Aida Merlano Rebolledo estaba clasificada en nivel máximo de seguridad, no tenía EPS desde el 30 de octubre de 2018 pero logró que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, le autorizara una cita médica con un odontólogo particular y con una sola guardiana custodiándola.
Con una condena a 15 años de prisión por delitos electorales, un supuesto intento de suicidio en la cárcel por depresión, una pelea en el patio octavo con Blanca Jazmín Becerra condenada por el desfalco a la Dian y considerada por las mismas internas como una de las jefes de la prisión, fue trasladada a un centro médico al norte de Bogotá en un procedimiento abultado en inconsistencias.
La disputa con Becerra, no le generó ninguna anotación en la cartilla biográfica, hoja de vida de los internos en prisión. Merlano siguió ripostando. Interpuso, sin éxito, una tutela para revocar el fallo que la condenó. A mediados de la semana pasada solicitó prisión domiciliaria y la justicia se la negó.
Lo cierto es que ante el déficit en el número de guardias para acompañar a los privados de la libertad a audiencias y citas médicas, era evidente que tenía como plan B la fuga. Pese a un procedimiento con múltiples inconsistencias, fue trasladada el martes a una cita para diseño de sonrisa.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó los documentos del caso como la cartilla biográfica de la interna, el Manual de Traslado o Remisiones de Personas Privadas de la Libertad del Inpec, dos reportes de la Fiscalía, la base de datos de la Adres y del Sistema Penitenciario, la clasificación de seguridad de los internos y sus desplazamientos, consultó a funcionarios y exfuncionarios del Inpec y a varios directores de establecimientos carcelarios y obtuvo testimonios de internas que evidencian la articulación de un esquema que facilitó la fuga.
Por ejemplo, el perfil de la interna Aida Merlano. La clasificación en seguridad distinta a la fase se hace de acuerdo a la peligrosidad o connotación del privado de la libertad, entre otras consideraciones. Esta clasificación la realiza la dirección general. “Si ella estaba en nivel uno siendo sindicada, debió continuar en esa clasificación cuando la condenaron a 15 años de prisión y más aún con uno de los delitos que fue tenencia ilegal de armas”, indicó un experto en el sistema carcelario.
Según la fuente, no hay explicación de por qué en junio le redujeron el nivel de seguridad a dos, pues en este nivel los grupos especializados no tienen competencia para su desplazamiento, si no que este está a cargo del Buen Pastor, y los grupos tienen más unidades de guardia y mejores herramientas.
Así las cosas, por el tipo de delitos que fue condenada, Aida Merlano, uno de ellos relacionado con tenencia ilegal de armas, su pena de 15 años de prisión y por ser una aforada constitucional, debió permanecer en nivel uno de seguridad, es decir máximo nivel y su desplazamiento tenía que estar a cargo de tres o cuatro unidades de guardia, evidencian los procedimientos internos del Inpec.
Cuando se trata de remisiones médicas, un guardia, siempre debe tener contacto permanente sin perder de vista al sindicado o condenado y dos o tres guardias más deben estar cubriendo las entradas y salidas. “Esto no solo para evitar una fuga si no para impedir una inminente agresión en contra de la persona privada de la libertad”, resalta un director de establecimiento carcelario.
Otras inconsistencias, que son materia de investigación, se refieren a las solicitudes y autorizaciones de remisión. Para el primero de octubre, existían dos solicitudes de la reclusión de mujeres para el traslado de Aida Merlano, una jurídica y otra médica.
En la primera, la exparlamentaria se reuniría con funcionarios de la Fiscalía para acordar su colaboración y realizar una posible delación y la segunda para un diseño de sonrisa. Sin embargo, la dirección del Inpec, solo se pronunció respecto a la remisión odontológica y no frente a la jurídica.
Hacia las 10:00 am Aida Merlano salió de la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor con una remisión exclusiva para ella, en un vehículo para su desplazamiento con un conductor y una guardiana.
Dos horas después, a las 12:00 p.m se realizó un relevo de guardia. La dragoneante, Natalia Espinosa que salió con la excongresista para cumplir su labor de vigilancia y custodia fue relevada por otra, a quien al parecer, no le dieron mayores instrucciones del caso. Justo ese sería el momento en que se materializó el plan de fuga y en donde se realizó el ingreso de los elementos que luego usó Merlano.
Otra de las falencias está en el número de personas al interior del consultorio médico. Solo se permite en estos casos la presencia del odontólogo y asistente y la paciente, según el procedimiento del Inpec. Pero en el video de las cámaras de seguridad del consultorio se observa que hasta los hijos de la excongresista estuvieron presentes, mientras que la guardiana del Inpec permanecía afuera del consultorio y sin tener contacto visual con la persona que custodiaba.
La exparlamentaria hoy prófuga era una consentida del Inpec. La Reclusión de Mujeres El Buen Pastor, tiene una capacidad para 1.275 internas, pero actualmente hay 2.207 mujeres privadas de la libertad. Es decir, esta cárcel registra un hacinamiento del 73.1%, según cifras oficiales del Sistema Penitenciario.
A pesar de esta sobrepoblación, Merlano vivía sola en una celda muy bien equipada. Podía disfrutar de bebidas y alimentos fríos cuando quisiera pues tenía nevera y a diferencia de sus demás compañeras de infortunio ella no tenía que ingerir la alimentación escasa y descompuesta que en muchos casos entrega la cárcel, como está plenamente documentado en las quejas de las internas, abogados y ONG, presentadas ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y Contraloría, desde hace años.
Verbigracia, gracias a los privilegios que tenía en la cárcel, fue de las pocas internas que no tuvo que soportar lo ocurrido el pasado 19 de septiembre. Ese día, la Secretaría Distrital de Salud suspendió el servicio de cocina del centro de reclusión porque encontraron 120 kilos de pollo en descomposición.
