La empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores, mediante la cual, el hoy magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes suscribió en el año 2016, un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República por $574 millones para realizar un inventario de procesados de las Farc, ha sido objeto de varias modificaciones desde su constitución. Actualmente una de las socias y quien reemplazó a Reyes en la sociedad es una joven estudiante de apenas 19 años de edad. Se trata de Gabriela Reyes Sánchez, hija del magistrado.
Una polémica que surgió porque el togado fue el magistrado ponente de la medida de aseguramiento que derivó en la detención domiciliaría del exsenador Álvaro Uribe hace un mes. Una determinación que encendió a seguidores y detractores del expresidente. Los primeros consideran que fue una decisión más política que jurídica y los segundos defendieron la tesis que se hizo justicia y que nadie está por encima de la ley.
En contraste, varios juristas consultados consideran que el contrato no era argumento para declararse impedido y apartarse de la investigación. “Los impedimentos son taxativos, ello quiere decir que deben estar claros y expresos en la ley”, aseguró un jurista. El penalista Fabio Humar considera que no debió declararse impedido ya que estos impedimentos están señalados en los códigos, "el que se le señala al magistrado no existe en ninguna ley".
Al respecto, el abogado penalista Marlon Díaz indicó: "La experiencia laboral o contractual de cualquier juez no afecta per se su imparcialidad. El magistrado ponente no estaba impedido para tramitar el proceso, pues ninguna de las causales de impedimento previstas en el artículo 56 de Código de Procedimiento Penal le era aplicable, ni siquiera la teoría de la apariencia de imparcialidad que fue aplicada a la doctora Cristina Lombana por la misma Sala".
Su colega Oscar Sierra asegura que llama la atención del contrato firmado que una parte estaba vinculada a temas de salud que en su concepto no es la especialidad del magistrado Reyes. Para el jurista, hacer públicas las actividades contractuales con el gobierno Santos al interior del proceso contra el senador Uribe hubiese preservado la imparcialidad y dado mayores garantías, "hubiese sido una forma recta y diligente para blindar el proceso y que se definiera al interior del mismo si estaba impedido o no".
Pero más allá de debate, la firma del magistrado data del 15 de agosto de 2003, cuando mediante escritura 5.472 de la Notaría 19 de Bogotá, Sandra Rodríguez Moreno, Ruben Támara Murcia y César Augusto Reyes Medina constituyeron la empresa Consultores Justicia y Ley Ltda. Una compañía con un capital inicial de un millón y medio de pesos, de los cuales, a cada socio le correspondieron 500 acciones por un valor de $1.000.
Para esa época, Reyes Medina, ya había egresado como abogado de la Universidad La Gran Colombia, era especialista en derecho penal y combinaba sus actividades de defensor público con la docencia y el litigio. Surgió entonces, la iniciativa de asociarse con otros dos abogados.
El objeto de la sociedad fue trabajar en el campo de la administración de justicia y la administración pública en general. Así como en la investigación social, jurídica, evaluación y seguimiento de los procesos judiciales y administrativos.
Los tres socios también acordaron que el domicilio estaría ubicado al occidente de Bogotá, en un apartamento de la calle 22 b con carrera 56 y que uno de los accionistas, César Reyes ocuparía el cargo de gerente.
Al comienzo la compañía no tuvo muchos movimientos significativos. Pero tres años después se efectuó un cambio de socios, se reformaron los estatutos y se aumentó el capital. Así lo acordaron en el acta del 2 de febrero de 2006.
Esta vez acudieron a la notaría 18 de Bogotá y los nuevos acuerdos quedaron consignados en la escritura 0239. De esta manera, las cuotas de Ruben Darío Tamara Murcia y Sandra Patricia Rodríguez Moreno fueron cedidas a Fernando Jiménez Montes, quien actualmente es magistrado auxiliar de César Reyes, y Ana de Jesús Montes Calderón. El valor de la cesión de las cuotas fue de un millón de pesos. El capital de la empresa pasó de un millón y medio de pesos a nueve millones.
César Augusto Reyes Medina continuó siendo socio pero pasó de gerente a subgerente. Adicionalmente, se hicieron dos modificaciones sustanciales. El primero fue al objeto social. La empresa tendría como objeto principal la capacitación judicial. Es decir, la formación de abogados, funcionarios y técnicos judiciales.
“En los principios fundamentales que inspiran las reformas judiciales latinoamericanas, en los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesales y en las normas que regulan los procesos judiciales”, se advierte en los nuevos estatutos.
