Faltando solo nueve días para finalizar su cuatrienio como alcaldesa de Bogotá, Claudia López sepultó la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO un proyecto que permitía descongestionar el tráfico de ese sector de la ciudad específicamente las localidades de Engativá y Suba.
En cambio de la nueva vía, prefirió entregar una obra denominada Ciudadela Educativa del Cuidado que traerá el impacto propio de la construcción de 13.000 unidades de vivienda, así como una ciudadela universitaria.
En otras palabras, la construcción de la avenida ALO no se llevó a cabo argumentando el impacto que traería sobre los ecosistemas de los humedales presentes en la zona, pero si se habilitó para más de 13.000 unidades de vivienda.
Pero esta no es la única controversia. También lo es la adjudicación de la obra a un único proponente Constructora Las Galias, una empresa que en diciembre de 2019 le fue adjudicada en calidad de fideicomitente desarrollador la obra de San Bernardo, Tercer Milenio pero que tiene demandada a la ciudad en tribunal de arbitramento.
Adicionalmente, fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio. A ello se suma que son tan recurrentes las quejas de los clientes de la constructora hicieron un grupo en la red social Facebook para expresar sus inconformidades por diversos proyectos, que supera los 15.000 seguidores.
En contraste, la alcaldesa Claudia López delegó la respuesta a los cuestionamientos a Juan Guillermo Jimenez gerente de Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, RenoBo, responsable del proyecto, entidad
que en 2016 tomó ese nombre tras la fusiòn de la otrora empresa de Renovación Urbana, ERU y Metrovivienda.
Al respecto, Jiménez defendió las bondades del proyecto (ver respuestas al final), al tiempo que Daniel Sánchez Prieto, gerente de la Constructora Las Galias, no respondió los interrogantes planteados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
En este contexto, el jueves 28 de diciembre el Distrito a través de RenoBo, en condición de operador urbano firmó el respectivo contrato de colaboración empresarial por el cual la ciudad recibirá $370.000 millones de la Constructora Las Galias por el suelo y una remuneración de 2.5% del total de las ventas que obtenga la firma por la venta de los proyectos inmobiliarios tanto de vivienda como comerciales desarrollados en dicha ciudadela.
Constructora en obra negra
Constructora Las Galias se constituyó el 12 de mayo de 1992 mediante escritura pública 2594 en la Notaría Cuarta de Manizales. Sus socios fundadores fueron Rosa Prieto de Sánchez, Ángela María, Julián, María Teresa, Liliana, Daniel Sánchez Prieto y las sociedades Sánchez Prieto Hermanos Ltda y Constructora Las Vegas Ltda.
El capital de la sociedad se estableció en $267 millones, siendo los principales apostantes las dos personas jurídicas seguido de Ángela María Sánchez Prieto. El objeto social estipulado fue la ingeniería en el ramo de la construcción, consultoría, interventoría, contratación y ejecución de obras civiles públicas o privadas.
Dos años después transformaron la empresa de responsabilidad limitada a sociedad anónima y en el año 2010 luego de una Asamblea Extraordinaria los socios decidieron trasladar el domicilio de la empresa a Bogotá porque en su momento, el 80% de la actividad se estaba realizando en la capital y el futuro de la constructora según lo estipularon en el acta lo vislumbraban en el Distrito.
Ya para enero de 2023 los accionistas eran 12, además de Julián, María Teresa, Fernando, Ana Constanza, Andres, Arturo, Pablo, Ricardo y Rosa Sánchez Prieto también hacia parte Jalequin Business SAS.
En la presentación del informe de gestión del año 2022, el gerente Daniel Sánchez informó que se había podido cumplir con las metas de escrituración de inmuebles, los lanzamientos de nuevos proyectos habían sido exitosos y las ventas se habían comportado bien. Así mismo, se aseguró que esa vigencia había sido particularmente compleja por la escasez y alzas desmesuradas en la mayoría de insumos para las construcciones.
No obstante, la Constructora Las Galias aparece ubicada actualmente según la Superintendencia de Sociedades en el puesto 14 y en el 433 de las mil empresas más grandes de Colombia.
