No hubo notificación personal, ni edictos o emplazamientos. Todo pareció secreto. Con una resolución de inicio del proceso de extinción de dominio en contra de Enilce López alias "La Gata" y sus llamados testaferros se afectaron terceros y hasta entidades como la Dian, alcaldías, bancos, incluso a Electricaribe.
Seis años después de esta maniobra, que dejó gravemente herido el proceso en contra de López, un fiscal delegado ante el tribunal enderezó el entuerto. De inmediato, le llovieron rayos y centellas, al punto que fue a él y no al fiscal de primera instancia al que llamaron a rendir cuentas al interior de la entidad.
Con una gran paradoja, el fiscal José Obdulio Ortega Toro lleva a cuestas casi tres décadas en la institución. Ha tenido a cargo, entre muchos, los más grandes procesos de extinción de dominio del país enfrentando los tentáculos jurídicos de la mafia, en donde más se afecta, las finanzas criminales y sus bienes, casi siempre, en poder de testaferros.
Drogas La Rebaja de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali; Juan Carlos Ramírez Abadia, alias "Chupeta"; Diego León Montoya, alias "Don Diego", Pastor Perafán, Luis Hernando Gómez, alias "Rasguño", entre otros, han pasado por los repletos anaqueles y decisiones del funcionario.
En cuanto a alias “La Gata”, la historia se remonta al 9 de octubre de 2009 cuando Martin Kaplan asistente del director regional de la DEA en Cartagena informó a la DIJIN de la existencia de casas, fincas, bodegas, vehículos y empresas que presuntamente hacían parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos. Una acción judicial que evidenció a la postre un emporio de 643 bienes con un valor estimado en el mercado de US$500 millones.
Como consecuencia de esto la Fiscalía dio comienzo a la extinción de dominio de bienes del clan liderado por López, avaluados en 500 millones de dólares. Son exactamente 391 bienes inmuebles, 124 vehículos, 121 establecimientos de comercio y 7 sociedades, incluidas empresas del chance
Según aquella información, la organización la lideraba Enilce del Rosario López Romero y sus hijos José Julio, Hector y Jorge Luis Alfonso López. La oficina antidrogas con sede en La Heroica advirtió además que el dinero con el que se adquirieron varios bienes era de Salvatore Mancuso, uno de los jefes de las autodefensas.
Además de López y sus hijos también se mencionó cómo parte de la organización a Lineth González Sánchez, Sandra Zapata y Marta Elena Dereix, esposa de Mancuso.
La información entregada a la Dirección de Investigación Judicial de la Policía, el líder de las autodefensas viajó en el año 2004 en múltiples ocasiones para entregar dinero a empresas del chance como Aposmar y Uniapuestas. El coletazo fue tres años después, con una condena a dos de los presuntos testaferros por los delitos de peculado por apropiación, lavado de activos y celebración indebida de contratos. No obstante, Enilce López fue absuelta.
Con otro antecedente, el 10 de octubre de 2005 la Fiscalía se abstuvo de iniciar investigación en contra de López por actividad monopolística de arbitrio rentistico. La Procuraduría impugnó y luego el Tribunal ordenó la cancelación del contrato de apuestas, en medio de la tensión con otros empresarios que evidenciaron la rentabilidad del popular negocio.
Sin embargo, cinco años después se allanaron varios inmuebles y empresas de López. Unión de Inversiones de la Costa Atlántica Unicat, IPS Salud del Caribe Ltda, Regional del Aseo SA, Empresarios Asociados de Apuestas Permanentes del Departamento del Magdalena Aposmar, Uniproducciones SA, Edificio Fincar en Barranquilla, Seguridad 911, Farmacia Costa Azul, Uniapuestas, Casa 5 Barranquilla, Edificio Domus, Aposucre SA, entre otras, fueron intervenidas.
Con cientos de interceptaciones, informes de campo y demás elementos de prueba se inició un proceso complejo. El expediente de extinción de dominio de Enilce del Rosario López Romero conocida con el alias de “La Gata” tiene 400 cuadernos y más de 16.000 folios.
