A mediados del año pasado, dos semanas antes que terminara el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, los cartageneros vieron por fin resultados de su anhelado deseo de proteger la zona costera de La Heroica. Para ello, se expidió un documento Conpes y se definió un costo de la obra de $160.000 millones que saldrían de la Nación y la ciudad. Hoy, seis meses después, la megaobra empieza a generar debate porque a mediados de esta semana, Eduardo José González, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, anunció que para realizarla se invitarán a tres firmas. De inmediato, organizaciones sociales, veedores, abogados y empresarios expresaron su inconformidad porque se estaría limitando la opción de presentar varias propuestas y convertirse en una adjudicación a dedo.
La primera entidad en alertar el hecho fue Funcicar, una organización de Cartagena que desde hace 25 años hace veeduría en la región Caribe. “Celebramos avances del macroproyecto, pero invitamos a la UNGRD y al Distrito de Cartagena a considerar una modalidad abierta de contratación y mecanismos efectivos de seguimiento a los contratos que se derivan de las obras”, señaló la entidad. Según la fundación mediante su programa Vigila Cartagena usar un régimen especial para la contratación de las obras de protección costera, utilizando el mecanismo de invitación cerrada impide una vigilancia adecuada al proceso.
Entre otros aspectos, implica que la Ungrd no está obligada a publicar los documentos del proceso en el sistema de contratación Secop, tampoco en su página web. Por esta razón, se impediría el acceso a la información y la vigilancia por parte de la ciudadanía, las veedurías e incluso las mismas empresas que no tendrían la posibilidad de hacer requerimientos y observaciones al proceso con miras a que se efectúe una selección del mejor contratista.
El reforzamiento es vital para la protección y desarrollo del principal patrimonio cultural y turístico de Colombia, Cartagena que registra anualmente cerca de 380.000 visitantes, de los cuales, el 80% son turistas extranjeros. Por eso el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, 3937, expedido el 13 de julio de 2018 declaró como importancia estratégica el proyecto de inversión “Fortalecimiento de la Reducción del riesgo de desastres, en el marco de la ley 1523 de 2012, por fenómeno de erosión costera en la ciudad de Cartagena”.
Lo cierto, es que, como lo señala el documento Conpes, Colombia por su ubicación geográfica tiene problemas asociados a fenómenos naturales que se incrementaron por intervenciones antrópicas, la variabilidad y el cambio climático. Esta situación ha generado la erosión costera detectada en cerca del 30% de las costas Caribe, Pacífico y territorio insular del país. Un grave diagnostico ambiental, que da cuenta que se han identificado 86 puntos en donde se concentra la erosión, en particular siendo Cartagena un sector crítico, según lo determinó un diagnóstico elaborado por el Ministerio de Ambiente en 2018.
Un grave diagnostico ambiental, que da cuenta que se han identificado 86 puntos en donde se concentra la erosión, en particular siendo Cartagena un sector crítico, según lo determinó un diagnóstico elaborado por el Ministerio de Ambiente en 2018.
Los principales riesgos detectados en la zona costera de la ciudad se ubican en la zona del litoral, comprendida desde el tramo del Laguito hasta el túnel de Crespo. Según registros de la Organización de las Naciones Unidas, los procesos erosivos están afectando al 80% de la población mundial. En el caso del Caribe colombiano, la disminución progresiva de las playas se agrava por la manifestación de la erosión costera, y según esa organización, se han generado afectaciones en los asentamientos humanos, vías, hotelería y vivienda, la prestación de servicios de turismo, los ecosistemas estratégicos y el patrimonio marino costero del país. De hecho, en Cartagena la perdida de playas es de 0.5 a 5 metros al año y las condiciones de riesgo entre 1999 y 2017 han generado en la ciudad cerca de 50 inundaciones que han afectado a más de 118.000 personas.
Actualmente, Colombia tiene una línea de costa de 3.500 kilómetros de los cuáles el 40% está siendo afectada por erosión costera. En lo que tiene que ver con los puntos más críticos, se destacan en el departamento de Bolívar: Tierra Bomba ( Caño de Loro, Bocachica, y Punta Arenas), Barú (Playetas) y Cartagena (Avenida Santander). En este último, se ha encontrado que el 60% de la zona costera presenta amenaza alta y muy alta por erosión. “De no tomarse ninguna medida, el 28% de la población podría verse afectada por erosión costera, mareas altas o inundaciones”, señaló un informe de la alcaldía de Cartagena en 2014.
A este diagnóstico se suma un dictamen de erosión costera en Cartagena expedido por la Dimar, entidad adscrita al ministerio de Defensa Nacional que señala las playas de Crespo y Bocagrande como de alta erosión, en razón a que el oleaje se refracta alrededor de la punta del Laguito y Castillo Grande generando fuertes afectaciones erosivas.