También quedó planteado que para desarrollar su objeto social tendrían como prácticas corporativas, alianzas estratégicas con sector no gubernamental, consultoría nacional e internacional y convenios académicos con universidades nacionales e internacionales.
Finalmente acordaron modificar también la razón social. En adelante se denominaría, “Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda”.
El 27 de septiembre de 2009 convocaron una asamblea extraordinaria para realizar una nueva cesión de cuotas. Ana Montes Calderon no continuó siendo socia de la empresa, así que su participación fue adquirida por César Augusto Reyes con 2.000 cuotas y Fernando Jiménez Montes con 1.500.
En esta oportunidad al igual que en el primer cambio de socios, la cesión de cuotas también se hizo a título gratuito. De esta manera, César Augusto Reyes quedó como socio mayoritario de la firma con 5.500 cuotas.
Sin embargo, fue necesario realizar una asamblea extraordinaria a mediados de 2010 para corregir los puntos 2, 3 y 4 del acta en la que Montes Calderón había decidió regalar su participacion a los demás socios.
Lo anterior, porque la Cámara de Comercio se abstuvo de registrar la escritura del acta número tres en razón a que en un aparte manifestaron que la cesión de cuotas era gratuita y en otra que era producto de una enajenación.
De manera paralela Reyes integraba su trabajo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid. Allí se desmpeño como subdirector del Programa de Acceso a la Justicia, bajo la dirección del ciudadano chileno Javier Said Young.
Una iniciativa que le permitió además consolidar sus contactos con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, Dejusticia. Quienes lo conocen aseguran, que Reyes es hombre de fuerte carácter y sólidos conocimientos en derecho penal.
Posteriormente, y bajo el sombrero de la embajada de Estados Unidos, Reyes fortaleció sus contactos. Se acercó a Sergio Jaramillo, comisionado de paz en los albores del gobierno de Juan Manuel Santos.
En ese entorno también conoció a Humberto de la Calle y a Mónica Cifuentes, gestores del acuerdo de paz con la Farc. Además contó con la simpatía de José Luis Barceló, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien lo afianzó allí con sus colegas, según aseguran fuentes al interior de la Rama Judicial.
Solucionado el impase con su empresa en la Cámara de Comercio, la sociedad continuó prosperando. Por esta razón, en el año 2014 elevaron una nueva escritura para prórrogar el término de duración de la empresa por veinte años más. La compañía había entrado en liquidación toda vez que el 15 de agosto de 2013 se cumplió el plazo de diez años acordado. Pero justamente, fue un buen año en el que reportaron activos por $138 millones.
Meses antes de ser elegido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, los socios realizaron la asamblea extraordinaria número siete. Ese día, el 19 de septiembre de 2018, acudieron al llamado dos invitados. Harry Fernando Mora Mayorga y Gabriela Reyes Sánchez. Los socios que habían estado tan a gusto en la empresa, en esa reunión decidieron entregar su participación en la compañía a los dos invitados, pero esta vez no de manera gratuita.
César Augusto Reyes Medina cedió las acciones de su compañía a su hija Gabriela Reyes Sánchez por valor de $5.500.000 millones. Se trata de una estudiante de 19 años nacida en Villavicencio quien apenas en octubre de 2017 se convirtió en mayor de edad.
Por su parte, Fernando Jiménez Montes hizo lo propio y también cedió sus acciones por $5.000.000 millones a Harry Fernando Mora Mayorga.
El 2 de noviembre de ese mismo año. Los nuevos socios, la estudiante y el consultor se reunieron para designar como representante legal y gerente a Javier Said Yueng un ciudadano chileno, quien había sido jefe de Reyes en el programa Usaid. Lo anterior quedó consignado en la escritura pública 5547 de 2018.
Al año siguiente, Yueng obtuvo una consultoria con el Consejo del Poder Judicial de República Dominicana con el propósito de apoyar la elaboración del plan estratégico 2020-2024. Por ahora, no aparecen nuevos contratos con el Estado colombiano celebrados con la firma Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, se comunicó con el despacho del magistrado Reyes, quien no respondió los llamados. Por ahora, es evidente que el togado, después de 14 años vendió su empresa a dos personas cercanas; su hija y su exjefe en el programa Usaid.
También que las cesiones de acciones que se hicieron antes de 2018 fueron gratuitas, sin embargo a su hija se las vendió por cinco millones y medio de pesos, una estudiante con poca capacidad económica, que en el sistema de salud tiene la condición de beneficiaria de su padre e inexperta en asuntos jurídicos.