Por cuenta del cierre de la cocina de la reclusión por las pésimas condiciones de higiene, manipulación de los alimentos y omisión en la cadena de frío, que había generado la intoxicación de varias reclusas, el remedio fue peor que la enfermedad. El “Wimpy” como es conocida la comida en la jerga carcelaria se atrasó en su entrega y las porciones y gramaje resultaron insuficientes. Las internas se quejaron por que estaban pasando hambre. El Inpec, lo negó.
Pero no era el caso de Aida Merlano pues ella tenía acceso a alimentación especial. En su celda tenía fruta fresca, alimentos variados de despensa, enlatados y otras viandas. Tener estas prebendas no era motivo de preocupación, todas estaban autorizadas por la dirección general del Inpec y del centro de reclusión, pues al ser considerada una de las reclusas VIP al lado de otras que disfrutan de su misma condición como Jazmín Becerra, la ex funcionaria jefe del cartel de las devoluciones indebidas de la Dian, no tienen que padecer las denominadas “rascadas” o “raqueteadas” que realiza la guardia penitenciaria en las celdas.
Es decir, el ingreso intempestivo con unidades caninas en las que arrojan los elementos personales de las internas al piso, muchas veces mojan sus colchonetas, rompen elementos médicos en busca de elementos prohibidos, cómo armas cortopunzantes, estupefacientes, medicamentos y celulares. “Acá todos los elementos prohibidos los ingresa la guardia a cambio de dinero y luego vienen a esculcar y llevarse las cosas que ellos mismos ingresaron”, indicó una de las internas a la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
Otro de los beneficios que tenía Aida Merlano era que podía desplazarse sin restricción por todo el establecimiento carcelario a pesar tener en su contra una condena de 15 años de prisión, estar en fase de alta seguridad por no haber superado aún la tercera parte de su sentencia y de las peleas que ya había tenido con Blanca Jazmín Becerra.
Según las versiones de algunas internas de El Buen Pastor, los directivos y la guardia del Inpec no trataban a Merlano como una persona condenada por varios delitos si no como a una congresista. “Ella hacía alarde de su poder y dinero y quería ser la que manejaba la cárcel y quitarle ese título a Blanca Jazmín la de la Dian quien se está quedando sin plata. Eran enemigas porque se disputaban el mando, querían ser las “plumas” advirtió otra interna.
Gracias a su poder y dinero que parecían intactos, logró sin esfuerzo la autorización de una cita médica con su odontólogo particular para un diseño de sonrisa. Registros de la Adres evidencian que Merlano cotizó a la seguridad social desde el primero de agosto de 2008 hasta el 31 de octubre de 2018 a la Nueva EPS.
Este no es un detalle menor, teniendo en cuenta que para los internos es muy difícil lograr una remisión médica incluso si se está afiliados a una EPS, luego es una misión casi imposible lograr una aprobación a una cita con un médico particular. Por ello, un investigador del caso se pregunta; ¿Desde hace cuanto estaba planeando la fuga? ¿Por qué dejó de cotizar al sistema?.
Otro detalle es que la cartilla biográfica de la fugada está desactualizada. En esta, aún figura como sindicada, a pesar de que a comienzos de septiembre había sido condenada a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas, pese a ello, salió del establecimiento carcelario sin mayores restricciones de movilidad.
No obstante, un inconsistencia más rodea el caso. El promedio de diario de remisiones médicas y judiciales esta entre 25 y 30 diarias. No en pocas ocasiones se ha incumplido por falta de guardia. Llama la atención que Merlano logró la autorización para asistir a un procedimiento estético, con un médico particular y con una dragoneante.
A este hecho se suma, que por ser una aforada constitucional, es decir, por tener la calidad de excongresista, juzgada por la Corte Suprema de Justicia, las remisiones judiciales y médicas las debe autorizar la dirección general del Inpec, es decir el general William Ruiz.
Teniendo en cuenta su condición debió salir custodiada con un grupo de tres o cuatro dragoneantes como exigen las normas de seguridad para los internos de alto perfil. Según, un funcionario del Inpec por una razón, “hace aproximadamente un mes, Aida Merlano sin justificación alguna le redujeron su nivel de seguridad a dos, es decir, que sus traslados estarían a cargo del centro de reclusión y no del Grupo de Operaciones Especiales del Inpec, Grope”, señala un guardia y miembro de un sindicato del Inpec.
La cinematográfica fuga de Merlano de un centro médico generó la renuncia del general William Ruiz, director del Inpec. Asimismo, de la directora del Buen Pastor, Diana Cecilia Muñoz y la subdirectora, Katherine Lozano Forero. Además, la Procuraduría suspendió a ocho funcionarios de la entidad.
Por estos hechos, también se indaga al director de custodia y vigilancia, al director de asuntos penitenciarios, al subdirector de custodia y un asesor de la dirección general del Inpec, conocido por guardias y directores, como el “subdirector” en la sombra, quienes tendrían relación con la modificación del nivel de seguridad de Merlano.
Claudia Carrasquilla, delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía anunció que el organismo está identificando a las personas que aparecen en los videos para establecer su posible participación en la fuga. “Estamos analizando con los medios probatorios que tenemos que podemos allí imputar teniendo en cuenta que hay una conducta delictiva”.
Al tiempo que continúan los operativos para su recaptura, Interpol expidió circular naranja contra la excongresista y la clase política de la Costa Atlántica tiembla por una posible delación, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco contempla como opciones la liquidación del Inpec que en la actualidad tiene 91 sindicatos. Lo cierto, es que el caso de la excongresista generó un terremoto judicial con graves consecuencias para el sistema carcelario del país y las empresas criminales que lo rodean.
