Solo se necesitaron 12 días desde el retorno del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, a esa ciudad para cambiar por completo el panorama político del lugar.
En una extraña coincidencia el contralor municipal Oscar Sandoval solicitó la suspensión del alcalde Jairo Yañez de forma inmediata, argumentando un presunto detrimento patrimonial por $77.699 millones en 18 convenios administrativos suscritos en los años 2020 y 2021.
Según el organismo de control local la auditoría realizada a las vigencias 2020 y 2021 evidenció 25 hallazgos fiscales y seis disciplinarios.
El mandatario no dudó en ripostar en una alocución la determinación del contralor local, en esta señaló a Suárez Corzo el barón electoral y todopoderoso de la ciudad como el responsable de su inminente suspensión.
"Es vergonzoso que con la llegada de Ramiro Suárez a la ciudad hace 12 días, hoy Cúcuta amanece con la exigencia que le hace el ramirista contralor municipal al gobernador de suspenderme, en un ataque frontal contra la democracia y con la intención de apoderarse de los recursos públicos para enriquecerse y financiar sus campañas", aseguró.
Y es que como lo había advertido en dos publicaciones la Agencia de Periodismo Investigativo, API, Suárez Corzo no había mermado esfuerzos para intentar salir del patio ERE Sur en la Penitenciaría, La Picota de Bogotá y regresar a la ciudad donde es amo, señor y dueño.
Dos años atrás el exmandatario empezó a planificar su retorno. Paradójicamente la pandemia de Covid-19 se convirtió en su gran aliada.
La entonces ministra de Justicia, hoy Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello suscribió el Decreto 546 de 2020 mediante el cual permitió la sustitución de detención o prisión intramural por domiciliaria a los internos con mayor vulnerabilidad ante un contagio por Covid-19.
La medida le abrió las puertas de la cárcel a varios grupos de internos, las madres gestantes con hijos menores de tres años, reclusos con enfermedades graves, en condición de discapacidad, mayores de 60 años y quienes hubieran cumplido el 40% de la condena.
Semanas después de este decreto de excarcelación, el 21 de julio de 2020 el Juzgado 15 de Ejecución de Penas de Bogotá le concedió el subrogado y lo envió al domicilio registrado en la capital de la República.
Dos días antes de que estallara el escándalo por los paseos fuera de la penitenciaría La Picota de Carlos Mattos imputado por corrupción, la Juez le ordenó al Inpec instalarle a Suárez Corzo un dispositivo de vigilancia electrónica o grillete electrónico.
Pero el escándalo de Mattos hizo rodar las cabezas del entonces director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el general Mariano Botero y del director de La Picota, el Coronel en retiro de la Policía Wilmer Valencia. Con el remezón la orden de la juez se engavetó y no se cumplió.
Lo que sí se cumplió de una manera extrañamente expedita fue la orden del juez de enviar a su cómodo domicilio a Suarez Corzo ya no en Bogotá, si no en Cúcuta, su área de influencia.
Ramiro Suárez Corzo purga una condena de 27 años de prisión por ser el determinador, en octubre de 2003, del asesinato del abogado Alfredo Enríquez Flórez Ramírez.
Luego que su condena quedara ejecutoriada tocó las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP argumentando que él había sido parte del Bloque Catatumbo de las AUC, sin embargo, no contribuyó en nada a la verdad y no narró nada diferente a lo que ya había asegurado ante la justicia ordinaria; su solicitud entonces fue fechada mediante resolución 992 de 2021.
También enfrenta otra investigación por ser presunto determinador de otro homicidio, el de Pedro Duran Franco ejecutado el 12 de agosto de 2003 por los paramilitares.
Precisamente por ello, el procedimiento de traslado de Bogotá a Cúcuta debía ser extremadamente riguroso y cumplir con el reglamento del Inpec, pero, al parecer no fue así, según un informe suscrito por un grupo de guardianes al que tuvo acceso esta Agencia.
El afán por llegar a Cúcuta de Suarez Corzo, llevó a los funcionarios de la entidad, específicamente a dos adscritos a la Penitenciaría La Picota a saltarse todas la reglas.
