Hace dos semanas falleció el interno Eduardo Antonio Bula Correa. Privado de la libertad en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá, no pudo superar el Covid-19.
Bula Correa, cumplía su pena en prisión con normalidad, hasta que el 21 de julio la prueba ratificó que tenía coronavirus. El virus fue letal y el 3 de agosto murió en un hospital al sur de Bogotá.
A su caso antecedieron otras muertes en el penal más importante del país. Suerte similar corrió Humberto Rodríguez Gualteros. El 20 de julio le hicieron la prueba de Covid-19 que se confirmó positiva cuatro días después.
Su contagio llamó particular atención porque, según registros oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el virus fue atendido tardíamente. En concreto, se hizo la prueba, al día siguiente falleció y el resultado positivo del test fue entregado tres días después de su muerte, es decir, el 24 de julio.
En el mes de julio, otros casos tuvieron denominador común. Tres internos diagnosticados con Covid-19 fallecieron en medio de la incertidumbre de sus familias, pruebas retrasadas y un tratamiento que pudo contribuir a acelerar los decesos en el difícil entorno penitenciario.
Las víctimas fueron los internos, Remigio Mendoza Gordillo quien falleció en un hospital el 13 de julio. Le efectuaron la prueba un día antes y un día después de su fallecimiento le fue entregado el resultado.
A Mendoza se suma el contagio de Marco Tulio Carreño Torres. Un recluso que fue remitido al hospital San Blas, ubicado al sur de Bogotá. Allí, el 14 de julio, hizo el test para coronavirus. También falleció al día siguiente, pero su prueba positiva de Covid-19 se conoció 24 horas después de su deceso.
El listado de muertes por coronavirus en ese penal en menos de un mes, lo completó Ramón Laureano Rodríguez Cruz. Sus familiares conocieron que el 11 de julio se hizo la prueba de Covid-19. Cinco días después recibió el resultado positivo y el 18 de julio, dos días después, falleció en un centro asistencial al sur de Bogotá.
En medio de la difícil situación derivada de la pandemia, que en el país se acerca al medio millón de contagiados y superó las 15.000 muertes, la población carcelaria aumenta en contagios y muertes con deficiencias en la atención de los internos.
El espejo de esta situación se sigue viviendo en el principal penal del país, la cárcel La Picota. Allí, según registros oficiales la pandemia tiene actualmente 889 casos. Una cifra alarmante si se tiene en cuenta que este penal con capacidad para 6.002 internos, alberga a 8.135 personas privadas de la libertad, de los cuales 6.563 son condenados y 1.565 sindicados. Un hacinamiento del 35.5%.
En cada patio se vive el drama del Covid-19. Por ejemplo, por citar algunos casos, en el pabellón siete, hay 631 contagiados de coronavirus. Con condiciones mínimas de salubridad o inexistentes en algunos casos, el riesgo de crecimiento de la pandemia es evidente.
En el Pabellón de Alta Seguridad, PAS, la situación tampoco es la mejor. En este lugar, en medio de peligrosos delincuentes, miembros de grupos armados ilegales, grupos organizados, el virus hace lo suyo con 107 contagiados.
En otros 13 patios del penal, 151 privados de la libertad buscan ganarle la partida al virus. A ellos se suman los asintomáticos y un grupo reducido que ha tenido el privilegio de ser transportado a hospitales cercanos.
Pero el virus no solamente ataca a los internos. En las últimas semanas varios guardias se han contagiado y de paso a miembros de sus familias.
Internos y familiares, desde que se declaró la emergencia sanitaria por cuenta del gobierno nacional en marzo, vienen denunciando lo que sucede en el interior de los penales, principalmente en La Picota.
Representantes de derechos humanos de los patios Ere 1 y Ere 2, advirtieron en un documento conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que las medidas tomadas desde la dirección del penal en cabeza del coronel Wilmer José Valencia y que van en contravía de la prohibición general de traslados, han generado que el virus se propague sin control.
Describieron varios casos en los que sin medidas de seguridad y sin realización de pruebas de Covid-19 se trasladaron internos entre patios. En el mes de marzo, al interno Luis Caicedo Morales fue cambiado de patio argumentando “graves problemas de convivencia”.
Aunque las personas privadas de la libertad en el patio receptor Ere-2 intentaron oponerse al traslado argumentando la orden que hizo pública la ministra de Justicia, Margarita Cabello de prohibir los traslados, un sargento de la guardia les hizo una advertencia.
Según el documento, el funcionario les dijo que la orden se cumplía o llamaría a la fuerza disponible del Inpec, es decir, a las malas. Ante la amenaza, los internos accedieron. Le solicitaron a Caicedo permanecer aislado, y usar tapabocas. Del distanciamiento no pronunciaron palabra, pues, resultaba un absurdo hacer tal petición en una cárcel donde el hacinamiento es superior al 35%.
Sin embargo, catorce días después volvieron a trasladar a ese interno. Del patio Ere-1 pasó al Eron y de allí nuevamente al patio dos. Aunque la prueba de Covid-19 salió negativa, es uno de los ejemplos que enumeran los representantes de derechos humanos de cómo se desconocen las normas mínimas de seguridad.
Lo mismo realizaron con otros reclusos. Entre esos, Elkin Esneider Silva quien fue trasladado de un pabellón de mínima al Ere-1, esto cuando el número de casos en el penal se acercaba a los mil y de estos veinticinco pertenecían al patio de mínima seguridad. Uno de los firmantes de aquel documento es el exfiscal Rodrigo Aldana, privado de la libertad.
Pero la pandemia no solo ha golpeado a la penitenciaria La Picota. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a la fecha se han presentado 9.427 contagios, de los cuáles 583 corresponde a personal del cuerpo de custodia y vigilancia, 50 a funcionarios del área administrativa, 156 a auxiliares del cuerpo de custodia y 8.638 a la población privada de la libertad.
La pandemia en el sistema carcelario no cesa. Familiares de los internos y guardias exigen al Inpec, al ministerio de Justicia y al gobierno medidas de choque, por un virus que crece y agrava la situación de los privados de la libertad que ya no solo deben purgar su condena sino enfrentar al Covid-19.
