Entra en la recta final en los estrados, el asunto que se convirtió en el talón de aquiles de una de las mandatarias de mayor recordación en Cartagena, Judith Pinedo Flórez, alcaldesa entre los años 2008 y 2011. Luego de culminar su periodo, fue acusada por la Fiscalía junto con Vivian Eljaiek, quien fungió como su secretaria de Hacienda, como coautoras de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales por vender al Hotel Dann 243.75 metros de playa, ubicada en el sector del Laguito, un bien de uso público.
Aunque en su momento sus aliados políticos advirtieron de una posible persecución política en contra de Pinedo, al afirmar que el bien que fue vendido al Hotel Dann hacía parte de la piscina de la construcción desde hace casi cinco décadas. Esta teoría se ha venido controvirtiendo en el juicio.
Dos décadas atrás, en el año 1999 la Nación le entregó, mediante escritura pública, a la Heroica varios terrenos baldíos. Años después el concejo de la ciudad, ante la necesidad de consecución de recursos para inversión social, facultó al alcalde de la época a enajenar dichos bienes, entre esos uno en particular.
Se trata de 243.75 metros de playa, considerada por la ley como bien de uso público, que durante 45 años usufructuó el Hotel Dann, pues la piscina de dicho hotel que se erigió en un lote de 2.145 metros cuadrados y que antes era el edificio apartahotel Las Velas, hace parte del terreno en discusión y que tiene enredada a la ex alcaldesa y su secretaria de Hacienda.
Y es que en uso de la facultad que tres años atrás le otorgó el Concejo Distrital al Alcalde de Cartagena para vender los baldíos, el 23 de febrero de 2009, Judith Pinedo Flórez, le vendió al Hotel Dann Cartagena representado por Luis Edgar Restrepo Pineda 243 metros de playa, los cuales habían sido declarados baldíos mediante escritura pública 3570 del 8 de noviembre de 1999. Es decir, que lo que procedía legalmente era la restitución de los mismos por parte del hotel, pues al ser baldíos estos no se podían enajenar.
Seis meses atrás, en julio de 2008, Vivian Eljaiek, secretaria de Hacienda de Cartagena, le propuso a Restrepo Pineda la compra de este bien baldío, teniendo en cuenta que ellos tenían la ocupación. Dicha área, según los peritos, está ubicado al frente de dicho hotel, sobre una zona de playa ocupado por el mobiliario Sunsiet Beach.
Pero el tema se enredó aún más, pues para el ente acusador, el representante legal del Hotel Dann, vio la oportunidad de legalizar 311.61 metros cuadrados de bien de uso público que el hotel ya se había apoderado antes de 1999 cuando fue declarado baldío. Luis Edgar Restrepo le solicitó al representante legal de Sunsiet Beach, Juan Diego Useche, que desalojará esa franja de playa, pues el Hotel Dann estaba en negociaciones con el Distrito para adquirir el predio.
Las buenas relaciones que tenían Luis Edgar Restrepo y Juan Diego Useche llegaron a su fin, pues este último, luego de la solicitud de desalojo, se trasladó a la Dimar y le advirtió al capitán de puerto Victor Hurtado, que entre la alcaldía de Cartagena y el Hotel Dann se iba a llevar a cabo una venta ilegal.
De inmediato, el capitán Hurtado, convocó a una reunión a las partes y les advirtió que la venta de dicho bien era ilegal y por lo tanto no se podía realizar. También como autoridad sobre dichos bienes, al estar en la jurisdicción de la Dimar, les anticipó las consecuencias legales de llevarse a cabo.
A pesar de la advertencia de la Dimar, a través del capitán Hurtado y de que éste pusiera en conocimiento formal del contratista Giovanni Torregoza, de Vivian Eljaiek, secretaria de Hacienda y de la alcaldesa de Cartagena Judith Pinedo, la venta de los metros de playa se realizó.
Un negocio de 243.75 metros de playa que fueron escriturados al Hotel Dann, por la suma irrisoria de $207 millones de pesos, una cifra de un avalúo que fue calificado en su momento por la Fiscalía como amañado y el cual fue efectuado por el ingeniero contratado por el hotel, Rafael Enrique Ceballos Calvo.
Así las cosas, asegura la Fiscalía que el Distrito no solo desconoció la legislación sobre baldíos, si no la competencia de la Dimar, quien por decreto ley 2334 de 1984 tiene a su cargo la defensa y protección de los bienes de uso público, incluyendo las playas marítimas.
Con un detalle adicional, la justicia no solo reprocha la venta de un bien que al ser declarado baldío en 1999 quedaba excluido del comercio, así como la participación de funcionarios de la alcaldía y de la propia mandataria Judith Pinedo; también del supuesto que el verdadero precio cancelado por esa franja de playa fue de $750 millones y no de $207 como quedó estipulado en el acuerdo.
También se cuestiona la participación del Hotel Dann, de su representante legal, Luis Edgar Restrepo y de quien se encargó de realizar el avalúo, el ingeniero Ceballos Calvo, quien en detrimento del Distrito castigó comercialmente el lote en un 75% por debajo de su valor comercial.
En este contexto, cinco personas terminaron respondiendo ante la justicia por el asunto. Además de la alcaldesa Pinedo y su secretaria de Hacienda Eljaiek, Giovanni Terregroza y Luis Edgar Restrepo a quienes se les acusó de intervinientes en los delitos de contrato sin requisitos legales y peculado por apropiación, así como el ingeniero Rafael Ceballos Calvo a título de cómplice.
Durante el juicio que está a punto de culminar y cuyo debate probatorio se activó esta semana, luego de ocho años de la acusación, se presentaron además de la denuncia de William García Tirado, concejal opositor a la alcaldesa Pinedo, ochenta pruebas, entre entrevistas, informes de policía judicial, fotografías, cheques, certificados de curaduría, escrituras, así como 24 testigos.
Entre tanto, la defensa de los procesados, así como los abogados del Hotel Dann, han desestimado los argumentos de la Fiscalía y consideran que la operación de venta de las playas fue legal y contó con las autorizaciones correspondientes. Incluso afirman que la Fiscalía confundió el polígono las velas con la zona aledaña que sí es playa, "contamos con un dictamen del IGAC que así lo certifica", le indicó a esta Agencia, el abogado Wilson Andrés Cadena, apoderado judicial del Hotel Dann
El fallo, adportas de producirse, es esencial, como quiera que marcará un hito en uno de los temas que parecía que estaba claro por la Constitución y la ley y es que las playas son bienes públicos que están fuera del cualquier negociación comercial.
