En pocos días se cumplirá un año con la Sala de Casación Penal integrada por ocho magistrados y no nueve como lo dispone la Constitución. La razón es una profunda radicalización en la Corte Suprema de Justicia que ha impedido que los magistrados se pongan de acuerdo y elijan el reemplazo de la magistrada Patricia Salazar Cuellar. Una meritoria abogada de la Universidad Autónoma de Colombia que empezó como Juez Penal Municipal de Bogotá y quien terminó ocupando una magistratura en el órgano de cierre de la justicia penal.
Un conflicto que se originó el 30 de marzo de 2022 cuando el Consejo Superior de la Judicatura remitió a la Corte Suprema de Justicia la lista definitiva de candidatos destinada a proveer dicho cargo.
Tras meses de debate, una aspirante se ha convertido en la manzana de la discordia. Se trata de María Mercedes López, una abogada especializada en derecho penal y criminología, con maestría en Ciencias Penales y Criminológicas y con doctorado en derecho.
Inició su carrera como gerente del Terminal de Transporte de Medellín. Luego fue analista del Banco Popular, asesora en la Personería de Medellín entre 1993 y 2003. De allí pasó a magistrada auxiliar durante cuatro meses en el Consejo Superior de la Judicatura. Posteriormente fue elegida magistrada de la Seccional Tolima de ese mismo tribunal.
En febrero de 2007 ingresó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira en donde sólo estuvo dos meses y medio. En mayo y hasta diciembre de ese año se desempeñó como Procuradora Judicial II hasta que fue incluida por el entonces presidente Álvaro Uribe en la terna conservadora para elegir la vacante dejada por Leonor Perdomo en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Y en el Congreso de la República su aspiración se convirtió en realidad con un triunfo contundente. Fue elegida por 107 votos de los parlamentarios y en ese cargo estuvo hasta el 2015.
No quería parar en su ascendente carrera. En octubre de 2012, tres años antes de finalizar su periodo, fue ternada por el presidente Juan Manuel Santos para ser la procuradora general de la Nación con un resultado adverso. Esta vez los congresistas le dieron la espalda. No tuvo más remedio que renunciar a la postulación argumentando falta de garantías. Esto en momentos en que era inminente la reelección en el cargo de Alejandro Ordoñez.
María Mercedes López es persistente. Cuatro años más tarde, nuevamente fue ternada por Santos a la Procuraduría como cuota del Partido Conservador, pero el exministro Fernando Carrillo se impuso por amplia mayoría.
Entonces López retomó el cauce de la política. Pasó a ocupar la secretaria general del Partido Conservador. Luego se desempeñó como asesora de varias entidades, entre estas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Su trayectoria no estuvo exenta de polémicas. Quizás la más recordada fue una acción de tutela que falló en favor de Jorge Andrés Montoya Moreno y quien en 2007 había sido condenado a 26 años y 9 meses de prisión por los delitos de tentativa de homicidio y hurto agravado, cuya víctima fue el prestamista Jhon Fredy Cañas Villa.
Una decisión que fue revocada por la Corte Constitucional que además compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que la investigara y a los conjueces que participaron en la extraña decisión. Esto porque en ese caso ya se habían pronunciado el Juzgado Octavo Penal de Medellín, la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
En sus años recientes, la abogada ha preservado su bajo perfil y su actividad consiste en algunas asesorías, sin dejar del todo sus naturales aspiraciones a continuar superando nuevos retos.
Lo cierto es que con aciertos y desaciertos. María Mercedes López, originaria de Santa Rosa de Osos, a sus 55 años de edad, ahora quiere regresar a la Rama Judicial. Esta vez a ocupar la máxima dignidad del organismo de cierre. Para ello cuenta con el apoyo irrestricto del magistrado Luis Antonio Hernandez Barbosa.
No obstante, uno de los ejes del debate entre un grupo de magistrados que se oponen a su llegada a la Sala Penal, es que aseguran que al salir Patricia Salazar Cuellar dejó un punto muy alto al sentar jurisprudencia en diversos procesos y por ello su reemplazo debe estar a su altura.
