Rosa Ana Camacho Weverbeg lleva una pena a cuestas desde hace 21 años. A su esposo, el empresario Carlos Hernando Casabianca Perdomo lo secuestró las Fuerzas Armados Revolucionarias de Colombia, FARC, pero lo mató el Ejército.
Su drama es doloroso por partida doble. Su padre fue el general Alberto Camacho Leyva. Sus tíos Luis Carlos Camacho Leyva y Bernardo Camacho Leyva. Además es prima hermana del general Gustavo Matamoros Camacho. Una familia de militares. Paradójicamente, fueron uniformados de la institución quienes asesinaron a su marido.
El Estado la indemnizó en el año 2014, luego de un largo pleito judicial, con $300 millones. La tercera parte fue para los abogados y otro porcentaje se lo llevó la Dian por concepto de ganancia ocasional.
Para el Estado, mediante la expedición de la normatividad tributaria, ganarse el premio mayor de la lotería y recibir una indemnización luego del secuestro y el asesinato de un familiar, es una situación igual, refieren los especialistas en la materia.
La historia se remonta al 3 de febrero de 2000. Una época en la que las FARC se fortalecieron militar y económicamente gracias a la zona de despeje de 42.000 km del Caguán, en el departamento del Caquetá. Un área despejada por el entonces presidente Andrés Pastrana para hablar de paz con la guerrilla. En concreto, con su líder Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo.
Pero mientras se dialogaba, la agrupación entonces al margen de la ley, no cesó en los secuestros, las denominadas pescas milagrosas, el reclutamiento de niños, la violencia sexual contra mujeres y menores, así como diversos actos criminales.
El 3 de febrero de 2000, el frente 42 de las FARC que operaba con más de mil guerrilleros en San Juan de Rioseco, Girardot, La Mesa, Facatativá, Madrid y Mosquera, comandado por Bernardo Mosquera Machado alias “El Negro Antonio” secuestró a Casabianca Perdomo. Según información del Gaula de la Policía, la guerrilla lo trasladó hasta zona rural del municipio de Viotá, en Cundinamarca.
Ocho días después ocurrió lo peor. Un operativo del Ejército, a la altura de la quebrada La Mona, interceptó el vehículo en el que los guerrilleros transportaban a Casabianca, hubo intercambio de disparos. Los militares abrieron fuego y todos murieron, incluyendo el secuestrado.
A pesar de la denuncia de Rosa Ana Camacho Weverbeg, esposa de la víctima, las constantes solicitudes para que le informaran el estado de la investigación está no avanzó, por el contrario, se perdió en los vericuetos de la justicia. Lo propio sucedió en el ministerio de Defensa.
“Si esto está sucediendo con una persona profesional como yo, con muchos contactos, con hechos confesos, porque la defensa del Ejército es que mi esposo murió por culpa de la víctima, nunca negó el hecho de que ellos cometieron el hecho, no quiero pensar lo que pueden sufrir las víctimas que no tienen recursos de conocimiento, que no conocen sus derechos, que no entienden los procesos y demás”, expresó Camacho Weverbeg, en diálogo con la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
No obstante, la Fiscalía inició la investigación en contra de los civiles que participaron en el secuestro y el homicidio. La Justicia Penal Militar hizo lo propio con los uniformados, pero en ambos casos se llegó al mismo punto, ninguno.
Nueve años después de los hechos, en 2009, Camacho Weverberg, no tuvo otro remedio que recurrir a la justicia internacional. Acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH en Washington. Su caso se había engavetado y hasta ese momento no había ningún capturado o judicializado por el crimen.
Sin resultados en el ámbito penal, acudió a la justicia administrativa, pues el Estado por un lado fue incapaz de garantizar la integridad y la libertad de su esposo, ya que la guerrilla lo secuestró y luego el mismo Estado por un error en el procedimiento lo asesinó.
En el año 2014, el Consejo de Estado ordenó indemnizarla con $300 millones. De esa cifra, $100 millones fueron para los abogados y $65 para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.
Según el Estatuto Tributario y los legisladores que prefieren los proyectos de ley con réditos mediáticos, pusieron en una misma balanza los juegos de suerte y azar con la reparación a las víctimas.
El pasado 14 de septiembre, la CIDH le otorgó cuatro meses a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para que realice las observaciones frente al caso, pues luego de 21 años él secuestro y el asesinato de Carlos Hernando Casabianca continúa en la impunidad.
La entidad, a la que se le vence el plazo el próximo 14 de marzo, aún guarda silencio. No parece importarle el drama de una viuda que busca justicia desde hace más de dos décadas. Al menos, así parece por la ausencia de respuesta de su director, el excomisionado de paz del gobierno Pastrana, Camilo Gómez.
“Mis aspiraciones es que conciliemos con el Estado colombiano y pueda pasar la página porque esto se robó mi vida. Llevo 21 años en la lucha jurídica. Ha sido un drama completo. También aspiro a que las demás víctimas sepan públicamente de aquella época de San Vicente del Caguán, porque el país sufrió mucho con ese proceso de paz que llevó al despeje absoluto de una parte muy extensa del territorio colombiano”, puntualizó Camacho Weverbeg.
