Gobierno propone ampliar Justicia y Paz a bandas criminales y reincidentes de antiguos procesos

El ministerio de Justicia tiene listo el borrador de un proyecto de ley que presentará al Congreso en los próximos días con el objetivo de fortalecer la política de paz total del Gobierno en la recta final de su mandato. 

La iniciativa propone una reforma al sistema de Justicia y Paz, permitiendo su aplicación a miembros de bandas criminales organizadas, reincidentes de procesos anteriores y terceros vinculados con grupos armados ilegales.

El proyecto abriría la puerta a que reincidentes o excluidos de acuerdos de paz previos, como integrantes de las disidencias de las Farc o del Clan del Golfo, puedan acogerse al nuevo sistema. También podrían hacerlo terceros civiles que hayan colaborado con estas estructuras armadas y agentes del Estado que hayan participado con ellas. Una vez individualizados por la Fiscalía, estas personas tendrían 20 días para manifestar su intención de someterse.

Las condiciones de ingreso al sistema incluyen la desmovilización, entrega de bienes y armas, liberación de menores reclutados y el compromiso de contribuir a la verdad judicial. Según el borrador, los postulados podrán conservar hasta el 12% de los bienes que entreguen de forma individual.

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En cuanto a las penas, se establecen sanciones diferenciadas: de cinco a ocho años para dirigentes de los grupos criminales y responsables de crímenes de guerra. De dos a cinco años para integrantes sin capacidad de decisión. Y la posibilidad de terminación anticipada de la pena para quienes solo estén vinculados por delitos de pertenencia, como concierto para delinquir o rebelión.

El proyecto también contempla beneficios para quienes ya están detenidos: quienes lleven más de cinco años presos al momento de entrar en vigencia la ley podrían solicitar libertad condicional. 

Los que tengan menos tiempo podrían ser trasladados a pabellones especiales en zonas de reubicación temporal o “regiones de paz”. Además, sería posible solicitar libertad condicional tras cumplir dos quintas partes de la pena.

Finalmente, el borrador establece que, tras cumplir su condena y mantener el compromiso de no reincidir, los beneficiarios del sistema podrán recuperar sus derechos políticos, administrativos, económicos y sociales. Esta reforma, de ser aprobada, marcaría un giro significativo en los mecanismos de sometimiento a la justicia para actores armados al margen de la ley.

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