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Consulta popular 2.0: acusan al MinSalud de extralimitación de funciones

Jaramillo radicó la nueva consulta popular durante la ausencia del presidente Petro, desatando un intenso debate jurídico.

Guillermo Alfonso Jaramill 12 diciembre
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 20/05/2025 - 18:24 Créditos: Cuenta X @MinSaludCol

La radicación del nuevo texto de la consulta popular, que ya es llamada 2.0, por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha desatado una fuerte polémica jurídica y política. El hecho ocurrió mientras el presidente Gustavo Petro se encontraba en visitas oficiales a China y Roma, situación que ha generado dudas sobre la legalidad del procedimiento.

El debate se centra en si Jaramillo, como encargado temporal de funciones presidenciales mediante el decreto 0506 de 2025, tenía la facultad para iniciar un mecanismo de participación ciudadana como la consulta popular. 

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Según la Ley 134 de 1994 y el artículo 104 de la Constitución, este proceso debe ser convocado directamente por el presidente y con la firma de todos los ministros.

Diversos actores políticos han cuestionado la legitimidad de la radicación. El exministro del Interior, Daniel Palacios, calificó el acto como “ilegal” y advirtió que Jaramillo podría haber incurrido en abuso de función pública o incluso prevaricato. En la misma línea, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, anunció acciones legales, alegando que el decreto no incluía la facultad constitucional para promover este tipo de consultas.

A la controversia se sumó el exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, quien señaló que no solo es cuestionable la autoría del acto, sino también el contenido de la consulta. Según explicó, volver a presentar preguntas ya rechazadas por el Senado en un intento anterior puede vulnerar el procedimiento democrático.

Pinilla enfatizó que un ministro encargado no puede asumir decisiones con implicaciones tan profundas como una consulta popular, al carecer de la legitimidad que otorga el mandato directo del electorado. La situación plantea un nuevo desafío para el Gobierno y abre la puerta a un posible debate jurídico en los altos tribunales del país.

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