Yunny Tovar fue encontrado en la vía pública y trasladado por la Policía que atendió el accidente. El triage determinó que debía ser remitido a cirugía por presentar trauma craneoncefálico severo. Fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica ubicada al norte de Bogotá.
Había llegado de Venezuela a Bogotá hace seis meses. Solo encontró trabajo llevando domicilios para Rappi. Una empresa que no le paga salario, prestaciones sociales ni lo considera un empleado. Lo cataloga como un usuario más de la aplicación a la que el fondo de inversión Softbank recientemente le inyectó US$1.000 millones.
Un vacío jurídico en la materia que reduce costos, optimiza su rentabilidad y que le ha permitido a Rappi, una empresa avaluada en US$250 millones, hacerle el quite legal. En cambio le ha delegado a los particulares y al Estado, a través del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, que pagan anualmente los propietarios de vehículos y a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, el costo de las enfermedades y de los accidentes de trabajo de sus Rappitenderos.
En contraste, voceros de Rappi señalaron que todos los Rappitenderos tienen la cobertura de la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, que la empresa paga de manera voluntaria desde el 2016. “Todos los casos reportados han sido cubiertos en el 100%”. Aseguran que la compañía no obtiene ganancia alguna por el valor del domicilio que pagan los usuarios a los Rappitenderos ni de la propina o por el cobro más caro de los productos o servicios a los usuarios. “El modelo de ganancias de la compañía proviene de la comisión cobrada a los comercios aliados como supermercados, restaurantes o farmacias”.
Tras sufrir trauma craneoencefálico severo y fractura mandibular, con la atención médica primaria se agotaron los $22 millones de la póliza del Soat y la cuenta por la atención de Yunny Tovar se aumentó. Su hermana Nancy, quien también trabaja para Rappi, interpuso una acción de tutela.
Tanto la Secretaría de Salud, como la Superintendencia Nacional de Salud, consideraron el hecho un accidente de trabajo por el que debía responder Rappi. Pero la empresa no contestó la tutela. No obstante, el juez eximió a la compañía de cualquier responsabilidad, no ordenó su afiliación, ni realizó mayor análisis al respecto. Lo que si determinó es que al tratarse de un accidente de tránsito debía ser pagado por el Soat y la Adres.
La tutela le amparó los derechos a la vida y la salud, pero no reconoció la condición de trabajador de Yunny. Fue gracias a la hermana de la víctima, una mujer de 48 años quien logró se ordenarán medidas cautelares en su caso. Ella al verlo gravemente herido en la UCI acudió a la justicia. “Señor juez, manifiesto que no contamos con medios económicos boyantes para cancelar el servicio médico de manera particular, menos para pagar el costo de la enfermedad de mi hermano, quien es padre cabeza de familia, económicamente depende de llevar domiciliarios en la empresa Rappi, mensualmente recibe menos del salario mínimo, con obligaciones mensuales de alimentos, transporte, servicios públicos y demás, como verá señor Juez, escasamente sobrevivimos”.
Así inició su relato la mujer quien actuando en nombre de su hermano, solicitó el amparo por considerar vulnerado el derecho a la vida, salud y seguridad social.Una petición que tramitó el despacho cuarenta y ocho de pequeñas causas que vinculó de oficio a Migración Colombia, la Secretaría de Planeación de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud. En este contexto, la Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud de la Secretaria de Salud de Bogotá le advirtió al juez de tutela que Yunny Tovar tiene permiso especial de permanencia vigente, labora para la empresa Rappi y “utilizando los elementos que esta le provee, maletín e impermeable, es arrollado por un vehículo, por lo cual se cataloga el evento como un accidente de trabajo y por ende responsabilidad del patrono, pues la omisión en la afiliación oportuna al Sistema General de Seguridad Social, conlleva a que el empleador asuma los costos de prestaciones económicas y de salida a la que haya lugar, según el decreto 780 de 2016”, advirtió el oficio suscrito por Paula Susana Ospina Franco, jefe oficina asesora jurídica de la Secretaría Distrital de Salud.
En el formato de negación de servicios de salud, la Superintendencia Nacional de Salud estableció, “es arrollado por vehículo particular quien omite semáforo, continuar atención integral del paciente superado el tope del Soat, va con cargo al patrón quien debe mantener la afiliación a seguridad social y a riesgos laborales. La vinculación laboral es comprobable y demostrable, reportar caso a Ministerio de Trabajo”.
