El proyecto de instalación de 64 torres de energía, dos subestaciones eléctricas y 162 kilómetros de líneas de transmisión que atraviesan la geografía de 20 municipios en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, tiene enfrentados a los habitantes de estas poblaciones, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla y el Grupo de Energía de Bogotá.
Los denunciantes advierten presuntos daños ambientales, sociales, de imposición de servidumbres e incluso en la salud y bienestar de los habitantes de la Sabana de Bogotá y de la vía alterna al Llano. Más allá de una inconformidad, el asunto, ya llegó a la Procuraduría General de la Nación. En esta entidad, afectados, solicitaron control preventivo y fueron más allá, radicaron una queja de carácter disciplinario contra dos funcionarias de la Agencia de Licencias Ambientales, Anla, Martha Elena Camacho Belucci y Stephania Casas Farfan.
El tema se remonta al año 2010 cuando la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, determinó la necesidad de realizar obras de infraestructura para mejorar la red de energía eléctrica, reducir las restricciones del sistema y garantizar el abastecimiento de la demanda en la denominada área norte de Bogotá.
De esta manera se determinó la construcción de las subestaciones Chivor II y Norte 230 kV y las líneas de transmisión del corredor Chivor, Chivor II, Norte y Bacatá 230 kV. En un documento en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo API, se planteó varios trazados. Así las cosas se estableció un área de estudio que cobijó 25 municipios. Cajicá, Chía, Tabio, Tenjo, Guatavita, Suesca, Sesquilé, Sopó en la sabana de Bogotá.
Lo propio se hizo con los municipios que conforman la ruta hacia la vía alterna al llano, por la represa del Sisga, estos son: Tocancipá, Gachancipá, Chocontá, Machetá, Tibirita, Manta en Cundinamarca y Guateque, Garagoa, Tenza, Sutatenza, La Capilla, Macanal, San Luis de Gaceno y Santa María en Boyacá. Por supuesto, también los de la región de la hidroeléctrica del Guavio; Chivor, Gachetá, Ubalá.
Según dicho análisis, los criterios que se tuvieron en cuenta para el trazado fueron la estabilidad del terreno, la presencia de zonas de riesgo natural, los cuerpos de agua, las áreas de preservación de fauna y flora, los ecosistemas amparados legalmente, el uso del suelo y las zonas pobladas. Esto, al parecer, resultó insuficiente para los pobladores de los 20 municipios elegidos para el trazado.
Uno de los reproches es que las poblaciones del trazado, son verdaderos pulmones del centro del país. En donde están identificadas 22 áreas protegidas e incluso en Garagoa, existe una zona para la conservación de aves. Por ejemplo, el municipio de San Luis de Gaceno, tiene un área protegida que es la Cuchilla de San Augustín; en Santa María y Macanal, están las reservas forestales de Cuchilla Negra, Guaneque, Cuchilla de San Augustín, y las Cuchillas de El Varal y Guaneque, que corresponden a Bosque Andino, así como el Páramo de Chingaza que alcanza los municipios de Manta y Machetá y el de la Leonera entre Chocontá y Machetá.
En Machetá y Chocontá se encuentran además los bosques andinos y paramos de La Leonera, El Horrigal, el Frailejonal y los ríos Monquetiva y Salinero. Esto por citar unos cuantos ejemplos de ecosistemas considerados por la normatividad como estratégicos y a cargo de Corpochivor, la Car y Corpoguavio.
Sin embargo, y a pesar de que la principal amenaza recae en este sector de Cundinamarca y Boyacá, por ser áreas en retroceso demográfico, de población netamente campesina y cuyos ejes de distribución de bienes y servicios dependen de Bogotá y Guateque, Chocontá y Gachetá como cabeceras de provincia, fueron los habitantes de la Sabana de Bogotá, los que han iniciado una cruzada legal y administrativa, solicitando revisar el proyecto y la actuación de algunos funcionarios públicos implicados.
Las denuncias y quejas ante organismos de control, en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, señalan por ejemplo, “he podido constatar una gestión amangualada entre la EEB y la ANLA en relación con el expediente de licenciamiento LAV0033-00-2016 para la construcción de la Línea de transmisión Chivor-Chivor II-Norte-Bacatá a 230 kV Proyecto Upme 03 de 2010”, así inicia una de las quejas.