El pasado 9 de agosto el Juzgado 15 de Ejecución de Penas de Bogotá autorizó el cambio de domicilio de Suarez Corzo de Bogotá a Cúcuta.
Ese mismo día se elaboró el oficio 649 dirigido a la penitenciaría Picota. Al día siguiente la cárcel respondió e increíblemente siete días después el exalcalde llegó a la ciudad. Esto cuando aún ni siquiera el juzgado había elaborado los oficios 984 y 985 informando a Procuraduría y a la JEP el cambio de domicilio.
Con un detalle sorprendente en el contexto de la eficiencia carcelaria; estos oficios se elaboraron el 18 de agosto pero Suárez había sido trasladado el 16 de agosto en la noche.
Dos días después, el 18 de agosto a las 10 de la mañana y luego de viajar 555.8 kilómetros desde la Penitenciaría La Picota hasta la cárcel de Cúcuta, una camioneta Toyota de placas BWN 482 se estacionó en la plaza de Armas del establecimiento carcelario.
Un grupo de la guardia penitenciaria adscrita al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta sorprendida por la presencia del vehículo indagó lo sucedido. Ahí se dieron cuenta que un interno llamado Ramiro Suárez Corzo de desplazó desde el comando de guardia denominado Plutón 1 hasta ese vehículo.
El condenado a 27 años de prisión solo estaba custodiado por dos hombres que vestían de civil y que aseguraron, sin identificarse plenamente, eran funcionarios del Inpec.
Los presuntos guardianes le ordenan al dragoneaste Acevedo tramitar de inmediato la domiciliaria a Suárez Corzo, pues cómo había sido remitido desde otro penal debía realizarse un nuevo proceso de reseña.
El funcionario le comunicó lo ocurrido a sus superiores, quienes le advirtieron que debía realizar dicho procedimiento de acuerdo al reglamento, incluso le informaron que no se trataba de correr si no de hacer las cosas bien.
Su superior le ordenó al dragoneante notificarlo cuando se hubiera comprobado la legalidad de la orden, el proceso de reseña, así como cauciones y antecedentes.
Sin embargo, el vehículo con Suárez Corzo en el interior prendió el motor y se desplazó hasta el portón de salida de la cárcel por lo que la guardia de la garita y de la entrada avisaron nuevamente la novedad.
Dos funcionarios del Inpec, entre ellos el dragoneante Rios Rodríguez, le solicitaron al conductor detuviera el vehículo y le notificaron que no podía salir hasta que no se realizara procedimiento correspondiente.
Pero la respuesta del supuesto funcionario del Inpec fue que habían viajado 24 horas desde Bogotá, que no necesitaban que les fueran a "montar terapia" y que él pertenecía a uno de los sindicatos poderosos del instituto.
Los tres funcionarios de la cárcel de Cúcuta, entre ellos dos dragoneantes de Policía Judicial, Barbosa y Chinchilla, perplejos veían cómo los dos custodios bogotanos que acompañaban a Suárez Corzo daban órdenes, increpaban y coaccionaban.
"Yo pertenezco a un sindicato y vamos a ver quien es quien" señaló mientras sacó un celular y les tomó fotografías a los guardias de Cúcuta.
Y así se desató un enfrentamiento entre los guardianes. En la cárcel de Cúcuta y justo en la salida, los encargados de la vigilancia le reclamaron a los acompañantes del exalcalde. Entre ellos, el dragoneante Cristian Oviedo el porqué Suarez Corzo iba a salir del establecimiento carcelario sin la orden de salida a domiciliaria y por el comando de guardia; y lo que era aún más inexplicable la guardia de Bogotá había ingresado a la cárcel de Cúcuta sin un plan de marcha.
"Dónde queda la legalidad del procedimiento de una remisión nacional" le indago el guardián. La respuesta de Oviedo que quedó consignado en un informe en poder de esta Agencia fue, "definitivamente esta cárcel de Cúcuta es una mierda".