Lo inició la Fiscalía 38 adscrita a la entonces Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción de Dominio el 22 de mayo de 2014, nueve meses después de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena en su contra a 37 años de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.
Luego de conocerse que pasaría muchos años tras las rejas, López apareció con aspecto raquítico en una clínica de Barranquilla asegurando que estaba al borde de la muerte.
Para cumplir con la sentencia judicial, el director del Inpec de la época, el general Gustavo Ricaurte se enfrentó a un numeroso grupo de abogados, la escolta personal de la señora y hasta el daño repentino del ascensor de la clínica privada donde estaba interna López. En contra de viento y marea, la traslado en un avión medicalizado hasta el hospital de Soacha.
Meses después, cuando las cámaras se apagaron, otro director de Inpec la regresó a una clínica privada. Sólo se volvió a tener noticias suyas cuando el entonces vicefiscal Jorge Fernando Perdomo informó el decomiso de bienes de la empresaria del chance.
En concreto, se habían afectado 1.580 bienes con la medida de embargo y secuestro. La policía meses atrás, había advertido que se trataba de 645 inmuebles los cuales equivalían al patrimonio de 200 mil colombianos, dijeron.
Pero el afán mediático y de mostrar resultados cuando apenas despuntaba el proceso judicial generó un engendro jurídico que puso en peligro el proceso de extinción de dominio y lo dejó al borde de una demanda multimillonaria en contra del Estado.
El 15 de diciembre de 2020, el fiscal segundo delegado ante el Tribunal de Bogotá José Obdulio Ortega, enderezó el entuerto. Echó mano a sus 27 años de experiencia en la entidad, en donde se ha enfrentado a los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios del país y les ha quitado su bien más Preciado, sus inmuebles, empresas y caballos.
Ni siquiera pudo pronunciarse respecto a la admisión del arrume de recursos de apelación en contra de la resolución que dio inicio a la acción de extinción de dominio en el año 2014, eran tal las irregularidades de fondo que luego de meses de estudio juridico del tema, declaró la nulidad.
“Es deber de la delegada revisar no solo la decisión objeto de réplica (resolución de inicio y sus aditivas), (...) sino también, sobre todo y ante todo, la actuación procesal en general con el fin de verificar si la misma se ha venido cumpliendo bajo las ritualidases legales y en caso de no corresponder, encausarla en debida forma con los mecanismos que prevé la ley” reza el auto del superior.
Algunos de ellos. El fiscal evidenció por ejemplo, que once inmuebles fueron embargados y secuestrados pero se omitió realizar una regla de oro en cualquier proceso sin importar si es civil o laboral, esto es la notificación personal a terceros de la resolución de inicio de la extinción de dominio.
Por ejemplo, a los copropietarios de la sociedad Unión de Inversiones de la Costa Atlántica- Unicat- SA con el 73.76% y Marcel Pérez Espinosa. En el expediente no aparece ningun llamado para notificarse, tampoco fue emplazada por edicto. Cómo si esto no fuera suficiente, la medida cautelar de la Fiscalía afectó todo el bien y no el porcentaje que le correspondía a López.
Lo mismo ocurrió con un inmueble que Cristina Isabel Correa Arrieta le vendió parcialmente a Arquímedes Segundo García Romero en 1995. Aquí también se afectó todo el bien y se omitió notificar a Correa Arrieta del inicio del proceso de extinción de dominio.
También sucedió con el Centro Médico Científico del Caribe S.A-Medicar S.A o con un inmueble que fue adjudicado luego de un proceso de pertenencia a Parizada Cumplido de Ruiz y del cual sus hijos reclamaban como herederos.
Suerte similar corrieron terceros que la ley denomina como de buena fe y a los que nunca la Fiscalía les notificó. Eugenia Coll Blanco, Ana Lucía González Castro, Ana María Atencia Campo, Carlos Guerra, Doris Jaraba, Mario García Capella, Joaquín García, entre una veintena de nombres.
