Gobierno Petro acelera endeudamiento: polémica por TES de $23 billones y alerta por deuda de $152 billones en 2026

El Ministerio de Hacienda de Colombia formalizó, a través del Decreto 1478 del 30 de diciembre de 2025, la autorización para emitir Títulos de Tesorería (TES) Clase B por un monto total de $152 billones durante la vigencia fiscal de 2026.

La medida, que contempla una de las cifras más altas de endeudamiento emitidas por el país en un solo año, está dirigida a financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación y a cubrir operaciones de tesorería.

La decisión se tomó en un escenario económico donde distintos sectores han advertido sobre la necesidad de controlar el déficit fiscal y contener el crecimiento de la deuda pública.

Del total aprobado, $85,25 billones serán destinados a cubrir apropiaciones presupuestales.

Se trata de deuda estructural que respalda gastos ya contemplados en el presupuesto, es decir, rubros que no tienen fuente distinta de financiación que el endeudamiento.

Esta proporción de TES busca garantizar el flujo de recursos necesarios para la ejecución de los planes del Ejecutivo durante el año fiscal.

El restante, $67 billones, estará orientado a operaciones temporales de tesorería, utilizadas por la administración central para atender requerimientos transitorios de caja.

Los TES correspondientes a operaciones de tesorería tendrán vencimientos que oscilan entre 30 días y un año. Podrán ser emitidos de nuevo si su redención se produce antes del vencimiento general del cupo autorizado.

El decreto establece que dicha rotación no podrá superar el tope fijado, lo cual permite mantener cierto control sobre el volumen global de títulos circulantes sin eliminar la flexibilidad necesaria para gestionar la liquidez del Estado en el corto plazo.

La normativa también especifica que los títulos podrán emitirse en pesos colombianos, dólares estadounidenses o Unidades de Valor Real (UVR).

Las denominaciones mínimas serán de $500.000 para TES en moneda local, con incrementos de $100.000; US$1.000 para TES en dólares, ampliables en múltiplos de US$100; y 10.000 UVR para TES indexados, con múltiplos de 1.000 UVR.

Este diseño mantiene la arquitectura habitual del mercado de deuda soberana en Colombia y permite diversificar el perfil de inversionistas y compradores institucionales.

El Gobierno incluyó la posibilidad de incorporar cláusulas de recompra anticipada en los TES Clase B, lo cual abre una vía para modificar las fechas de vencimiento o gestionar presiones de refinanciamiento.

Según el decreto, la rentabilidad de los títulos deberá ubicarse dentro de las tasas observadas en el mercado, criterio que será definido por la Junta Directiva del Banco de la República, autoridad monetaria del país.

Esta disposición busca evitar que las emisiones se desalineen de las condiciones prevalecientes en el sistema financiero nacional.

Las colocaciones podrán realizarse mediante diversos canales, entre ellos subastas en el mercado público de valores, colocaciones directas, ventas privadas y ofertas por demanda directa de inversionistas.

También se permitirá entregar TES como forma de pago en cumplimiento de sentencias judiciales, conciliaciones o reconocimientos en bonos pensionales.

Con ello, se habilita una estrategia de emisión amplia que busca garantizar el cumplimiento de compromisos del Estado sin necesidad de recurrir a desembolsos adicionales.

El decreto incluye un apartado sobre bonos temáticos, como los verdes, sociales, sostenibles o azules. En este tipo de títulos, el emisor deberá reportar a los inversionistas los gastos que respalden el uso de los recursos recaudados, reforzando así los principios de trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas asociados a las finanzas sostenibles.

Estas prácticas se alinean con estándares internacionales y buscan ampliar la participación de actores institucionales interesados en inversiones con impacto ambiental o social.

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La disposición reglamentaria contempla, además, la posibilidad de que parte del cupo aprobado para 2026 pueda ejecutarse en 2027, siempre que se destine a financiar reservas presupuestales derivadas del Presupuesto General de la Nación de la vigencia anterior.

No obstante, la norma deja claro que el límite temporal de la autorización de endeudamiento es el 31 de diciembre de 2027.

A partir de esa fecha, cualquier parte del cupo no utilizada perderá validez, lo cual impide la acumulación indefinida de autorizaciones pendientes de ejecución.

Finalmente, el decreto establece que la administración de los TES Clase B podrá estar a cargo del propio Ministerio de Hacienda, del Banco de la República o de entidades fiduciarias autorizadas.

La custodia de los títulos deberá realizarse en depósitos centralizados de valores, en línea con las prácticas del mercado financiero colombiano.

La autorización de esta emisión por $152 billones constituye una señal clara del camino que seguirá el Gobierno en materia de financiación durante 2026.

El Ejecutivo opta por una estrategia que combina deuda estructural con instrumentos rotativos de corto plazo, confiando en el mercado local de deuda como principal fuente de recursos.

Semanas antes de la reciente autorización de deuda por $152 billones para 2026, el Gobierno Nacional protagonizó otra operación de endeudamiento que generó un agudo debate público y tensiones en los mercados financieros.

A mediados de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda efectuó una colocación directa de títulos de deuda TES por $23 billones a un solo inversionista extranjero.

La transacción se anunció como un mecanismo para adelantar el financiamiento de necesidades del año fiscal entrante, pero la forma y el costo de la operación motivaron cuestionamientos sobre su impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas y la transparencia en la gestión de la deuda.

Expertos y actores del mercado expresaron su inquietud por las condiciones pactadas.

Según informes, la colocación se concretó con tasas de interés que promediaron alrededor de 13,15 %, cifras altas en comparación con rendimientos de títulos similares en el mercado abierto.

Esta diferencia elevó las preocupaciones respecto al costo que el país asumiría en términos de servicio de deuda en los próximos años.

Algunos analistas plantearon que una prima sustancial habría sido pagada para atraer al único comprador, lo cual, de confirmarse, equivaldría a una pérdida de valor para las finanzas estatales.

La falta de información detallada sobre la identidad del inversionista y las condiciones específicas de la negociación amplió las críticas.

Voceros de gremios económicos y analistas señalaron que el hecho de que la operación se realizara fuera de los mecanismos habituales de subastas abiertas generaba dudas sobre la equidad de la transacción y el uso de recursos públicos.

La confidencialidad invocada por el Ministerio de Hacienda, defendida por razones de negociación, fue leída por algunos sectores como un obstáculo para la evaluación rigurosa de la operación.

Figuras reconocidas del ámbito económico en Colombia calificaron la emisión como una señal de alerta sobre la situación fiscal.

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) describió la jornada en que se ejecutó la operación como un “día negro para las cuentas públicas”, al asociar la emisión de deuda a tasas elevadas con una programación fiscal deficiente y escasa liquidez de la Tesorería.

Para estos críticos, recurrir a endeudamiento costoso antes de que las tasas de interés del mercado subieran aún más reflejaba una presión creciente sobre las finanzas del Estado.

Economistas de instituciones financieras señalaron que tasas de alrededor de 13 % para instrumentos a largo plazo, con vencimientos entre 2029 y 2040, implican un encarecimiento de la deuda y pueden presionar las cargas financieras futuras.

Estudios de mercado señalaron que, en un contexto de elevada volatilidad y dudas sobre la estrategia de endeudamiento, la confianza de los inversores podría verse afectada si las operaciones de colocación se perciben como poco transparentes o desfavorables para los tenedores de títulos.

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