Los demandantes dicen que desde el 01 de junio de 2016, la ciudadana Patricia de Bedoya, formuló una queja ante el Ministerio Público en contra de Martha Elena Camacho, funcionaria de la Anla, quien negó su condición jurídica de tercero interviniente en el asunto, a pesar de su carácter de afectada y quien también pidió ante esa misma entidad la constitución de una agencia especial dentro del expediente de diagnóstico ambiental.
Inconformes porque en mayo de 2016, la entonces EEB citó para el día 19 de ese mes a la comunidad del municipio de Tabio y a las juntas de acción comunal para informarles sobre el estudio de impacto ambiental y la solicitud que se realizaría para la sustracción de una reserva forestal ante el Ministerio de Medio Ambiente.
Un propietario afectado por el trazado del proyecto, afirma que realizó entrevistas, visitó predios y pudo constatar que, “la EEB hace perforaciones en lotes por donde pasan las torres, y amenaza a los campesinos indicando que tienen orden del alcalde para entrar a los predios. Un hecho que niega el alcalde Acero”.
El tema avanzó y en junio de 2016, se radicó una solicitud ante la Anla, Car y la EEB solicitando el estudio del impacto ambiental de dicho proyecto. Sin embargo, las dos entidades que contestaron afirmaron que el estudio no existía. Cómo quiera que la Anla no contestó el derecho de petición, uno de los habitantes interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, lo que permitió que la entidad ambiental respondiera.
“Con esto se pretendía acreditar que la EEB estaba engañando a la comunidad campesina en relación con la existencia del estudio de impacto ambiental y la solicitud de sustracción. Esta última solo fue radicada en el mes de julio ante el Ministerio del Medio Ambiente” afirma uno de los denunciantes. El 13 de junio de ese mismo año, otros afectados, Sandra Ladino y Leonardo Ortiz, también solicitaron ante la Anla, ser reconocidos como terceros intervinientes, es decir, como parte en el proceso.
Un mes después, uno de los afectados que hoy prepara una Acción Popular, le solicitó a la Anla, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Salud, certificarán los posibles riesgos para la salud humana, en especial de menores de edad y adultos mayores por la “presencia cercana de redes de transmisión eléctrica”.
Sin embargo, la Anla respondió que no contaba con dichos estudios y que además la entidad competente para determinar dicha afectación era el Ministerio de Minas y Energía. Esta entidad, por su parte, respondió que toda instalación eléctrica sin excepción tiene riesgos y que “los niños son más sensibles que los adultos, y que los caballos aún más por tener cuatro patas y herrajes”. Y advierte que no puede entregar dichos estudios porque estos tienen protección de derechos de autor.
En el mes de septiembre de 2016, según se desprende de los soportes de las acciones judiciales y administrativas impetradas en contra del proyecto, la comunidad sufrió un nuevo revés. Afirman que la Anla anunció una visita a Tabio para el día 14 de ese mes. Sin embargo como consta en actas suscritas por el alcalde, personero, el secretario municipal de medio ambiente, y los terceros ya reconocidos como parte del proceso, los funcionarios de dicha entidad no asistieron y dejaron con los crespos hechos a la comunidad. No obstante, para ese momento la entidad ya había dado inicio al trámite de licenciamiento, a pesar de las múltiples solicitudes y requerimientos de los pobladores.
Uno de los denunciantes va más allá y afirma, “ (...) el 23 de septiembre de 2016, se evidenció un acto de corrupción cuando asistimos a las instalaciones de la alcaldía de Tabio, junto con otros funcionarios públicos y particulares, a una reunión informativa con el delegado de la Anla, Simón Rocha, servidor público que indicó desconocer las razones por las cuales no se había publicado, notificado y comunicado a las personas naturales y entidades públicas sobre la iniciación del procedimiento de licenciamiento”.
