Corte Suprema envía a juicio a Armando Benedetti por presunto tráfico de influencias en caso Fondade

La Corte Suprema de Justicia envió a juicio al recién nombrado jefe de Despacho presidencial, Armando Benedetti, por su presunta participación en el escándalo de corrupción del caso Fondade. 

La decisión, tomada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, se conoce en medio de un clima político tenso tras el controvertido Consejo de Ministros en el que el presidente Gustavo Petro oficializó su regreso al Gobierno.

Benedetti, exsenador y actual funcionario del Ejecutivo, enfrenta cargos por el delito de tráfico de influencias. La ponencia original de la magistrada Cristina Lombana lo acusaba también de interés indebido en la celebración de contratos; sin embargo, este último cargo no fue aprobado por mayoría, lo que llevó a que el magistrado César Reyes preparara una contrapropuesta para su discusión.

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Las acusaciones contra Benedetti

Los hechos por los cuales la Corte Suprema decidió enviar a juicio a Benedetti ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando era congresista del partido de la U. Según la denuncia presentada por el abogado Jaime Lombana, el entonces senador habría influido en la asignación de recursos mediante los llamados cupos indicativos, favoreciendo a ciertas regiones y empresas a través del Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE).

Las investigaciones indican que Benedetti también habría intentado beneficiar a la Sociedad Cameral de Certificación Digital mediante la adjudicación de contratos. Este caso guarda similitudes con el reciente escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aunque con diferencias en los mecanismos empleados.

Por el caso Fondade, ya fueron condenados los exsenadores Bernardo 'Ñoño' Elías y Musa Besaile, ambos señalados por actos de corrupción relacionados con el escándalo de Odebrecht y el llamado "cartel de la toga".

Ante estas acusaciones, Benedetti ha mantenido su postura de inocencia y ha recusado a la magistrada Cristina Lombana, alegando que tiene un sesgo en su contra y que existe una persecución personal. Sin embargo, con la reciente decisión de la Corte Suprema, el proceso judicial contra el funcionario avanza a una nueva etapa, donde se definirán sus responsabilidades.

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