Los proyectos
El 2023 lo pronosticaron en términos de incertidumbre en la continuidad de la política de subsidios de vivienda y en la cantidad de los mismos por lo cual se invitó a estar monitoreando la situación. El capital autorizado, suscrito y pagado se estipuló en $358 millones pero ante la solicitud de uno de los socios Arturo Sanchez Prieto, éste quedó en $340.676.000.
Según los estados financieros del único proponente y adjudicatario de La Ciudadela que reemplazará la ALO, a 31 de diciembre de 2022 los activos corrientes ascendieron a $1.427.611.350, construcciones en curso por $399.662’106, terrenos por $533.187.602 millones y total de pasivos por $408.874.424 millones.
Dentro de la experiencia aportada por esta constructora para hacerse con la adjudicación del proyecto San Bernardo registraron una resolución de abril de 2017 mediante la cual la Alcaldia de Madrid, Cundinamarca, les otorgó una licencia de construcción en el predio lote 6, súper manzana 6 de la urbanización Ciudadela La Prosperidad Unidad de Gestión Urbanística 1.
El proyecto denominado Abundara en las goteras de Cundinamarca consiste en la construcción de 60 torres de siete pisos y en cada piso cuatro apartamentos, para Vivienda de Interés Social, VIS, con dos edificios comunales y dos porterías y dos ante jardines, el uso aprobado fue para 1.680 unidades de vivienda. El área del lote es de 44.242 metros cuadrados y un área total construida de 119.115 metros cuadrados.
El segundo proyecto presentado por la constructora fue en Zipaquirá, esta vez mediante resolución 024 del 14 de enero de 2015 la alcaldía de ese municipio le otorgó licencia urbanística de construcción en la modalidad obra nueva para vivienda de interés social multifamiliar en el lote 5 y 6 del desarrollo urbanístico Ciudadela La Arboleda en el sector La Paz.
Esta contempla tres etapas, la primera de 1.060 apartamentos, 412 parqueaderos y 125 para visitantes; una segunda etapa denominada Los Nogales con 340 apartamentos, 160 parqueaderos para residentes y 34 para visitantes y una tercera la cual será adicionada mediante un otro sí. La altura concedida fue de cinco pisos, un área total construida de 75.604 metros.
El otro proyecto adjunto fue la Urbanización Vegas de Santa Ana ubicada en la calle 56 sur # 81 G-37 del proyecto Conjunto Cerrado Roma Reservado VIP Lote 2 en la localidad de Kennedy con un área urbanizable de 39.287 metros cuadrados.
Dicha zona, según el plano, tiene amenaza media por inundación, pero no se encuentra en zona de vulnerabilidad por remoción de masa, ni de riesgo no mitigable
El proyecto aprobado consta de dos edificaciones de nueve torres, doce pisos, una torre de tres pisos destinados a educación comunal y una torre destinada a portería y basuras para un total de 420 viviendas tipo VIP, 60 estacionamientos para residentes y 28 para visitantes.
Curiosamente para ese fideicomiso de Ronda Reservado la fiduciaria fue la misma del proyecto enredado de San Bernardo, es decir, Alianza Fiduciaria.
Un cuarto proyecto aportado como experiencia fue el denominado Portal de Molinos conformado por siete tigres de 420 apartamentos y Portal de Molinos 3 con 11 torres de 1.342 apartamentos.
Uno más es Senderos de Castilla I, ubicado en la carrera 80# 7b-83 (localidad de Kennedy) desarrollado en ocho etapas, la primera con 260 unidades de apartamentos, distribuidos en dos torres de 13 pisos cada una.
Líos, quejas y procesos de 15.300 inconformes
Sin embargo son múltiples las quejas en contra de la constructora así como acciones de tutela y otra clase de procesos judiciales que cursan en su contra.
Por ejemplo, el ciudadano William Alvarado públicamente seis meses atrás lanzó una advertencia para todos aquellos interesados en adquirir su vivienda con la constructora, “ojo si van a comprar con Galias. Después de aportar más del monto inicial y al no aprobar el banco el monto del crédito, no permiten ceder él contrato, Galias se queda con el 15% del valor del inmueble y te ponen a perder vilmente”, aseguró.
