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Piden suspensión de Alfredo Saade por presunta extralimitación en crisis de pasaportes
La queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría acusa al jefe del despacho presidencial de asumir funciones que corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La crisis por la transición en la expedición de pasaportes en Colombia sigue generando tensiones. Esta vez, una queja disciplinaria fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación contra Alfredo Saade Vergel, actual jefe del Despacho Presidencial, por presunta extralimitación de funciones durante su participación en el proceso de cambio de operador.
El abogado Leinder Molina Miranda pidió al Ministerio Público que se investigue formalmente a Saade y que se decrete su suspensión provisional del cargo. Según el documento, el funcionario habría asumido un rol operativo y decisorio sin tener competencia legal, interfiriendo en responsabilidades propias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre las acciones cuestionadas están su supuesta intervención directa en la articulación del contrato con el Gobierno de Portugal y su vocería sobre la participación de la Imprenta Nacional como nuevo operador, pese a que el convenio aún no está firmado.
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La queja también acusa a Saade de haber impartido instrucciones operativas a funcionarios de la Cancillería, alterar el ritmo de asignación de citas para pasaportes, y solicitar información financiera a la UIAF sobre personas relacionadas con el proceso, sin facultades legales para hacerlo.
El abogado solicitante pidió que estos hechos se acumulen a la investigación preliminar que ya abrió la Procuraduría contra Saade y los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo. Se advierte además que las conductas podrían constituir faltas gravísimas a título de dolo por usurpación de funciones, intervención indebida en la contratación estatal, uso de información inexacta y afectación a la autonomía de órganos constitucionales.
La Cancillería, por su parte, ha reiterado que la Imprenta Nacional aún no cuenta con la capacidad técnica para asumir la producción de pasaportes, y que el operador actual solo tiene garantizado el servicio hasta el 31 de agosto. El futuro de este trámite esencial sigue siendo incierto a menos de dos meses de que venza el contrato vigente.
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