Gobierno Petro prepara nueva reforma tributaria tras decisión de la Corte que suspendió decreto de emergencia

La reciente suspensión del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional modificó de forma sustancial el panorama fiscal del Gobierno nacional.

La medida judicial dejó sin efecto inmediato uno de los principales mecanismos que el Ejecutivo pretendía utilizar para garantizar el financiamiento del Presupuesto General de la Nación aprobado para 2025, obligando ahora a buscar alternativas a través del trámite legislativo ordinario.

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional han reconocido que, sin el respaldo legal del estado de excepción, el Gobierno enfrenta un desfase relevante entre el monto de ingresos disponibles y los compromisos de gasto ya autorizados por el Congreso.

Según cálculos iniciales, la brecha asciende a aproximadamente 16 billones de pesos. Esta diferencia pone en riesgo la continuidad de diversos programas sociales, iniciativas sectoriales y obligaciones de funcionamiento e inversión de las entidades públicas.

El viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Varón Pazos, confirmó en declaraciones públicas que, ante la imposibilidad de ejecutar las medidas tributarias contempladas en el marco de la emergencia, el Ejecutivo considera como opción prioritaria presentar un nuevo proyecto de ley de financiamiento o una reforma tributaria estructural.

El funcionario enfatizó que la declaratoria de emergencia no respondió a una intención política aislada, sino que fue producto del agotamiento de los instrumentos fiscales disponibles bajo la normatividad ordinaria.

La Corte Constitucional aún no ha adoptado una decisión de fondo sobre la validez del decreto que sustentaba la emergencia económica, pero la suspensión provisional dictada a través de una medida cautelar generó un efecto inmediato: la imposibilidad de ejecutar las medidas fiscales previstas por el Ejecutivo sin el trámite correspondiente en el Congreso.

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En consecuencia, se plantea una nueva etapa de debate fiscal, esta vez bajo el procedimiento legislativo ordinario.
Entre las herramientas que ahora se contemplan se encuentra el proyecto de una nueva reforma tributaria, que recoja varios de los componentes que el Gobierno pretendía implementar a través del decreto de emergencia.

Según fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda, estos incluyen modificaciones al impuesto al patrimonio, ajustes en los tributos al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, y cambios en los gravámenes aplicables al sector financiero y minero-energético.

También se evaluarían nuevas estrategias para reducir la evasión y elusión fiscal, así como simplificar procedimientos administrativos para mejorar la eficiencia del sistema tributario.

En paralelo, el Ejecutivo ha admitido que podría acudir nuevamente al endeudamiento como alternativa transitoria para cerrar la brecha fiscal.

El ministro Germán Ávila señaló que, si la situación lo exige, el Gobierno estaría dispuesto a realizar nuevas emisiones de Títulos de Tesorería (TES) para financiar parcialmente el presupuesto de 2025.

No obstante, tanto el ministro como otros voceros del equipo económico han subrayado que esta opción genera presiones adicionales sobre el déficit y la sostenibilidad de la deuda pública, por lo cual no constituye la vía preferida del Gobierno.

En términos generales, el Gobierno busca evitar un ajuste automático del gasto, el cual sería exigido por la normativa vigente en ausencia de ingresos suficientes para respaldar el presupuesto aprobado.

Dicho ajuste representaría un recorte cercano al 10 % del total del Presupuesto General, con efectos significativos sobre los sectores de educación, salud, infraestructura, subsidios sociales y funcionamiento del Estado.

Antes de la suspensión del decreto, el Ministerio de Hacienda había estimado que las medidas fiscales adoptadas bajo la emergencia permitirían un recaudo adicional del orden de los 12 billones de pesos.

Esta proyección se construía a partir de un conjunto de disposiciones tributarias, ajustes administrativos y reconfiguración de exenciones, cuyo objetivo era ampliar la base gravable y aumentar la capacidad de recaudo sin recurrir a incrementos generalizados de tarifas.

La suspensión temporal de estos instrumentos obligó al Gobierno a redefinir su estrategia de corto plazo para mantener el equilibrio fiscal.

La coyuntura actual reabre el debate sobre el modelo de financiación del Estado en medio de un entorno económico caracterizado por desaceleración del crecimiento, presiones inflacionarias moderadas y tensión en el mercado laboral.

A su vez, plantea un desafío político complejo para el presidente Gustavo Petro, que deberá concertar con las bancadas del Congreso una hoja de ruta que permita garantizar la ejecución presupuestal sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

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