Por su parte, Sandy Pulido advirtió que compró con la constructora, le tocó desistir del negocio y perdió todo. El pasado 29 de octubre una usuaria preguntó sobre la calidad de las áreas comunes realizadas por la constructora pero le respondieron que son de mala calidad así como los materiales.
En el año 2021, Yineth Rincón aseguró que tuvo que interponer una acción legal ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, la cual fue admitida. A este comentario se sumó Jonnathan Peña Moreno quien evidenció que pudo recuperar su dinero gracias a que aportó las pruebas que demostraron que la constructora incumplió parte de las cláusulas.
Lo cierto es que hace cinco años dos usuarios, Miguel y Carolina, crearon un grupo denominado "Las Galias, lo peor", éste ya cuenta con 15.300 miembros y allí se evidencian toda clase de quejas.
Nexos con entidades del Distrito
La constructora curiosamente es una vieja conocida de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, ERU, hoy Renobo, paradójicamente por esta misma época fue seleccionado como fideicomitante desarrollador para la ejecución del proyecto urbanístico del plan preciso de renovación urbana, “San Bernardo-Tercer Milenio”, cuyo propósito era el desarrollo de vivienda de interés social con un componente de comercio y uso dotación al público.
Así las cosas, el 28 de junio de 2018 mediante decreto se declaró la existencia de condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición de predios para la ejecución del proyecto, “Renovación Urbana San Bernardo, Tercer Milenio”. Dos años antes la misma empresa de renovación había iniciado un proceso de solicitud privada de ofertas 04 de 2016 para seccionar la fiduciaria que se usaría para ejecutar dicho proyecto, así se seleccionó a Alianza Fiduciaria.
A 2018, Renobo disponía de $47.650 millones para la adquisición de predios. Pero en el primer trimestre se reorientó la destinación de esos recursos, entre otras cosas porque los predios del Proyecto Voto Nacional que habían avaluado de $32.500 millones terminaron costando $46.000 millones incluyendo los denominados reconocimientos económicos o cargas sociales.
Esto más la inversión en otras “necesidades” disminuyeron los recursos para cubrir la adquisición de esos predios en 31.939 millones. Entonces solicitaron más recursos al Distrito, $88.404 millones para compra de predios, 8.840 para cubrir lucro cesante y daño emergente de los mismos, $10.000 millones para reconocimientos económicos y urbanismo por $33.801 millones para un total de $140.045 millones.
En la estructuración financiera se estimó que el fideicomitante desarrollador debía aportar recursos por $17.107 millones. El 2 de octubre de 2019 la Alianza Fiduciaria SA como administradora del Fideicomiso San Bernardo convocó una invitación pública para seleccionar el fideicomitante desarrollador.
Puntaje perfecto
El proyecto ubicado en la localidad de Santa Fe, es un polígono que limita con la Avenida carrera 10, la Avenida Caracas, la carrera 12 entre calles 2 y 5, la avenida Calle 6, con un área total de 88.669 metros cuadrados y un área útil de 46.113 metros cuadrados, de estos, 41.630 están destinados a 3946 unidades de vivienda de interés social, VIS.
Al proceso se presentaron dos oferentes, la primera la Unión Temporal PBMU, integrada por Constructora Bolívar SA, Marval y Profesa quienes presentaron un valor total de oferta de $141.275 millones y, de otro lado, la constructora Las Galias quienes presentaron una oferta de $165.403 millones.
La calificación otorgada por cada ítem a la primera unión temporal fue de 904, 885, 885 y 868; mientras que la Constructora Las Galias SA obtuvo en todos un puntaje perfecto de 1.000 en cada ítem.
Finalmente se suscribió el contrato a través del otrosí número 1 el 19 de diciembre de 2019. El aporte que se comprometió a entregar la firma ganadora fue el 2.5% de la oferta, 90 días después el 30%, 180 días el 40% y 270 días después el 30% restante.
Hay que recordar que los términos de referencia indicaban que el el desarrollador debía aportar el 100% del valor presentado en la oferta económica y con ello se hacía acreedor de la restitución del beneficio de las unidades de gestión, es decir, éste las podría ejecutar y comercializar por su cuenta y riesgo dicho desarrollo inmobiliario.
