Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, es sinónimo de impunidad en Colombia. Desde hace casi cuatro años edificó un entramado criminal, ganó una billonaria licitación estatal, se apropió y dilapidó más de $9.000 millones de dineros públicos y ahora acaba de recibir nuevos beneficios de la Fiscalía General de la Nación.
Fue el cerebro empresarial del desfalco al Estado colombiano en el negocio por más de $1 billón que surgió en septiembre de 2020 que tenía como propósito dotar de internet a las escuelas rurales de Colombia.
Cáceres Bayona, es conocido de autos por polémicos y millonarios negocios de cursos de inglés en La Guajira, Norte de Santander, Córdoba y Tolima, varios de ellos no cumplidos en su totalidad. Luego conoció al excontratista Emilio Tapia en Barranquilla a través de Inocencio Meléndez condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá. Se unió además con otros secuaces para una alianza criminal. Además puso su Fundación Funtics, al servicio de la causa indebida.
Contribuyó Cáceres además a ubicar al falsificador de pólizas Luis Fernando Duque. Ganó la licitación en la Unión Temporal Centros Poblados 2020. Recibió parte de un anticipo de $70.243 millones del estatal Fondo único de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y comenzó a dilapidar los dineros públicos.
Así derrochó los dineros públicos
El contratista Cáceres Bayona funge como pastor cristiano en iglesias de Bogotá, Barranquilla, y su postiza oratoria le ha permitido incluso aparecer como servidor de la fe en Miami en compañía de su esposa Shirley Castelar, en la Iglesia Centro Bíblico Internacional.
Desde el 18 de diciembre de 2020 cuando se firmó el contrato, pasando por el 25 de junio de 2021, día en que la ministra de las Tics, Karen Abudinen radicó la denuncia en Fiscalía General de la Nación por el caso, Cáceres sin preocupación alguna disfrutaba las mieles del ilícito.
Esto porque recibió un anticipo de $9.062 millones que los giró para compras suntuosas que nada tenían que ver con el suministro de internet a millones de niños de escuelas pobres y alejadas en Colombia.
El pastor Cáceres predicó esta vez lo contrario a las escrituras. Todo lo hizo a través de la empresa Nuovo Security LLC, por donde corrieron chorros de dineros públicos ilegales.
Por ejemplo se compró un lujoso apartamento. La nueva propiedad no podía desentonar con un carro viejo, por ello, también adquirió un vehículo de alta gama.
El festín de dineros alcanzó también para cómodos viajes, compra de joyas e incluso para préstamos personales y a algunos miembros de la comunidad cristiana.
Incluso los abogados que contrató para gestiones varias también recibieron su parte pues les giró $513 millones en honorarios del botín.
Otros también recibieron jugosas comisiones por las vueltas. Un derroche de recursos del erario que durante casi cuatro años poco se pudo evidenciar.
Jugadas a la justicia
Pero mientras los reflectores de los medios y la justicia iluminaban al excontratista Emilio Tapia, actualmente preso en Barranquilla, Luis Fernando Duque Torres, el representante legal de Centros Poblados, Ottomar Lascarro quien prestó sus empresas para certificar experiencia y ganar la licitación, o Juan José Laverde quien recibió una millonaria comisión por conseguir las pólizas falsas junto con Jorge Molina, extrañamente el pastor Cáceres siguió pasando de agache.
Su vinculación al caso fue casi que un misterio. Protegido por un particular asesor jurídico y otros políticos regionales en el anonimato que le habían ayudado a obtener contratos en La Guajira, Norte de Santander, Córdoba y Tolima por cerca de $100.000 millones en total, varios de ellos incumplidos.
Fue hacia mediados de 2021, cuando realmente expresó un supuesto arrepentimiento. Con un par de promesas de delatar a sus socios, que ya estaban plenamente identificados por varios medios de comunicación y devolver dineros pero en especie.
Estos eran unos equipos que supuestamente Cáceres había comprado en Estados Unidos para optimizar el suministro de Internet, es decir, como reparación entregar a la Fiscalía una serie de elementos casi inservibles como devolución de recursos.
