Departamento de Prosperidad Social, DPS: Contraloría evidencia millonarios convenios refundidos por $2.5 billones

En el marco de una Auditoría de Cumplimiento a Prosperidad Social, realizada por la Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector de Inclusión Social, se tomó una muestra de 889 convenios interadministrativos relacionados con los proyectos para la implementación de obras para la prosperidad a nivel nacional y el fortalecimiento para el desarrollo de la infraestructura social.

La entidad únicamente entregó a la CGR información completa de 25 lo que representa el 2,31% de la selección total. Esta situación limitó significativamente la labor de la Contraloría en la revisión de recursos por un valor superior a los $2.4 billones.

En la muestra se seleccionaron convenios celebrados desde el año 2011 en adelante, que estaban vigentes o se liquidaron entre las vigencias 2020 y el primer semestre del 2024, sin embargo, Prosperidad Social solo aportó los documentos que actualmente reposan en la entidad, y no fue posible obtener información requerida para su análisis, ya que, según manifestó el DPS, dicha documentación no se encontraba en sus archivos y expedientes contractuales; y únicamente pudieron entregar lo que efectivamente obraba en sus archivos.

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En consecuencia, no fue posible auditar el 83% de los convenios interadministrativos, ni la contratación derivada de los mismos, un hecho sin precedentes en la historia reciente del control Fiscal.

La contraloría no concluye que los proyectos no se hayan terminado, o los recursos no auditados no se hayan invertido adecuadamente hasta tanto no se disponga de la información que permita realizar el ejercicio de control fiscal, por lo tanto, hasta la fecha este informe se liberó bajo el concepto de limitación en el alcance abstención de conclusión.

El Órgano de control resalta que producto de la advertencia de febrero del año 2024 algunos convenios derivados del proyecto se encuentran en la estrategia compromiso Colombia, para lograr su culminación; y otras contrataciones derivadas de estos convenios interadministrativos que vienen de la vigencia 2011 ya cursan procesos de responsabilidad fiscal.

Principales hallazgos de los recursos

La auditoría se centró en la revisión de contratos ejecutados en el Programa “Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad”, específicamente en los proyectos para la implementación de obras e infraestructura social y evaluó la gestión fiscal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social correspondiente al periodo comprendido entre los años 2020 y el primer semestre de 2024.

La Contraloría evidenció deficiencias en los procesos de seguimiento y control a los convenios y contratos, relacionadas con el pago de mayores cantidades de obra, calidad de las obras, obras inconclusas, asignación de interventorías y retrasos en la ejecución de las mismas.

No obstante, pese a la falta de información la Contraloría identificó 11 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de $12.682 millones.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la ejecución de un contrato para la adecuación del mercado público del municipio de Fundación - Magdalena, obra que culminó en septiembre de 2021, sin embargo, se encuentra abandonada y en evidente deterioro debido a que no se ha logrado reubicar a los vendedores, lo que configura un detrimento patrimonial por $5.116 millones.

En el mismo sentido, el contrato para la construcción de la plaza de mercado del municipio de Coyaima – Tolima, tuvo un avance de obra del 51.38 % lo que generó un detrimento por $2.754 millones, valor que corresponde a los pagos realizados por Prosperidad Social al Ente Territorial, sin que la obra cumpla con su funcionalidad por cuanto no está terminada.

Por su parte, en San Andrés de Sotavento - Córdoba se evidenció el pago de obras por concepto de mejoramiento de viviendas que no cumplieron los requisitos para ser recibidas a satisfacción por parte de la interventoría, pero que habían sido canceladas al contratista, generándose un daño al patrimonio por $1.116 millones.

La CGR ha evidenciado como una práctica deficiente de controles en el DPS el desarrollo de los convenios interadministrativos con los entes territoriales, sin definir obligaciones condicionantes para desembolsos, como por ejemplo el cargue de los expedientes en las plataformas públicas, toda vez que la transferencia de los recursos a los entes territoriales no los hace perder la condición de gestor fiscal.

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