En abril de 2020 cuando se acaba de declarar el estado de emergencia sanitario por la pandemia de Covid-19 se suscribió una modificación al contrato, en la cual se estableció que el desarrollador fondearía los costos de vigilancia de dichos inmuebles, los cuales se iniciarían con nueve vigilantes, el número de los mismos se definiría de acuerdo a las necesidades y avances cada tres meses.
Litigio con Bogotá
Días después la constructora solicitó la suspensión del contrato por la emergencia sanitaria del coronavirus, esto incluía el hecho de fondear, “asumir” el pago de vigilancia de los inmuebles adquiridos por el Distrito para desarrollar el proyecto. RenoBo le indicó a la constructora que tenía toda la disposición de dialogar pero que no era posible dejar sin vigilancia dichos terrenos pues ello implicaría asumir el riesgo de la ocupación ilegal de los mismos.
Tras varias mesas de trabajo, el 17 de septiembre de 2020, la entidad distrital respondió que no podía acceder a la solicitud de suspensión del contrato en los términos planteados, pero la constructora ya había ido varios pasos adelante del Distrito y convocó a un tribunal de arbitramento a Renobo ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá con el propósito de de suspender parcialmente el contrato por un periodo equivalente a la emergencia sanitaria por Covid-19 y seis meses más, es decir por 14 meses y 18 días.
El tema continuó enredado. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021 se realizaron sendas mesas de trabajo, en éstas la constructora planteó la modificación del cronograma de aportes del contrato dividiendo el aporte del 27.5% que debía hacerse en el mes 24 en dos giros iguales del 13.75% los cuales se pagarían en los meses 24 y 30.
En sus pretensiones, la sociedad pidió se aplazara el pago al que se había obligado con la firma del contrato ante el modelo de negocio y para ello aportó el desistimento de 1182 contratos para la venta de inmuebles de otros proyectos distintos al de San Bernardo.
Curiosamente, la empresa del Distrito solicitó la suspensión de la audiencia argumentando la intención de buscar canales de comunicación directos. Luego se comunicó que había aceptado la propuesta de la constructora de dividir en dos partes iguales el segundo pago al que se habían obligado para girar en diciembre de 2021 por $22.742 millones y en junio de 2022 otro por la misma cifra.
Otros conflictos
Pero en enero de 2021 surgió otra diferencia, esta vez porque la constructora exigió la incorporación topógráfica, aunque RenoBo indicó que ésta no era necesaria pues la licencia de construcción podría hacerse en la modalidad de reurbanización para poder usar la manzana catastral vigente. Sin embargo, la constructora indicó que era parte esencial del proyecto para la configuración de la urbanización y entrega anticipada de zonas de cesión.
Para esa misma época, la constructora presentó los básicos del proyecto, 3.946 viviendas, área construida por cada una entre 38 m2 y 44m2, flexibilidad espacial en el primer piso para comercio, menor ocupación y máxima altura permitida, parqueadero y los precios oscilarían entre 150 y 175 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En ese momento la gestión predial iba en 296 predios adquiridos de los cuales 41 estaban pendientes de entrega con varias perlas. La carrera 12 A fue construida por un particular en 1899, así mismo las calles 5 A y la carrera 11 A, un tramo vial la calle 4A entre carreras 12 y 11 A fue cedida a título gratuito al Distrito.
Así mismo se estableció que en 1924 la compañía urbanizadora se había obligado a realizar obras de urbanización en la zona y a cambio recibió predios a título gratuito, pero las obras jamás se hicieron.
Con otra particularidad de manera insistente la constructora solicitó el acceso a los expedientes de los predios adquiridos, un hecho que fue negado el 12 de agosto de 2020 por considerar que no existía obligación por parte del Fideicomitante Gestor, es decir, el distrito.
El predio 296
En el más reciente informe de supervisión del contrato de septiembre de 2023 y cuando ya se cumplieron los 48 meses de plazo para la ejecución del proyecto, la constructora ha realizado el aporte 1 y 2. El tres que se había establecido para realizarse entre el 13 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022 aún no se ha materializado porque la constructora asegura que aún no se ha transferido el predio 296 de 296 estipulados, anunciando que hasta que esto no ocurra, no se procederá al desembolso.
