El pasado 15 de noviembre, el subdirector de Asuntos Legales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, Hermes Humberto Forero Moreno interpuso una denuncia por los presuntos delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal e interés indebido en la celebración de contratos.
Según el funcionario, siete días antes el 8 de noviembre de 2022 a la entidad llegó Luis Alberto García Méndez quien pidió ser escuchado por la directora Luz Amanda Camacho Sánchez. Ella lo recibió junto con el subdirector de Asuntos Legales y la gestora de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, Margarita Angarita.
Dijo que había trabajado durante más de 35 años en los cementerios distritales, que llevaba un año desempleado y que por lo tanto enfrentaba una difícil situación económica, pues ese trabajo era su único ingreso.
Luego, aseguró tener conocimiento de irregularidades en la adjudicación del contrato de concesión 415 de 2021. Este para la prestación del servicio de destino final y atención funeraria, incluyendo la administración, operación y manteniendo la así como la explotación, mantenimiento, gestión y conservación de los cementerios distritales de Bogotá.
Un convenio que se suscribió con la Unión Temporal Cementerios del Distrito que a su vez constituyó la sociedad Jardines de Luz y Paz SAS, a la cual le cedió el contrato un mes después.
En su relato el exfuncionario de los cementerios indicó que él junto con dos amigos German y César fueron cercanos a uno de los socios de dicha unión temporal, Dairo Mora Valbuena, quien además integra la junta directiva de Jardines de Luz y Paz.
Gracias a esa cercanía pudo establecer que los certificados aportados en el proceso de selección eran falsos, como certificados expedidos en Panamá y entregó unos sustentos.
En la reunión García Méndez reveló que una emisión del programa periodístico Séptimo Día sobre irregularidades en los cementerios había sido promovida por el propio Dario Mora quien dijo ordenó apagar las cámaras de seguridad de los cementerios para la grabación de dicho espacio televisivo.
Aseguró que él fue una de las personas que habló en cámara, que lo hizo por orden de Mora y que a cambio le prometió una casa para su mamá y una marmolería para trabajar en su oficio. Sin embargo, según él, sucedió lo contrario, no solo le término su contrato si no que además lo amenazó de muerte.
Pero el relato no cesó ahí, García Méndez también entregó detalles de cómo se habría adjudicado dicho contrato. Aseguró que él mismo acompañó a Dairo Mora a un lugar en la calle 85 con carrera 15, para entregar $500 millones a Marcel Esquivel Reina contratista de la Uaesp
Mientras hacía este relato, reprodujo un audio de WhatsApp. Se trataría de una presunta grabación telefónica entre Dairo Moreno Valbuena y Marcel Esquivel Reina, según afirmó.
En la conversación, evidentemente, dos personas hablaban sobre la manera en la que se debían presentar los documentos en la licitación para que le fuera otorgada, e incluso, una de las voces asegura que ya se habían descartado documentos de otros proponentes.
Después de reproducir el audio afirmó tener otras similares y aseguró que los $500 millones para pagar la supuesta coima los reunió Dairo Mora Valbuena y Eder Parada Carreño.
La reunión finalizó y García Méndez prometió regresar con otra grabación al día siguiente. Así sucedió. A esta reunión esta vez los acompañó Juan José Gómez Urueña el abogado contratista que se encarga de la representación judicial de la entidad en procesos penales.
Allí presentó una nueva grabación con una duración de tres minutos y 26 segundos. Mediante esta supuestamente Esquivel Reina le explicó a Mora Valbuena los ajustes que debe realizar para obtener mayor puntaje en el proceso de selección.
Con un antecedente, el primero de noviembre de 2022, pocos días antes que apareciera García Méndez en la dirección de la Uaesp para acusar de todo tipo de delitos a sus antiguos amigos, la entidad había interpuesto otra denuncia en la Fiscalía en contra de Jardines de Luz y Paz.
Se trata de la empresa que terminó operando los cementerios, no por que hubiera ganado el proceso de selección, si no porque el 22 de junio de 2021, un mes después de haberse suscrito el contrato con la Unión Temporal Cementerios del Distrito este fue cedido y terminaron manejando, cuantiosos recursos, $41.301 millones.
La cesión del mismo generó un traumatismo. Y es que en una de las cláusulas se estableció el deber de contratar una fiducia mercantil para constituir un patrimonio autónomo.
Sin embargo, como el término entre la adjudicación y la cesión fue tan corto, aún no se había constituido el patrimonio autónomo. Entonces se fijó un periodo de transición y la Uaesp autorizó al concesionario recaudar directamente de los usuarios el pago por la prestación de los servicios funerarios. Con otro detalle, y es que aunque se estipuló un mes, este plazo a solicitud del contratista fue ampliado en cuatro ocasiones. Finalmente, la fiducia se suscribió el 7 de septiembre de 2022.
Transcurrió un año y el contratista no había cumplido con la obligación de remitir mensualmente el formato en el que se indicaba el cálculo de retribución al concesionario.
Esta retribución estaba sujeta a la entrega de la dotación de las salas de velación y laboratorio de tanatopraxia del Cementerio Parque Serafin, ubicado en el barrio El Mochuelo de Ciudad Bolívar , así como el recibo a satisfacción del mantenimiento requerido en varios cementerios.
No obstante, y a pesar de no tener autorización, desde que suscribió el acta de inicio, el contratista retiró de las cuentas $5.847 millones, en el periodo comprendido desde julio de 2021 a agosto de 2022.
Con otro manejo cuestionado. Del periodo de transición de $1.113 millones, solo transfirieron a la fiducia $413 millones. Adicionalmente, en un hecho, que ya es de conocimiento de la Fiscalía, a pesar de tener un contrato fiduciario, el contratista mantuvo abiertas las cuentas de recaudo temporal.
A ello se suma que la sociedad Jardines de Luz y Paz, registra una mora de hasta seis meses equivalente a $197 millones, por concepto de servicios públicos de cuatro cementerios de la capital.
También adeuda $901 millones con corte al 23 de septiembre de 2022, por servicios de seguridad y vigilancia. Tiene también $726.2 millones en cuentas por pagar a otros proveedores. Otros $51.1 millones de pago de comisiones a la fiduciaria y hasta la seguridad social de los empleados de la concesión.
El pasado 12 de enero, Luz Amanda Camacho, hoy exdirectora de la UAESP, amplió la denuncia que investiga una fiscal Seccional. Allí aseguró que no es cierto que conozca a Sergio Vanegas quien dijo en Cambio ser un supuesto gestor comercial del contratista y que le había entregado $1.500 millones a la directora de la entidad, para favorecer a la Unión Temporal Cementerios del Distrito.
La alcaldesa Claudia López, aunque aceptó la renuncia presentada por Camacho, aseguró que no es cierto las afirmaciones de Vanegas y que el Distrito meses atrás los denunció por presunta corrupción.
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