Luego intervino el capitán de la guardia José Báez Carvajal quien invitó a todos a calmar los ánimos. Apartó a un lado a los funcionarios de la cárcel de Cúcuta y les aseguró que él les había advertido al dragoneante Cristian Oviedo y su acompañante que el procedimiento se debía hacer legalmente.
Tras el enfrentamiento, Suárez Corzo descendió del vehículo, ingresó nuevamente por el comando de guardia Plutón 1, pasó por el área de reseñas hasta llegar a celdas primarias.
Tres horas después, faltando cuatro minutos para la 1 pm, “se observa en el registro fotográfico que el señor privado de la libertad Ramiro Suárez Corzo sale con el procedimiento estipulado en nuestros documentos maestros de procedimientos y aborda un vehículo oficial del Inpec, acompañado por funcionario del área de domiciliarias”.
En el área de reseñas quedó consignado que los funcionarios que dijeron desplazarse desde Bogotá no entregaron ningún plan de marcha que legitimara el procedimiento de remisión nacional.
"Ahora lo preocupante aquí es ver cómo cómo la seguridad del señor privado de la libertad fue vulnerada por dos funcionarios que se agrandan solo por pertenecer a un sindicato", aseguraron guardias del Inpec de Cúcuta que hablaron con esta Agencia y solicitaron no revelar sus identidades.
Otro guardián aseveró, "me hago otro interrogante y es ¿cómo dos funcionarios de algún Inpec Bogotá se trasladan hacia Cúcuta '24 horas' con un privado de la libertad, que por cierto tiene mucho renombre en la ciudad de Cúcuta y al llegar al centro penitenciario de mediana, pretenden violentar los controles de seguridad", aseguró.
Lo consignado en el informe y que se convierte en el primer escándalo del nuevo gobierno de Gustavo Petro y del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien no tiene conocimiento de caso y que evidenciaría el traslado irregular es precisamente el vehículo que se usó.
Se trata de una camioneta Station Wagon marca Toyota, de color plata metálico, modelo 2006 y 4.700 centímetros cúbicos. El vehículo desde 2006 y hasta 2016 perteneció al Senado, luego fue vendida a Alirio Díaz y en 2021 fue adquirida por la empresa, Territorio y Espacios Urbanos SAS.
Esta compañía fue constituida el 14 de enero de 2015 por Juan David Cruz Guzman, Eimy Suárez González y Giseth Paola Suárez González, las dos ultimas hijas de Ramiro Suárez Corzo.
La firma cuyo objeto social son las actividades de arquitectura e ingeniería, a pesar de tener como domicilio Bogotá en una apartamento de la carrera 8D con calle 191 y que se constituyó con el nombre de Suarez Cruz Urbanos SAS pero que años después modificó su razón social, ha sido particularmente próspera en Norte de Santander.
Entre el 1 de diciembre de 2017 y el 25 de abril de 2022 la empresa fundada por las hijas de Suárez Corzo ha suscrito nueve contratos por $2.323 millones para todo tipo de servicios.
Los más recientes son la remodelación del control de acceso en la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz por $969 millones; el suministro de ropa de seguridad por $831 millones y hasta compra de tonner para la red prestadora de salud.
En este mismo periodo, la hija de Suarez Corzo, Eimy Julieth Suarez González suscribió diez contratos con el Estado como persona natural. De estos cinco en Bogotá con una asociación estatal. Dos con la Cámara de Representantes para apoyar a la Comisión Sexta y tres con la Corporación Autónoma de Norte de Santander.
Por su parte, Giseth Paola Suárez González, desde el 27 de febrero de 2017 a hoy ha suscrito 11 contratos en Norte de Santander con el Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander, la Gobernación y la Corporación Autónoma de Norte de Santander.
Una contratación con entidades públicas que evidencia que el poder de Ramiro Suárez Corzo continúa incólume a tal punto que fue trasladado desde la Picota en Bogotá a la cárcel de Cúcuta en vehículo particular y sin un plan de marcha. Ahora desde su casa en esa ciudad seguirán creciendo sus tentáculos.
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