La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exgobernador de Santander y actual senador por el partido Cambio Radical Richard Aguilar Villa, por presunta asociación para cometer delitos contra la administración pública, contrato sin requisitos legales, peculado e interés ilícito en celebración de contratos y concierto para delinquier agravado.
En concreto, fue detenido por haber direccionado la contratación pública cuando se desempeñó como gobernador de Santander entre los años 2014 y 2015. Específicamente en los contratos de obra de interventoria para el reforzamiento del estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga, obras de mejoramiento en la carretera San Gil a Charalá, en el Corredor Vial Agroforestal y Energético y en las obras de la vía Bucararmanga a Floridablanca.
Según las pruebas recaudadas por la Corte Suprema de Justicia, Aguilar presuntamente abuso del poder que ostentaba como gobernador y vulneró los principios de la contratación pública en virtud de lo cual se habría apropiado para si y para otros de cuantiosos dineros públicos.
Y es que la familia Aguilar, se ha convertido en una de las mas poderosas en la región en las últimas dos décadas. El patriarca Hugo Aguilar, fue gobernador de Santander en 2004. Hoy paga condena por concierto para delinquir.
Heredó el poder a sus hijos. Mauricio quien es el actual gobernador de Santander. Y Richard tambien fue gobernador alli y se desempeña como senador de la República
Pero más allá de varios contratos que se firmaron en su administrción, el eje del proceso, es la remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga. Un escenario deportivo construido en 1941 con el propósito de realizar la quinta versión de los Juegos Nacionales.
Lleva el nombre de quien fuera el presidente de Colombia en dos periodos 1934 y 1942, el liberal Alfonso López Pumarejo, curiosamente para el momento que vive el país, el hombre que impulsó la reforma constiticional de 1936, y la inclusión de los movimientos obreros, sindicatos y el derecho a la huelga.
Años después se convirtió en la sede del Atlético Bucaramanga y actualmente cuenta con un aforo de 25.000 espectadores.
Pero el 5 de diciembre de 2014, la gobernación, a través de la secretaria de Infraestructura publicó el aviso de licitación pública para el reforzamiento estructural y adecuación del estadio, el coliseo Vicente Díaz y José Antonio Galán, así como las piscinas olímpicas. Esto por un valor de $15.000 millones.
El 30 de enero de 2015 el contrato le fue adjudicado a la Unión Temporal Reforzamiento 2015 constituida por las empresas Ingream SAS, Ingeniería, Servicios y Asesorías de Santander y Argeu S.A.
Cuatro meses después la entidad giró un anticipo del 40%, es decir por $6.111 millones. Luego se hizo una adición por $6.748 millones. Pero no tardó en descubrirse qué había detrás de unas obras por $23.000 millones pero que no avanzaban a buen ritmo.
El 2 de octubre de 2018, la Fiscalia capturó Claudia Yaneth Toledo quien se desempeñó como secretaria de infraestructura, a su esposo Lenin Dario Pulido quien fue subcontratista de la obra y a Mauricio Díaz Herrera, interventor del contrato.
El ente acusador los señaló de haber entregado con anticipación al ganador de la licitación los pliegos y de haberse pagado por la adjudicación de estas obras, coimas por $2.900 millones
Pero el tema no finalizó ahí. La otrora secretaria de Infraestructura le manifestó a la justicia que el determinador para direccionar los contratos era el entonces gobernador Richard Aguilar.
“Cómo secretaria de infraestructura lo adjudique y firme el contrato. En ese contrato el señor gobernador Aguilar nos hace un ofrecimiento a mi y a un asesor de mucha confianza. Nos dice que nos ofrece ese contrato para que lo ejecutáramos a través de un tercero y saquemos utilidades”, según declaró Claudia Yaneth Toledo, en uno de varios interrogatorios entregados a las autoridades conocidas por la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
También aseguró que por ese contrato Aguilar recibió $500 millones. Así mismo, entregó correos electrónicos, Whatsapp y otras pruebas que demostrarían el manejo indebido de la contratación en el departamento.
En febrero de 2019 y ya con el escándalo judicial a cuestas, la secretarìa de Infraestructura de Santander declaró mediante resolución 023333 el incumplimiento del contrato.
El caso evolucionó y hace apenas tres semanas, el fiscal general Francisco Barbosa, otorgó un principio de oportunidad a la exsecretaria de infraestructura de Santander, Claudia Yaneth Toledo y a su esposo Lenín Dario Pardo.
A cambio serán los testigos de la Fiscalía en contra de Aguilar y de otro congresista, el representante a la Cámara de Santander por el partido Centro Democrático Edwin Ballesteros. Este último es señalado de haber recibido $600 millones para la adjudicación aparentemente irregular de dos contratos.
De hecho, este fue llamado a indagatoria el pasado 21 de junio por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que responda por hechos ocurridos mientras se desempeñó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander entre los años 2013 y 2016 cuando Aguilar era el gobernador.
Se conocieron además varios llamados de la Corte Suprema de Justicia en donde el senador Aguilar rindió indagatoria y estuvo contra las cuerdas. En esencia, el congresista negó cualquier responsabilidad en el direccionamiento de la contratación y argumentó que se trata de delincuentes que buscan rebaja de pena.
Pero la Corte fue más allá y su extenso dossier recopiló abudantes elementos materiales probatorios que plasmó en un voluminoso auto en donde ordenó su captura en su apartamento cerca al parque de la 93, al norte de Bogotá, en la noche de este martes.
En las próximas horas se definirá el sitio de reclusión del senador Richard Aguilar, cuyo destino sería la cárcel La Picota. Debe además entregar su renuncia como congresista del partido Cambio Radical y su caso pasaría a la justicia ordinaria para que sea la Fiscalía la que asuma la investigación ya no en ley 600 sino en ley 900, es decir, en el Sistema Acusatorio. Una decisión que quedará en manos de la Corte Suprema.
De igual forma, la Corte compulsó copias para que se investiguen a otras personas que habrían incurrido en estos hechos como participes de negocios de contratación indebidos por parte del senador Richard Aguilar.
Así las cosas, se empieza a derrumbar el imperio político que desde hace cerca de dos décadas comenzó a construir el patriarca de la familia, el condenado exgobernador de Santander Hugo Aguilar. Un coronel retirado de la Policía, que el 2 de diciembre de 1993 logrò reconocimiento por una foto en donde aparece como uno de los oficiales que se autoproclamó como el uniformado que dio de baja al narcotraficante Pablo Escobar.
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