Siguió pasando el tiempo. Mientras la Fiscalía imputó a varios de los referidos en el escándalo, Cáceres seguía con una extraña inmunidad, esto, en momentos en que el entonces fiscal general Francisco Barbosa, anunciaba por doquier medidas e imputaciones en casos de menor relevancia.
Al cumplirse casi cuatro años del caso, por fin apareció la primera decisión de un juez de la República. Fue el pasado 19 de julio de 2024, cuando el juzgado 47 penal de Bogotá emitió la primera sentencia de un caso que repugnó a la sociedad colombiana.
El togado condenó a 52 meses de prisión a Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados como coautor de los delitos de falsedad en documento privado en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
Ello como quiera que Duque se prestó para girarle del anticipo a Cáceres a través de las empresas Nuovo Security LLC e Inselsa SAS, $9.062 millones y a Emilio Tapia otros $6.182 millones, este último quien también los dilapidó en compra de un vehículo de alta gama, obras de arte, horas de vuelo, pagos a terceros y préstamos personales, entre los cuales apareció además un giro de US$300.000 que a su vez lo entregó por la compra de experiencia de las empresas Omega Building e Intec de la Costa.
Todo en un contexto en donde Cáceres fue fundamental puesto que con los antecedentes ‘exitosos’ de haber logrado millonarios y cuestionados negocios impunes obtuvo finalmente el más importante de todos por mas de un billón de pesos.
Con esguinces jurídicos que evidenciaron el proceder de Cáceres. Pocos días antes del negocio, cambió de nombre a la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia, Funtics para llamarse Novotics y aparecer con otra empresa poco conocida Nuovo Secutity por donde fluyeron millonarios pagos espurios.
A esto se suma asociarse con Emilio Tapia, repartir los dineros, hacer vueltas en la obtención de pólizas falsas y hacer pagos a varios aliados tras la consolidación del ilícito.
Sorpresivo beneficio
No obstante, al entorno criminal, este fin de semana, en concreto, este sábado 3 de agosto, la Fiscalía sorprendió con una comunicación pública en la que anunció el otorgamiento de un principio de oportunidad a Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona.
Aseguró el ente acusador anunció el beneficio jurídico: "En el evento de Cáceres Bayona, la figura se adelantará mediante la suspensión parcial de la acción penal por el término de un año en desarrollo de la investigación que se sigue en su contra por el delito de peculado por apropiación".
Explicó además la Fiscalía que: "La negociación judicial dispone que Cáceres Bayona comparezca como testigo en la investigación que avanza en contra de otros presuntos vinculados en este caso de corrupción. Asimismo, acuerda que esté investigado restituya un total de 9.062 millones de pesos, dinero apropiado por él del anticipo del contrato 1043 de 2020 que tenía por objeto dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos del país. Cáceres Bayona ya hizo un primer reembolso por 3.302 millones de pesos. Los recursos restantes por restituir ascienden a $5,760.427.303".
La reiteración de asunto es que desde hace ya casi cuatro años, el país conoce tras la labor de los medios de comunicación quienes son los implicados y cuál ha sido su modus operandi en el caso.
De ello se plantea el debate jurídico sobre si ya conocido el caso de Centros Poblados, es relevante el aporte de Cáceres, en la medida que los protagonistas ya están siendo judicializados, incluso con condenas o en audiencias preparatorias, como para que la fiscal general Luz Adriana Camargo le hubiese concedido los beneficios mediante un principio de oportunidad.
Al respecto, uno de los abogados penalistas que defiende a una de las víctimas de Centros Poblados señaló frente al asunto: "En este y en cualquier evento que haya un principio de oportunidad apoyamos, es una forma pronta de resolver este tipo de casos".
Será ahora un juez de la República en audiencia prevista para las próximas semanas, si avala dicha figura jurídica, o si simplemente como los hechos lo demuestran Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, gestor de una organización criminal que junto con Emilio Tapia crearon e hicieron con un millonario desfalco al erario, sigue siendo sinónimo de impunidad en Colombia.
Le puede interesar
