bogotá y los medios de comunicación, cuyas consecuencias apenas comienzan a salir a flote.
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