Una de las últimas actuaciones trascendentales de Fabio Espitia como fiscal encargado fue la expedición de la Resolución 00002 del pasado 3 de enero de 2020. Se trata del principio de oportunidad que le otorgó a Eduardo Zambrano Caicedo, el representante legal de Consultores Panamá S.A., señalado por el exsenador Otto Bula como uno de los encargados de firmar contratos ficticios y monetizar los sobornos del entramado de corrupción de Odebrecht.
A cambio de la suspensión de la pena se comprometió a declarar en contra de Daniel García Arizabaleta, exdirector de Coldeportes; Yesid Arocha, considerado el 'cerebro' jurídico de la multinacional en Colombia y a su presidente Eleuberto Martorelli.
Igual compromiso penal asumió Zambrano contra los empresarios Francesco Stopponi, Luis Eduardo Martínez y Leonardo Castro, así como Luis Fernando Andrade, quien fuera presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI y hoy vive en Estados Unidos.
La suerte de Zambrano se empezó a tejer cuatro años atrás cuando el 21 de diciembre de 2016, la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York y la multinacional Odebrecht suscribieron un preacuerdo dentro del caso 16-643 en el que admitieron “pagos corruptos a funcionarios extranjeros y partidos políticos en otros países”.
En el capítulo de Colombia, la constructora Odebrecht, admitió a la justicia americana que entre los años 2009 y 2014, hicieron pagos de sobornos por US$11 millones para asegurar la adjudicación de contratos de obra pública. Estos sobornos beneficiaron a la multinacional en más de US$50 millones.
También aseguraron que a través de la División de Operaciones Estructuradas, que la firma pagó US$6.5 millones de dólares, “en un soborno a un funcionario del gobierno colombiano, encargado de adjudicar un proyecto de construcción, a cambio de asistencia para ganar la licitación de ese proyecto”. Se referían al condenado exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien aceptó cargos y está adportas de salir de prisión por pena cumplida.
Se trataba de la adjudicación del contrato conocido como Ruta del Sol-Sector II, adjudicado en diciembre de 2009 por el Instituto Nacional de Concesiones, Inco. En marzo de 2014, se firmaron los otrosí número 3 y 6 en el que se incluyó la vía Ocaña-Gamarra y por los cuales se pagaron US$4.6 millones.
Ambos otrosí llamaron la atención. En el número tres, la finalidad fue modificar la Ruta Puerto Berrío-Ruta del Sol, por el trayecto Gamarra-Ocaña. En solo un día, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, realizó el trámite y Odebrecht aceptó. El número seis, en cambio, tenía como propósito definir las condiciones de ejecución del proyecto, entre otros aspectos.
Sin embargo, fue a través de la colaboración entregada por el exsenador Otto Bula, el 12 y 15 de junio de 2017, cuando la Fiscalía supo del empresario Eduardo Zambrano Caicedo. Fue tan contundente su testimonio que un mes después le imputaron a Zambrano ante el juez 23 penal municipal con función de Control de Garantías, los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En la audiencia de imputación, el empresario aceptó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, pero no se allanó a los demás. Sin embargo, ante las pruebas y la probabilidad de una pena no inferior a 20 años de prisión, cinco meses después de que se presentara escrito de acusación en su contra, se empezó a hablar de un principio de oportunidad.
Pasaron dos años y medio de negociaciones con la Fiscalía, hasta que por fin Zambrano llegó a un acuerdo. Así las cosas, en la última semana de diciembre del año pasado se consolidó la solicitud de aplicación de principio de oportunidad y los compromisos que adquirió Zambrano a cambio de la suspensión del proceso penal en su contra.
Concretamente, se le aplicó el principio de oportunidad en cuatro procesos penales. El primero, por los delitos de falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares, esto en razón a que él como representante legal de la firma Consultores Unidos Panamá S.A y Luis Eduardo Gómez Martínez como representante de la empresa Aldepositos Industriales S.A. suscribieron un contracto ficticio con el propósito de monetizar divisas por US$2.7 millones.
Según la investigación, estos recursos serían entregados a Otto Bula y el empresario Federico Gaviria, quienes a su vez tenían la misión de distribuirlos entre varios servidores públicos colombianos para el pago de sobornos. En contraprestación, Gómez Martínez recibió el 10% del valor del contrato.
El segundo proceso penal en el cual se le aplicará el principio de oportunidad a Zambrano es por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencia de particular.
Lo anterior, por obtener indebidamente el diseño y la construcción de la obra Puente Plato como una adición del proyecto vial Ruta del Sol fase III, el cual fue adjudicado a la firma Yuma Concesionaria S.A, liderada por la multinacional Impregilo y cuyo representante es Francesco Stopponi.
Acuerdos jurídicos para Zambrano que además contemplan la suspensión de la accion penal en su contra por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. De hecho, se evidenció qué a través de las empresas Consultores Unidos Colombia y Consultores Unidos Panamá S.A, celebró contratos con valores inflados con el propósito de obtener el dinero para el pago de soborno.
El beneficio recaerá también en el proceso en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. En este caso por los pagos realizados a Daniel García Arizabaleta, mediante un contrato y facturas ficticias que suscribió con la empresa de la cual Eduardo Zambrano era el representante legal, Consultores Unidos de Colombia. Esto, siguiendo instrucciones de Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht.
No obstante, para que Zambrano Caicedo pueda ponerle fin a los cuatro procesos que tiene en su contra por nueve delitos, debe cumplir con el requisito de ser testigo de cargo, es decir, de la Fiscalía.
Es así como prenderá un verdadero ventilador en contra de Luis Fernando Andrade Moreno. A juicio de las autoridades, el testimonio de Zambrano servirá para demostrar el interés indebido de Andrade en la “acción que se ordenó para el diseño y construcción de la obra Puente Plato dentro del proyecto Ruta del Sol fase III”.
De igual forma, declarará en contra de Luis Eduardo Gómez Martínez, en cuanto al conocimiento que tenía este de la emisión del contrato y las facturas falsas por parte de la firma Aldepósitos Industriales Zona Franca S.A.
Zambrano también se comprometió a delatar a Francesco Stopponi y Leonardo Castro, para demostrar las maniobras de Yuma Concesionaria en la obtención de la adición al contrato Ruta del Sol Fase III, así como los diseños y construcción de la obra Puente Plato.
Otros de los señalados por Zambrano Caicedo como parte del entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia serán Daniel García Arizabaleta y Eluberto Martinelli. De ellos declarará sobre los pagos realizados a García Arizabaleta ordenados por Martinelli, utilizando un contrato y facturas ficticias, suscritas entre Consultores Unidos Colombia y García Arizabaleta.
Finalmente, el empresario dirá todo lo que sabe en contra de Yesid Arocha como director jurídico de Odebrecht, en la elaboración de contratos inflados en su precio utilizados para el pago a Federico Gaviria y Otto Bula.
Un principio de oportunidad que revive el caso Odebrecht en Colombia y pone en la mira a un grupo de personas, entre empresarios, políticos, funcionarios del sector privado y servidores y exservidores del sector público que hasta ahora confiaban en que el escándalo de sobornos de la multinacional era cosa del pasado.
