La elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República significó la resurrección de varios nombres controvertidos en el país. Uno de ellos el de la excontralora Sandra Morelli y algunos de sus más cercanos.
Morelli Rico suscribió con la Contraloría el pasado 10 de octubre el contrato CGR-784-2022 para apoyar al Vicecontralor en la estrategia y articulación del Plan Nacional de Estudios Sectoriales, de cara a la evaluación de las políticas públicas nacionales.
"Así mismo el contratista acompañará al vicecontralor en los proceso de reorganización administrativa, vigilancia y conteo de asuntos sometidos a su despacho y realizará alertas, recomendaciones y emitirá conceptos cuando así lo solicite", establece en la minuta contractual.
El valor del contrato es de $19 millones mensuales con un plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre de 2022.
Justamente, en diciembre pasado la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y luego de siete años, inició la audiencia de juicio oral en su contra por el contrato de arrendamiento que firmó por $2.600 millones para trasladar la sede de la Contraloría del centro de Bogotá a la Avenida 26.
En el año 2014, en la Fiscalía de Eduardo Montealegre, la excontralora fue imputada por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
Los contratos materia de controversia 233 y 234 del 29 de marzo de 2012 fueron suscritos con la firma Proyectos y Desarrollos I S.A con el propósito de tomar en arriendo una sede para el organismo de control.
El otro reproche del ente acusador recayó en la enajenación de los edificios Centro Colseguros y Cardenal Crisanto Luque que hacían parte del patrimonio de la Contraloría y de los cuales se firmaron convenios con Central de Inversiones CISA.
En el año 2014 y días antes de finalizar su cuatrienio al frente de la entidad, Morelli no dudó en señalar de su suerte al entonces fiscal Eduardo Montealegre.
A través de una denuncia de 15 páginas que radicó la entonces contralora en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Eduardo Montealegre aseguró que este estaba investigando a la Contraloría por supuestas chuzadas ilegales a periodistas con el propósito de interferir en la investigación de carácter fiscal que la Contraloría adelanta en el caso de Saludcoop.
"Cortina de humo contra las investigaciones de orden fiscal que adelanta la Contraloría por el desfalco en Saludcoop, el más grave caso de corrupción de la historia de Colombia", aseguró Morelli.
Aseguró que el hoy exfiscal fue abogado de Saludcoop y que percibió honorarios por $4.000 millones y ratificó que este mientras estuvo al frente del ente acusador continuó percibiendo dichos ingresos.
Tras su salida de la entidad y la inminente imputación de cargos, Morelli abandonó al país y se radicó en Italia de donde es ciudadana y argumentó que no regresaría mientras no hubiera garantías.
Tiempo después, casi en el anonimato, regresó al país y realizó consultorías con su firma de abogados. De hecho, no se había vuelto a tener noticias de ella, hasta octubre de este año cuando regresó a la Contraloría.
Pero no es la única entidad a la que regresa en este 2022. Tres días antes de suscribir su contrato con la Contraloría de Carlos Hernán Rodríguez, firmó otro con la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que encabeza quien fuera su pupilo y delegado para el sector Salud, Ulahy Beltrán.
En contra de Beltrán cursan varios procesos. Dos fiscales en la Contraloría General, de la que hoy es asesora Morelli, por $2.450 millones por manejos controvertidos como el vencimiento de facturas y líos con la Dian, cuando fue gerente del Centro de Atención y Rehabilitación Integral Cari de Barranquilla.
La Fiscalía 55 de la Unidad Anticorrupción lo investiga por el contrato de concesión por 15 años y $12.000 millones anuales suscrito con el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe para que se hiciera cargo de la operación de la entidad de salud. Un contrato que revocó posteriormente, la entonces alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera.
Otra ficha de Morelli que regresó con ella a la Contraloría es quien fuera su mano derecha en épocas de jefe del organismo fiscal. Se trata de Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales, conocido en círculos políticos como Raimundo Vélez.
Éste suscribió el contrato CGR-814 de 2022 un día después de su exjefa, es decir, el 11 de octubre. El objeto del contrato, es asesorar al despacho del contralor General de la República en la coordinación, realización y organización de actividades, programas y tareas relacionadas con sus funciones. Labor remunerada por $36.266.667 hasta el 15 de diciembre, es decir, el equivalente a $17 millones mensuales.
Entre las obligaciones que describió Vélez Cabrales en la propuesta que presentó, está asesorar a Rodríguez Becerra en la revisión y análisis en temas económicos y financieros, apoyar las labores asignadas por el despacho, asistir a reuniones institucionales, y "apoyar las labores asignadas por el Despacho del Contralor en temas legislativos y de apoyo al Congreso para la elaboración de informes en el evento que sea requerido".
También está la labor de apoyar a la Secretaria Privada en la organización de la agenda del Contralor.
En concreto, mientras Morelli Rico asesorará al vicecontralor cuota del Partido Conservador, Carlos Mario Zuluaga Pardo, Vélez Cabrales será la mano derecha del contralor Carlos Hernan Rodríguez Becerra.
Es el reencuentro de un grupo de amigos que reactivan reciprocidades mediante millonarios contratos en la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud, los organismos que vigilan los recursos del Estado y al sistema de salud.
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