Por su parte, Mapfre la empresa que expidió el Soat informó que el llamado a reclamar es la EPS y que hasta el momento no se habían presentado reclamaciones. También advirtió que el tope reembolsable es de hasta 800 salarios mensuales legales vigentes y una vez agotado le corresponde a la Adres que sustituyó al Fosyga.
El repartidor de Rappi, Yunny Tovar tiene 31 años. Salió de Venezuela huyendo de la precaria situación económica, social y política de su país que con el tiempo tiende a agravarse. Un hecho que ha generado que más de dos millones de sus compatriotas hayan migrado a Colombia y que de estos, un porcentaje considerable hubiera encontrado en la plataforma de domicilios y mensajería Rappi un modo de sustento.
Sin salario, seguridad social, ni la formalidad propia de un contrato de trabajo, llevando domicilios Yunny alcanza unos ingresos mensuales de $600.000. Con este dinero gasta $100.000 en alimentación: $350.000 en el pago del arriendo de una habitación compartida; $50.000 para gastos menores y cuando puede destina $100.000 para su esposa Deymar Lara y su hijo Deynny de 10 años, que aún residen en Valencia, Venezuela. Así lo relato a la trabajadora social de la clínica a la que fue remitido.
En su caso, Miguel Ángel Ovalle Pabón, el juez de tutela que conoció la demanda, si bien amparó su derecho a la vida y la salud no se pronunció sobre el hecho de que Tovar, así como las entidades de salud, narraran que su empleador Rappi no lo hubiera afiliado ni pagado su seguridad social, simplemente exoneró a la empresa. Pero como Tovar hay otras 12.000 personas en su gran mayoría migrantes que han encontrado en la aplicación un modo de sustento, a pesar de estar en la informalidad.
Tovar corrió con suerte, pero no sucedió lo mismo con un rappitendero que murió el pasado 12 de abril en Buenos Aires, (Argentina) al ser atropellado por un camión cuando llevaba un domicilio. Ramiro Cayola, un boliviano de 20 años que como Tovar trabajaba con la ya famosa maleta naranja en su espalda llevando pedidos aumentó el descontento de quienes trabajan de está manera en Latinoamérica.
Sin embargo, en Buenos Aires el pronunciamiento de los jueces fue diferente. Un juez ordenó suspender los servicios de esta plataforma hasta que no se extremaran las medidas de seguridad que permitieran garantizar la vida de los mensajeros de Rappi.
Un modo de sustento que ha generado protestas en los países donde ya se encuentra la aplicación. A comienzos de julio, un centenar de rappitenderos protestaron en Bogotá por la ausencia de reconocimiento y pago de la seguridad social. Ganan $1.900 por domicilio y deben pagar $80.000 por la maleta en la que llevan los pedidos.
Rappi es una empresa colombiana constituida en el año 2015 que ha tenido un crecimiento vertiginoso en Colombia y Suramérica, pues ya está presente en Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay y Perú. En el país cuenta con alrededor de 12.000 personas que realizan domicilios y los demás ya sobrepasan los 100.000.
El debate en el caso colombiano se centra en que aún no se legisla sobre el trabajo mediante estas aplicaciones. El Código Sustantivo del Trabajo establece que existe contrato o hay contrato realidad cuando se cumplen con tres requisitos: hay subordinación, el trabajo se hace personalmente y hay una remuneración.
Al respecto, la compañía Rappi expresó que los Rappitenderos no son trabajadores de esta empresa. Son personas que se conectan a la aplicación. “Ellos, como independientes deben cotizar por sus prestaciones. No obstante, de manera voluntaria Rappi les paga la ARL y tienen una póliza de vida”.
Rappi precisa que pueden conectarse y desconectarse cuando quieran, no hay ningún tipo de horario, ni de periodo de conexión establecido, es decir, pueden hacerlo una vez al mes o a la semana e inclusive una sola hora, un martes si así lo desean. La flexibilidad es total para que se acomode a su estilo de vida y necesidades. En suma, “no hay ninguna relación de subordinación, no cumplen horario y no tienen exclusividad”.
Abogados laboralistas, señalaron a esta Agencia que el derecho a la seguridad social es integral, es decir, que no se puede afiliar a una persona solamente a la ARL desconociendo la afiliación a salud y pensiones. Y no se explican como lo hizo Rappi con el gran número de repartidores afiliados.
El nuevo fallo de tutela revive el debate sobre las condiciones laborales y de seguridad social de más de 12.000 Rappitenderos. Esta vez, uno de ellos, Yunny Tovar tuvo suerte. Los gastos de su grave accidente los pagó el Estado colombiano y los propietarios de vehículos. A su vez Rappi sigue creciendo y registra importantes inyecciones de capital y crecimiento.
