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Corte Constitucional tumbó cinco decretos del estado de conmoción interior en el Catatumbo
La Corte dejó sin efecto decretos claves del Gobierno en el Catatumbo y solo mantuvo algunos, entre ellos el de control operacional militar.

La Corte Constitucional declaró inexequibles cinco decretos emitidos por el Gobierno nacional en el marco del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, al encontrar vicios formales en su expedición y falta de cumplimiento de requisitos constitucionales. Solo tres decretos fueron declarados exequibles y seguirán vigentes.
Uno de los decretos tumbados es el Decreto Legislativo 132 de 2025, con el cual el Gobierno pretendía regular el suministro y distribución de combustibles en la región. Según el Alto Tribunal, la norma presentó fallas formales en su trámite, lo que motivó su nulidad.
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También fue anulado el decreto que permitía a entidades públicas y organismos humanitarios hacer uso del espectro radioeléctrico, así como el que buscaba establecer medidas de protección integral para personas y comunidades afectadas por violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de grupos armados ilegales.
Asimismo, la Corte reiteró su posición frente a los Decretos 136 y 107 de 2025, previamente declarados inexequibles por intentar usar recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) sin cumplir los lineamientos constitucionales. Uno de estos decretos fue tumbado por no contar con la firma de todos los ministros del gabinete, un requisito obligatorio para este tipo de normas.
No obstante, la Corte Constitucional mantendrá vigente el Decreto Legislativo 118 de 2025, que autoriza un esquema excepcional de control operacional unificado de la Fuerza Pública. Con esta norma, el presidente de la República podrá designar un comandante militar que, bajo su dirección y a través del ministerio de Defensa, coordine directamente las operaciones militares y policiales en las zonas más afectadas.
También sigue vigente el decreto que obliga a las empresas privadas a permitir el trabajo en casa para empleados cuyas funciones lo permitan, como medida transitoria de protección ante el aumento de hechos violentos, amenazas y desplazamientos forzados en la región del Catatumbo.
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