Un hecho que se refleja no solo en el entorno jurídico. Los académicos valoran los pronunciamientos que realizó Salazar Cuellar en aspectos determinantes como la debida aplicación del atenuante de la ira e intenso dolor, el enfoque de género en los casos de violencia intrafamiliar, el principio de legalidad en los preacuerdos, los hechos jurídicamente relevantes y quizás el más importante, la conceptualización del feminicidio y su indagación e investigación desde el enfoque de género.
Así las cosas, tras pasar el filtro de un primer grupo de aspirantes que superó inicialmente los 50, se decantó a 10 candidatos con nombres conocidos en la justicia.
Juan Carlos Arias López magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y quien públicamente en noviembre de 2022 pidió a la Procuraduría investigar a la alcaldesa Claudia López por lo que consideró una intervención indebida en la administración de justicia, esto luego que la mandataria culpara a los jueces de la inseguridad en Bogotá.
En la lista definitiva también se encuentra Oscar Bustamante Hernandez, abogado de la Universidad Javeriana con especialización en derecho probatorio penal, derecho administrativo, derecho constitucional y quien lleva más de 36 años en la Rama, inició como Juez Promiscuo Municipal y desde hace unos años es magistrado del Tribunal Superior de Medellín.
Aparece además, Fabio Espitia Garzon, abogado con especialización en ciencias penales y criminológicas y quien trabajó en la Fiscalía General de la Nación. En 2016 fue designado por el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez como Coordinador de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Tres años después y luego que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, comunicara que rechazaba la extradición de alias 'Jesús Santrich' de las Farc y ante la renuncia del fiscal general, Espitia fue designado como fiscal encargado.
Allí permaneció varios meses y ante la elección de Francisco Barbosa como fiscal general, fue nombrado como director general de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y desde 2021 es director general de la Unidad Administrativa Especial.
La lista la completan Oher Hadith Hernández Roa magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Nilka Gisela del Pilar Ortiz Cadena, magistrada del Tribunal Superior de San Gil; Sandra Patricia Ramírez Montes exfuncionaria de la Fiscalía y Carlos Roberto Solorzano Garavito.
No obstante, según lo conoció la Agencia de Periodismo Investigativo, API, con fuentes al interior de la Corte Suprema, fiscales, abogados y otros miembros de la Rama Judicial, la disputa por el cargo gira en torno a dos mujeres.
López no es la única candidata relevante en la puja. Del otro lado se encuentra María Cristina Patiño, esposa del magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli. Además, su jefe de debate al interior del alto tribunal es el magistrado José Francisco Acuña, quien próximamente deberá dejar el tribunal pues cumplirá su periodo de ocho años.
Ramelli Arteaga es abogado de la Universidad Externado, con maestría en Derechos Humanos de la Université de Paris X Nanterre y doctor en Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca.
En su ámbito laboral fue magistrado auxiliar en la Corte Constitucional entre los años 2002 y 2012; de allí pasó al ente acusador y durante dos años se desempeñó como Fiscal Delegado ante el Tribunal.
Luego, en febrero de 2014 regresó a sus labores como magistrado auxiliar pero esta vez en el Consejo de Estado. Posteriormente, y hasta el 12 de enero de 2018, fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, hasta que fue elegido el 15 de enero de 2018 como magistrado de la JEP.
Es decir, su trabajo durante más de 21 años en las altas cortes le ha permitido impulsar el nombre de su esposa como reemplazo de Salazar Cuellar.
Con otro detalle, María Cristina Patiño, fue nombrada el 22 de junio de 2018 por el magistrado Francisco Acuña como su magistrada auxiliar en propiedad, pues en 2014 había ido designada pero en provisionalidad.
A comienzos de este año el Consejo Superior de la Judicatura abrió el proceso de convocatoria para conformar la lista de aspirantes a ocupar el cargo del magistrado Acuña en la Sala Penal, cien se inscribieron.
En otras palabras, los magistrados divididos de la Corte Suprema de Justicia aún no deciden el reemplazo de Patricia Salazar y al cumplirse ya casi un año de indefinición, ya comenzó la carrera para elegir el reemplazo de otro magistrado.
Este es un año determinante en el proceso de elección de cada miembro de la magistratura, pues en pocos meses se iniciará oficialmente lo que ya empezó a construirse silenciosamente: la carrera por quien será el sucesor del fiscal Francisco Barbosa, quien finaliza su periodo en febrero de 2024.
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