Este martes, la Clínica María Reina de Sincelejo, Sucre, se convirtió en un campo de batalla. Consuelo Beltrán Morales, una paciente que ingresó por urgencias la noche del lunes 6 de julio, tras resultar lesionada en un accidente de tránsito, desarmó al vigilante de la institución médica y empezó a disparar.
Tres balas impactaron en puertas y paredes. La mujer enfureció porque los médicos decidieron aislarla luego de que sus familiares confesaran que tenía síntomas de Covid-19.
La doctora, a quien se proteje su nombre para preservar su integridad, es médica de la Universidad Javeriana y estaba en turno en la clínica cuando llegó Beltrán Morales.
Mientras realizaba el triage, la entrevista y abría la historia clínica escuchó a la mujer toser varias veces. Le preguntó si tenía síntomas de gripa o enfermedad respiratoria; de manera contundente la mujer lo negó.
De inmediato, fue trasladada a imagenologia y pruebas diagnósticas para establecer las consecuencias médicas del accidente de tránsito que había sufrido.
Minutos después, la médico tratante fue informada por quien estaba realizando las pruebas que había escuchado a la mujer toser cerca de doce veces.
La facultativa volvió a preguntarle a la mujer desde cuando tenía esos síntomas y le pidió decir la verdad para poder realizar el tratamiento médico correspondiente, pero una vez más negó cualquier síntoma de Covid-19.
Inquieta por el estado de salud que evidenciaba la paciente, la doctora entrevistó a los familiares. Al principio se mostraron reacios pero luego confesaron que la mujer llevaba quince días con tos persistente.
Entonces, decidió aplicar los lineamientos del Ministerio de Salud y aisló a Beltran Morales de manera preventiva.
Pero la mujer enloqueció, empezó a gritar que la tenían secuestrada, que ella no tenía Coronavirus y que la iban a matar.
Ante la algarabia se aproximó Wilmer José Paternina, el hombre de 40 años que trabaja como vigilante en la clínica. Intentó calmar a la paciente, pero ella se abalanzó y le quitó el arma de dotación.
Empezó a disparar al aire. Uno de los proyectiles atravesó una puerta y por poco impacta en una de las señoras a cargo del aseo.
Gritos, llanto y caos vivieron médicos, enfermeras y pacientes que afirmaron haber vivido el peor de sus días en el ejercicio de su profesión.
Minutos después varios efectivos de la Policia redujeron a la mujer y la capturaron. Fue dirigida a una URI cercana a la clinica señalada del delito de porte ilegal de armas.
Preocupada por lo sucedido, pero ante todo por la ignorancia de la gente, una de las médicas que atendieron a la mujer afirmo, “ que la intolerancias no se lleve por delante a personas que están arriesgando su vida y la de sus familias por brindar un servicio a la comunidad”.
Pero lo sucedido en Sincelejo es solo una muestra de lo que sigue ocurriendo con el personal sanitario en el país. Médicos, enfermeras, auxiliares se están convirtiendo en las grandes víctimas de la pandemia.
Además del deterioro de las condiciones de seguridad, actualmente hay 2.256 integrantes del personal de salud contagiados. De hecho, en las últimas 24 horas se registraron 177 nuevos casos. Veinte han fallecido, 373 están en aislamiento y 226 son asintomáticos.
Al aumento de los contagios se suma lo que se ha denunciado con suficiencia desde el inicio de la pandemia. En la mayoría de los casos están mal remunerados, sus servicios son tercerizados a través de cooperativas y firmas de empleos temporales.
Adicionalmente, en un gran porcentaje han tenido que asumir el costo de los elementos de protección para disminuir la posibilidad de contagio.
Instituciones como el Hospital López Pumarejo de Valledupar, ante la protesta de personal de la salud por la ausencia de elementos de protección y salarios atrasados anunció que cualquier integrante del cuerpo médico que resultará contagiado del virus le sería retirada su afiliación a ARL.
Formar un médico general en Colombia en una universidad privada en Bogotá resulta costoso. El semestre en promedio cuesta $22 millones. Los textos de la carrera valen cerca de tres millones de pesos por semestre. Cada estudiante requiere para sus gastos personales, como alimentación, transporte y material de trabajo, alrededor de otros tres millones de pesos mensuales. Se estima que la carrera a precios de hoy tiene un costo aproximado de 600 millones.
A las precarias condiciones laborales se suman actos de discriminacion, violencia, amenazas de muerte y lo que ocurrió ahora en Sincelejo, que una paciente disparó en contra de los médicos que la atendían motivada por las leyendas urbanas que circulan en redes y que hoy tienen en la mira a los médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla frente al Covid.
