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CNE alistaría sanciones contra la campaña de Gustavo Petro por violación de topes electorales
La ponencia definitiva pide sancionar a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y a otros exdirectivos de la campaña presidencial de 2022.

La campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 afronta un momento decisivo. En los próximos días, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) radicarán ante la sala plena la ponencia definitiva que concluye que hubo violación de topes electorales y financiación prohibida, y que recomienda sancionar a varios directivos de la contienda que llevó al hoy presidente al poder.
Entre los señalados se encuentra Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol; la tesorera, Lucy Aydeé Mogollón; y la auditora, María Lucy Soto. La propuesta también contempla sanciones contra los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica, que avalaron la candidatura de Petro.
De acuerdo con el expediente revelado por Semana, la campaña habría excedido los topes en cerca de 3.000 millones de pesos: 2.500 millones en primera vuelta y 500 millones en segunda. Esta cifra, aunque menor a la planteada en 2024 (5.355 millones), fue respaldada con pruebas documentales y testimoniales que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada consideraron suficientes para ratificar la responsabilidad administrativa de los investigados.
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El caso también incluyó cuestionamientos sobre el uso de un avión vinculado a la empresa de criptomonedas Daily Cop y el pago del Movistar Arena la noche de la victoria electoral, aunque no todos los cargos pudieron comprobarse con certeza. Aun así, la ponencia recomienda que los sancionados devuelvan al Estado más de 3.500 millones de pesos y que se estudie la posibilidad de remitir copias a la Fiscalía contra Ricardo Roa.
Cabe recordar que, según un fallo de la Corte Constitucional, el presidente Petro no puede ser investigado directamente por el CNE, aunque sí lo son sus directivos de campaña. La decisión final estará en manos de la sala plena, integrada por ocho magistrados habilitados para votar.
Esta es la primera vez en la historia política del país que una investigación por violación de topes de campaña de un presidente en ejercicio llega a esta instancia, lo que convierte al proceso en un hito con profundas repercusiones jurídicas y políticas.
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