Registraduría Nacional avaló el comité promotor de la Asamblea Constituyente y habilitó recolección de firmas

La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió este 31 de enero la Resolución 1117 de 2026, mediante la cual certificó que el comité promotor de la iniciativa ciudadana para convocar una Asamblea Nacional Constituyente cumple con los requisitos establecidos por la legislación electoral colombiana.

Con esta decisión, la entidad habilitó formalmente el inicio del proceso de recolección de firmas a nivel nacional.

El acto administrativo fue precedido por una verificación del cumplimiento de las condiciones requeridas por la Ley 134 de 1994 y demás disposiciones aplicables.

La aprobación del comité, que cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, da vía libre a la primera etapa de un mecanismo de participación popular que pretende abrir un debate nacional sobre eventuales reformas estructurales al ordenamiento constitucional vigente.

Uno de los integrantes visibles del proceso es el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien ha acompañado públicamente al grupo promotor.

En declaraciones entregadas tras conocerse la decisión de la Registraduría, Sanguino señaló que la activación de este mecanismo representa una expresión ciudadana frente a lo que calificó como un "bloqueo institucional" y manifestó que esta convocatoria busca generar un espacio legal y democrático para discutir transformaciones aplazadas o prometidas por el texto constitucional.

La normatividad colombiana establece que, una vez certificado el comité, sus integrantes disponen de un plazo de seis meses para recolectar las firmas necesarias.

El umbral mínimo exigido corresponde al 5 % del censo electoral nacional. De acuerdo con estimaciones preliminares, este porcentaje equivale a aproximadamente 2.050.000 apoyos válidos.

Las firmas deberán ser presentadas a la misma Registraduría, que evaluará su validez mediante los procedimientos técnicos de revisión documental y grafológica.

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Si bien la exigencia legal establece un piso mínimo, voceros del comité han anticipado que su meta supera con creces esa cifra.

Según han señalado, esperan recolectar cerca de diez millones de firmas, lo que buscaría otorgar mayor legitimidad política a la propuesta de convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente.

El inicio del proceso ocurre en medio de un contexto nacional marcado por tensiones institucionales, críticas a la ejecución legislativa de reformas impulsadas por el Ejecutivo, y una creciente discusión sobre los límites del marco constitucional adoptado en 1991.

Algunos sectores han manifestado preocupación por los efectos jurídicos y políticos que una eventual constituyente podría tener sobre el equilibrio de poderes y la estructura institucional del país.

El procedimiento para activar una Asamblea Nacional Constituyente implica, luego de la validación del número de apoyos, la revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional del proyecto de convocatoria.

En caso de obtener concepto favorable, el Congreso deberá expedir una ley que determine el alcance, los temas, el mecanismo de elección de los constituyentes y la duración de las sesiones.

Finalmente, la instalación de dicha asamblea está condicionada a la aprobación de su convocatoria mediante votación popular.

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