En este contexto, el contrato que se adjudicará en los próximos meses se va a ejecutar en 34 meses y en siete etapas. Las obras civiles se tiene previsto iniciarlas en agosto. Lo cierto es que el macroproyecto implica la reconstrucción en una longitud de 7.7 kilómetros del borde costero entre el espolón Iribarren en el Laguito y el túnel de Crespo, con el propósito de contener los efectos del ascenso del nivel del mar y de esta manera recuperar cerca de 80 metros de playa y contribuir a la movilidad en Bocagrande y la avenida Santander.
De esta forma, se construirán 10 espolones, de estos, seis en Bocagrande y cuatro entre las playas de Marbella y El Cabrero. También se edificarán tres rompeolas en el centro histórico por el sector de Santo Domingo.
De esta forma, se construirán diez espolones, de estos, seis en Bocagrande y cuatro entre las playas de Marbella y El Cabrero. También se edificarán tres rompeolas en el centro histórico por el sector de Santo Domingo. Así mismo, se reconstruirán dos rompeolas que actualmente están ubicados en el sector de la Tenaza. La ejecución implica además un relleno hidráulico, construcción de escolleras y un sistema de drenaje.
Sin embargo, a pesar de que el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía y garantizó la transparencia del mismo, en razón a que se tiene el acompañamiento de la Dirección General Marítima, Dimar y la Autoridad de Licencias Ambientales, Anla, así como un contrato de interventoría que tendrá la obra, persisten las dudas sobre la forma de contratación de la obra.
Los recursos destinados salen por doble partida. $100.000 millones de pesos serán girados por el gobierno nacional y los $60 mil millones restantes por la alcaldía de Cartagena. Sin embargo, además de los reparos en la forma contractual, están los antecedentes políticos del asunto.
En las pasadas elecciones atípicas de Cartagena el asunto de la contratación fue motivo de una dura puja. Según señaló un experto en contratación la pelea se derivaba en que la clase política local quería que los $160 mil millones se contrataran directamente por la administración local. En medio de la disputa ocurrió la suspensión del alcalde Quinto Guerra y se designó a Pedrito Pereira.
En las pasadas elecciones atípicas de Cartagena el asunto de la contratación fue motivo de una dura puja. Según señaló un experto en contratación la pelea se derivaba en que la clase política local quería que los $160 mil millones se contrataran directamente por la administración local. En medio de la disputa ocurrió la suspensión del alcalde Quinto Guerra y se designó a Pedrito Pereira.
Para garantizar la transparencia en la contratación, el gobierno nacional asumió la ejecución del proyecto a través de la Ungrd. Entonces de manera complementaria, Pereira le entregó esta semana a Eduardo José González, excandidato al Senado por el Centro Democrático que se quemó en las pasadas elecciones el cheque simbólico por los millonarios recursos que permitirán el inicio de la obra.
No obstante, una vez se hizo el anuncio y cuando se esperaba el inicio de la etapa de contratación mediante licitación pública, el pronunciamiento de Eduardo José González, director de la Ungrd, de apartarse de una convocatoria abierta y a cambio realizar una invitación cerrada a solo tres oferentes para elegir de estos el encargado de ejecutar esta megaobra, cayó como un baldado de agua fría.
Además de Funcicar, contratistas, abogados y expertos en contratación consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, expresaron múltiples dudas, aún no resueltas por la administración. ¿Para qué el pliego tipo de obra entonces creado por la ley, si es una invitación cerrada a tres proponentes? ¿Para qué las normas anticorrupción, si se transfieren los recursos a una entidad que se rige por el derecho privado y no les aplica?, ¿Qué opina el gobierno nacional de esta situación que pretende evadir el estatuto de contratación pública?, ¿Qué opinan los organismos de control?, ¿A quién le quieren entregar el millonario negocio?.
“Este es el resultado de mucho esfuerzo. Es un motivo de compromiso y responsabilidad y vamos a ejecutar con toda eficiencia y transparencia que amerita esta obra”, señaló en la presentación de la obra Eduardo González. A su vez, el alcalde, Pedrito Pereira, en ese mismo escenario señaló “esta megaobra se viene gestionando desde la aprobación de la Ley del Sitio y hoy busca la protección de nuestro patrimonio (…), damos un parte de tranquilidad a la ciudadanía, la transparencia es uno de los pilares de mi periodo de encargo y así lo garantizaremos en esta obra”.
Por ahora, el proyecto apenas se inicia. Se ha conocido que desde que Pereira inició su mandato temporal, la vicepresidente Martha Lucía Ramírez, permanece pendiente de los asuntos de Cartagena. Lo que está sucediendo en la construcción de este macroproyecto merece la lupa de todos los estamentos.