Un hecho enfureció aún más a los pobladores y es que mientras Rocha se mostraba sorprendido del porque la Anla no había hecho público este hecho trascendental como es la licencia ambiental, al mismo tiempo, otros funcionarios de la misma entidad, estaban visitando los terrenos donde se proyectó la imposición de servidumbres y la construcción de torres de energía. “visitas que se realizaron en vehículos de la Empresa de Energía de Bogotá y acompañados solo por funcionarios de esta última”
Otra de las pruebas que hacen parte de uno de los procesos, es la grabación de dicha reunión, realizada por una de las veedoras ciudadanas del municipio de Tabio, en octubre de 2016. Ese día, 43 habitantes de dicho municipio, le solicitaron a la Anla, ser considerados como parte interesada en el proceso de licenciamiento ambiental.
Igualmente hicieron otra denuncia. Que tres contratistas que asesoraban dicho proyecto en la Anla, no estaban inscritas en el Sigep, que los honorarios asignados eran superiores a los $14 millones mensuales y que una de estas funcionarias no figuraba como abogada inscrita.
Entre finales de 2016 y mediados de 2017, los pobladores interpusieron varias acciones de tutela ante el Tribunal y el Consejo de Estado porque el Ministerio de Minas y Energía no respondía los derechos de petición que se le radicaron. Luego de uno de los fallos de tutela, el ministerio respondió que se había prorrogado el plazo de operación del proyecto Subestación Chivor II Norte, porque la Anla, se había demorado en la notificación de algunas decisiones durante el trámite. Pero los denunciantes tienen una explicación a este hecho, “está prórroga resulta absurda y simplemente pretendía que no se hicieran efectivas las pólizas otorgadas como garantía de la puesta en ejecución del proyecto cuyo valor supera los US$25.000”
Consultado el Grupo de Energía de Bogotá, responsable del la obra, Lina Coy, líder del proyecto, se pronunció en el sentido de que todo se está haciendo conforme a la ley, “Todos los proyectos de transmisión eléctrica cumplen un marco sobre el cual se desarrollan, son proyectos de interés público donde el Estado tiene la obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos, siendo la energía el motor que permite la prestación de otros, como la salud, el agua potable, la educación, y el desarrollo económico, solo por nombrar algunos”
También advirtió que el proyecto es objeto de licencia ambiental, por lo tanto cuentan con un marco regulatorio en términos ambientales que es de obligatorio cumplimiento, “en estos estudios se identifican y establecen planes de manejo aplicables en la etapa de construcción y operación en donde se evalúa el componente ambiental y social”.
En el caso de Proyecto Norte del grupo durante la etapa de diseño y estudio de impacto ambiental estableció varias medidas de manejo, como la reducción del área de aprovechamiento forestal colocando torres más altas y evitando en muchos casos la tala de árboles, esto se hace por condiciones de seguridad pues el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas determina no solo las condiciones técnicas de operación sino que ha analizado bajo los estándares internacionales los aspectos de seguridad para el ambiente y las personas.
También asegura el cumplimiento de las zonas de protección de rondas y cuerpos de agua cumpliendo con las distancias de protección para la ubicación de los sitios de torre. Como uno de los aspectos de respeto y cuidado de nuestra fuente vital, “el agua”. En la etapa de construcción no se hará captación de agua en fuentes hídricas de los municipios y se llevará el agua para construcción a través de carrotanques. Existen también otras medidas de manejo y conservación del suelo en los sitios objeto de construcción de la Torre, protección y conservación de la fauna, entre muchos otros.
Por esta razón, el Grupo tiene la confianza en haber establecido planes y acciones y la tranquilidad de las cosas bien hechas. En cuanto a la inquietud de los pobladores de los 20 municipios en los que recae el proyecto, advirtió que es un derecho de paso que conforme a la ley debe ser elevada a escritura pública por lo que se busca con el propietario del predio formalizar la servidumbre y realizar un reconocimiento económico, enmarcado en la ley, que depende, de varios factores, el tamaño del predio, el valor comercial del predio, las características undividuales del predio, la ubicación de la franja sobre el predio, entre otros factores.
Lo cierto es que “el proceso de licenciamiento de la obra está suspendido desde la audiencia ambiental de julio pasado precisamente por la EEB no ha cumplido con rigor las exigencias ambientales”, destacó uno de los afectados del caso.
A la fecha, varios demandantes advirtieron que continuarán la batalla legal, contra el proyecto, puesto que la instalación de torres y de líneas de energía en sus predios, puede tener implicaciones en su vida y su salud, como problemas neurológicos, cáncer, leucemia, entre otras enfermedades ante la exposición de la radiación.