El punto es que el predio 296 que pertenece al DADEP jamás podrá transferirles pues tiene carácter público y por lo tanto no se puede transferir al fideicomiso. El pasado 8 de septiembre mediante oficio 4160, RenoBo le solicitó a la constructora el pago pendiente que debió haberse realizado máximo en diciembre de 2022, pero la respuesta que entregaron es que eso ahora hace parte de un laudo arbitral.
Otra ´perla´ inquietante es que durante el mes de septiembre la entidad inmobiliaria distrital le solicitó a la constructora la actualización del cronograma, pero está se ha rehusado. Lo curioso es que las licencias de urbanización en modalidad de reurbanización se expidieron el 22 de febrero de 2023 y quedaron ejecutoriadas el 24 de mayo de este año.
Igualmente se evidenció que la Constructora Las Galias abrió sala de ventas el 10 de diciembre de 2022, sin embargo únicamente ha entregado un solo reporte que data del 25 de enero de 2023.
En este se indicio que salieron a ofertar en la última unidad 1.422 viviendas en tres proyectos inmobiliarios con una oferta preferente de 422 unidades y 549 negocios adicionales, para un 68% de negocios suscritos.
A mediados de julio de 2023 se solicitó a la constructora el estado del permiso de ventas así como la comercialización del proyecto inmobiliario, indicando proyectos ofertados, cantidades de inmuebles y negocios suscritos, sin embargo esto no se respondió.
Ahora bien, en el otrosi 1 del contrato se había estipulado que al término de los 48 meses la constructora debía haber aportado los $165.403 milllones. Sin embargo, a septiembre de este año únicamente había aportado $4.135 millones y los $22.742 millones correspondientes a la mitad del segundo pago que por cuenta del Covid-19 modificó el cronograma de pagos, es decir, apenas el 13.5% que habían solicitado.
Así mismo, el informe de supervisión recuerda que el aporte del mes 48, es decir diciembre de 2023 correspondiente al 40% por $65.161.390.255 se debe efectuar en el mes previsto aunque la adquisición predial no se haya culminado.
Laudo arbitral
El trámite arbitral está en cabeza de William Barrera, Florencia Lozano y en su momento Ulises Canosa quien declinó la designación en marzo de 2023 por lo que en su lugar fue designada la ex ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.
Sin embargo, el último trámite se llevó a cabo en junio de este año cuando la RenoBo contestó la demanda y propuso excepciones. A ello se sumó que la constructora solicitó una nueva modificación del otrosi número 1, es decir volver a modificar el cronograma de aportes, un hecho al que se opuso Carlos Alberto Acosta Narváez, el subgerente interventor pues él no pago de los aportes cumplidamente estaba afectando el desarrollo del proyecto que aún va en la fase uno.
Con un detalle adicional, la Constructora Las Galias que fue premiada por la alcaldesa Claudia López adjudicándole La Ciudadela que sepultó a la ALO radicó dos comunicaciones el pasado 11 de septiembre en las que ahora hace observaciones sobre los estudios de títulos adelantados por la empresa de Renovación Urbana de Bogotá.
Acción de grupo
A estos hechos se suman que en mayo de 2022 ante la justicia administrativa se interpuso una acción de grupo en contra de la Constructora Las Galias S.A. El demandante fue la agrupación de vivienda Prados de La Colina II ubicada en la carrera 59 a # 135-15, los propietarios y locatarios aseguran que han sido perjudicados por deficiencias y defectos constructivos. Aseguran que el perjuicio recae en el terreno en el cual se construyeron las instalaciones, servicios públicos básicos, los cimientos, la estructura, entre otros.
Y es que apenas dos años después de que la Alcaldía Local de Suba reconociera la personería jurídica como conjunto residencial a esta estructura de 5 torres de 10 y 11 pisos, el Consejo de Administración tuvo que contratar a la empresa Ingestructuras para realizar un estudio de patología estructural la cual entre otras, de las conclusiones se desprende que hubo falta de control en el recubrimiento tanto de lss superficies inferiores de placas, como también en vigas.La solución a lo que denominaron los demandantes grave problema es la colocación de un mortero estructural de reparación.