Por su parte, el Instituto Municipal de Transito y Transporte de Corozal, Chinú, Soledad, entre otras, informaron que en el año 2016 se había inscrito medidas cautelares ordenadas por la Fiscalía de motocicletas y vehículos. Pero no se notificó a sus propietarios.
Incluso, se desconoció los derechos prendarios de los bancos Coopdesarrollo, Megabanco, Fondo Nacional del Ahorro, Banco de Occidente, Bancafé entre otros, quienes otorgaron préstamos en favor de López o los señalados como sus testaferros y cuya prenda de garantía eran los inmuebles. A pesar de lo establecido en la ley respecto a los acreedores hipotecarios tampoco fueron notificados.
Ni siquiera, la otrora Electricaribe se salvó de la omisión de notificación. El juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta ordenó el embargo de un inmueble el 24 de marzo de 2006. A pesar de que esto ocurrió ocho años antes de la medida de la Fiscalía, no fueron notificados del inicio de extinción de dominio.
Igual ocurrió con la Dirección de Impuestos y Adunas, DIAN, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta y las alcaldías de Juan de Acosta en Atlantico y Fundación, Magdalena, quienes habían iniciado procesos en juzgados civiles por acreencias de años atrás de la decisión de extinción de dominio del ente acusador.
Lo sucedido no es un tema menor. La ley 793 de 2002 estableció que una de las causales de nulidad además de la falta de competencia y la omisión de decretar pruebas conducentes también recaía por falta de notificación. La Corte Constitucional en varias sentencias mantuvo esa postura.
Luego en el año 2011 con la ley de Seguridad Ciudadana el tema fue aún más específico. Se decreta la nulidad cuando se omite la falta de notificación personal de la resolución de inicio y aquellas que la adicionen. Es decir, tal y como ocurrió en el proceso de extinción de dominio de Enilce López.
Por estas razones y para evitar que el proceso de extinción de dominio tuviera un golpe de gracia ante los jueces, el fiscal Ortega resolvió abstenerse de admitir los recursos de apelación y devolvió el proceso a la Fiscalía de primera instancia para que realizara las debidas notificaciones.
A pesar de que su intención era enderezar las falencias jurídicas, le llovieron rayos y centellas. Tuvo que rendir explicaciones a sus superiores en la Fiscalía al llevar a puerto seguro uno de los procesos de mayor relevancia en materia de extinción de dominio de los últimos años, como lo es el de alias ¨La Gata¨, con contradictores jurídicos al acecho.
La Agencia de Periodismo Investigativo intentó comunicarse con el fiscal Ortega Toro, pero no quiso pronunciarse al respecto, “mi única voz está en los pronunciamientos jurídicos”.
Pero los que sí hablaron fueron sus compañeros de batalla, aquellos que conocen de su paso sin tacha por la Fiscalía en casi tres décadas. Pidieron omitir su nombre. Aseguraron que el fiscal José Obdulio Ortega es uno de los más experimentados en extinción de dominio.
Todos coincidieron en su rectitud y rigurosidad. Afable pero estricto; “solo hay un lugar en el mundo que es capaz de sacarlo de los expedientes que por la magnitud de sus protagonistas se miden en peso, “la trinchera”, es decir, la cátedra universitaria”, señaló otro de los fiscales.
Ortega también tuvo que sortear el fuego amigo. La exfiscal Hilda Niño, condenada por gestionar la inclusión irregular de dos narcotraficantes en el proceso de Justicia y Paz, intentó salpicarlo para obtener beneficios pero el fiscal demostró que todo se trataba animadversión personal y un montaje.
Los ajustes de fondo que hizo el fiscal Ortega en el caso de alias “La Gata” blindan a la Fiscalía y al Estado colombiano de demandas, indemnizaciones a la empresaria del chance y sus testaferros y de tener que devolver a futuro millonarios bienes que hoy por el contrario representan valiosos activos para la Nación.
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