Otra firma, Jeoprobe SAS detectó que al interior del sótano, “/3 puede apreciar la magnitud de los asentamientos que ha alcanzado proporciones descomunales, del orden de 50’cm a lo largo del muro de contención, (…) pero también desplazamiento lateral hacia el sur del orden de 15 cm de la estructura de la torre”.
Dos decisiones recientes
Son líos tras líos los de la constructora. De hecho, el 28 de noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio la sancionó. Debe pagar una multa de $58 millones por afectar los derechos de un consumidor al imponerle una entidad financiera específica para acceder al crédito con el cual pagaría el saldo del inmueble.
“La sancionada nunca informó a la consumidora que de apartarse del listado de bancos previamente elegidos por la constructora, perdería su derecho a adquirir la vivienda”, precisó el organismo de control en su decisión.
En cuanto a la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al gerente general de RenoBo, Juan Guillermo Jiménez Gómez, por presuntas irregularidades en la contratación de obras para la construcción del proyecto ‘Ciudadela Educativa y del Cuidado’, que se ejecutará en predios que en el pasado fueron destinados a la Avenida Longitudinal de Occidente -ALO-.
La investigación se inició con ocasión de la acción preventiva realizada por el órgano de control, en la que se formularon advertencias técnicas y jurídicas por inconsistencias en la estructuración, desarrollo y ejecución del proceso de contratación, así como por una posible vulneración de los principios rectores de la etapa precontractual como la transparencia, responsabilidad, economía, buena fe y legalidad.
La postura del Distrito
Frente a la cuestionada adjudicación, la Agencia de Periodismo Investigativo API, se comunicó con la alcaldesa Claudia López, quien delegó las respuestas a varios interrogantes planteados a Juan Guillermo Ordóñez, gerente de RenoBo.
1. ¿Por qué se le adjudicó a una constructora sancionada por la SIC como Las Galias, con una acción en grupo en su contra, que tiene un laudo arbitral con el Distrito y frenado el proyecto San Bernardo Tercer Milenio
El contrato que esta constructora tiene con RenoBo esta en ejecución. y efectivamente es Centro San Bernardo. En este momento hay una diferencia contractual sobre los hitos que deberían cumplir para el pago 36c diferencia que esta siendo tramitada en un tribunal de arbitramento en Cámara de Comercio y que es la formula pactada en el contrato para ese tipo de controversias. Sobre la sanción de la SIC no tenemos conocimiento a la fecha.
2. ¿Por qué se adjudicó pese a que el alcalde electo Galán no lo avala?
El alcalde en ningún momento ha dicho que “no lo avala” por el contrario, recientemente ha dicho que lo va a revisar y que considera que tanto la vía como la ciudadela son necesarias. Ya tendrá tiempo el alcalde de entender mejor el proyecto y de estar convencido que es lo correcto y lo que la gente y en especial los jóvenes de Suba y Engativá necesitan: ALO urbana y Ciudadela Educativa y del Cuidado con Multicampus Universitario. Adicionalmente, es un proyecto del nuevo POT, del Plan de Desarrollo de esta administración que termina en Junio del 2024.
3. ¿Cuáles son los beneficios de un proyecto que genera más impacto negativo que la misma ALO?
No se generan impactos negativos, la ALO del pasado atraviesa dos humedales (Conejera y Tibabuyes) y ademas parte la reserva Van Der Hammen habilitando ademas su urbanización.
4. ¿No era más prudente dejarlo para mayor estudio y posterior adjudicación a la nueva administración de Bogotá?
Es un proyecto que lleva mas de 4 años de planeación y estructuración y que esta definido en el nuevo POT. La decisión de si se hace una vía de carga o una vía urbana (como se va a hacer) y una ciudadela educativa y del cuidado se tomo hace 2 años con la expedición del nuevo POT, por lo cual no es una decisión de este momento. Quienes quieren otra y vía en otro POT debieron haberlo hecho antes. Y no me refiero al Alcalde que en recientes entrevistas ha manifestado estar de acuerdo con que se deben resolver ambas demandas de la gente de Suba y Engativá: Una vía que los desembotelle y equipamientos sociales, culturales, educativos, de cuidado, justicia entre otros.
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